El argumento de Junts para exigir inmigración: «Tenemos el 23% de los extranjeros del Estado»
Los responsables de la formación saben que hay un nicho de votantes que pueden captar con políticas antiinmigración
Ilustración de Alejandra Svriz.
Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, ha logrado el compromiso del Gobierno central de ceder a Cataluña las competencias de inmigración. Con el acuerdo, el partido soberanista se ha convertido en ganador de la puja previa a la votación de decretos que tuvo lugar el miércoles.
El éxito, sobre todo mediático, ha envalentonado a los independentistas, que sin duda seguirán reclamando más medidas específicas para el territorio. Los nuevos privilegios serán a cambio de mantener a Pedro Sánchez en el poder, aunque la mayoría, tras lo visto ahora, tendrán difícil legal.
La abstención de los diputados de Junts ha supuesto la futura cesión ,»integral», de las competencias de inmigración. Pese a que lo escrito en papel se puede modificar, el logro es clave en muchos aspectos para los intereses de la formación. La inmigración se ha convertido para el partido de la derecha nacionalista catalana en un asunto vital. Saben que las políticas duras frente a los extranjeros con delitos y, sobre todo, los multirreincidentes se traduce en votos.
Extranjeros multirreincidentes
Para reforzar su tesis, algunas de las caras visibles del partido llevan meses lanzando mensajes y aportando datos para dejar patente que los extranjeros -«no todos»- son un problema para Cataluña. La posición antiinmigración, sobre todo a nivel local, tiene su público en la comunidad. Partidos claramente xenófobos y nacionalistas como Plataforma per Catalunya, Front Nacional de Catalunya, Aliança Catalana y Som Identitaris, han tenido cierto o tienen protagonismo en el municipalismo catalán.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha apoyado a los alcaldes soberanistas que han defendido la expulsión de los inmigrantes reincidentes. «Este es un país de derechos y deberes», aseguró tras ser preguntado sobre si era partidario de expulsar extranjeros con delitos. Mientras, este jueves, tras la supuesta concesión del Gobierno de las políticas de inmigración, aseguró que la aspiración de su partido es que Cataluña pueda expulsar inmigrantes reincidentes.
Por su parte, Miriam Nogueras, tiraba de la estadística en noviembre -durante la investidura de Sánchez- para asegurar que «en Cataluña se concentra el 23% de la población inmigrante de todo el Estado«. Aprovechaba la portavoz para insistir en que Cataluña no puede tener las mismas competencias en esta materia que comunidades que apenas tiene un 0,6% de inmigración.
Las demandas actuales de los nacionalistas ya fueron expuestas en varias ocasiones por el líder de Junts, Carles Puigdemont. En septiembre de año pasado, aseguraba que Cataluña tiene la tasa de inmigración más alta de toda la Península, «el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla».
Los números de la inmigración
La población extranjera que reside en Cataluña era de 1.271.810 personas en 1 enero de 2022, según datos de Idescat. Esto representa el 16,3% de la población catalana. Mientras, la población extranjera en todo España suma 5,5 millones de ciudadanos. El porcentaje ofrecido por Nogueras coincide con la estadística.
Otros datos, los que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que el 30% de los empadronados en Barcelona no habían nacido en España. El porcentaje cae al 18,4% en el caso de Tarragona. Mientas, en Madrid registra un 15,6% y la media española es del 11,7%.
Traspaso bajo lupa
El acuerdo entre Junts y el PSOE para delegar a Cataluña las competencias en materia migratoria ha suscitado dudas acerca de su constitucionalidad. La Constitución señala expresamente que se trata de una materia exclusiva del Estado. Pese a todo, los expertos consultados por Europa Press han señalado un resquicio técnico que podría hacerlo posible a la espera de lo que en su día fijara el Tribunal Constitucional (TC).
El pacto, que permitió salvar dos decretos-ley clave para el Gobierno, contempla «la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española, a través de una ley orgánica específica para Cataluña», así como de los «recursos necesarios», todo ello con el objetivo de que la comunidad autónoma pueda «hacer una política integral».
Los expertos señalan como punto de partida el artículo 149 de la Constitución, que enuncia las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva, incluyendo entre ellas «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo«. Sin embargo, apuntan a un segundo precepto, el mismo que reclama Junts, el 150.2, según el cual «el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».
