El abogado de un fallecido en la base de Cerro Muriano pide imputar al general y ocho oficiales
La defensa del soldado Carlos León recurre para que la causa siga en la vía civil
La defensa del soldado Carlos León, uno de los dos fallecidos el pasado 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano (Córdoba), ha presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para que la causa siga en la vía civil y no en el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla.
En el escrito, se amplía el número de peticiones de investigación, alcanzando al general de brigada al mando de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X , Ignacio Olazábal Elorz, así como a otros ocho oficiales de la cadena de mando: dos coroneles —el que aprobó las maniobras y el que estaba al mando aquel día, que fue otro—; el teniente coronel, el comandante, el capitán que dio la orden de realizar la prueba en el lago, así como dos tenientes y el sargento que le acompañaban en el momento del fatídico vadeo.
Romero plantea la necesidad de seguir en la vía de la justicia civil porque son «unos hechos delictivos no tipificados en el Código Penal Militar, sino que únicamente son tipificados en el Código Penal común, al tratarse de un delito de homicidio doloso eventual, en comisión por omisión, al menos indiciariamente».
El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla dictó un auto el 19 de enero incoando sumario e imputando únicamente, por tales hechos, al capitán de la compañía de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X a la que pertenecían los militares fallecidos, y también «a uno de los tenientes y uno de los sargentos, por un presunto delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio».
Así lo dio a conocer el propio abogado Romero, quien explicó que la imputación de los dos oficiales y el suboficial se debía a que «las medidas de seguridad no cumplieron su función ese día y porque no había en este caso una línea de vida», cuando los militares fallecieron ahogados al atravesar un lago, durante un ejercicio.
A ello se sumó, según precisó el letrado de la acusación, el que las mochilas que portaban los militares y «que debían servir de flotador, no estaban debidamente estandarizadas y tenían un sobrepeso, muchas de ellas de tres kilos y medio, por lo tanto no eran aptas, entre otros motivos», para usarse en dicho ejercicio, opinando Romero que, de esta forma, «se le ha dado la razón» por parte del Juzgado Togado Militar.
La ampliación de la denuncia alcanza al general Olazábal, quien cesará en el cargo el próximo domingo, al cumplir el tiempo reglamentario en servicio, para pasar a la reserva. Ha sido el máximo responsable de la brigada desde que en 2020 dio el relevo al entonces jefe de la misma, José Aroldo Lázaro, quien dirige en la actualidad a los cascos azules de la ONU en el Líbano.