Interior lleva seis meses frenando la reparación de las patrulleras de la Guardia Civil en Cádiz
Los errores, rectificaciones y aplazamientos han impedido resolver el contrato de mantenimiento que se licitó en agosto
Las patrulleras de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal en el Estrecho siguen averiadas una semanas después de la tragedia de Barbate (Cádiz) y su reparación peligra por los reiterados retrasos en la adjudicación del contrato que permitiría hacerlas operativas. Seis meses después de la licitación del pliego para el mantenimiento de los cascos y de los elementos metálicos de los buques y embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SMGC), las rectificaciones, las ampliaciones y errores han sido protagonistas.
La resolución del contrato, valorado en siete millones de euros y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, no se prevé inminente. Así, la apertura de las ofertas económicas se producirá el 12 de marzo y a partir de ahí será necesario analizarlas y designar el adjudicatario. Eso en el mejor de los casos y si no se producen reclamaciones.
Esta trascendental adjudicación debería haberse producido a finales del año pasado, ya que la vigencia del anterior contrato de mantenimiento era hasta 2023. La empresa elegida en aquella ocasión fue la ferrolana Gauzon Ibérica. El pasado 29 de agosto se produjo el anuncio de este contrato. Sin embargo, el 25 de enero, cuando ya debería haberse resuelto, se amplió el plazo de presentación de oferta. El motivo fue que no se publicó en el BOE, algo imprescindible en estas tramitaciones. Finalmente, cinco días después, rectificó el anuncio de licitación y este jueves -día 15- fue publicado en el BOE.
Embarcaciones de la Guardia Civil
Según recoge el pliego, el objeto del contrato es la realización de un servicio que posibilite el mantenimiento general durante la varada del casco y elementos metálicos de la embarcación que están en contacto cotidiano con el mar y el ambiente marino. Este mantenimiento incluye la revisión, la limpieza de obra viva y de obra muerta y el pintado de las patrulleras del SMGC.
El expediente se ha dividido en lotes geográficos —zona Norte, Levante, Sur y Canarias–. La zona Sur incluye los buques de los Servicios Marítimos de Huelva, Cádiz, Ceuta, Algeciras, Málaga, Granada, Almería y Murcia y al Grupo Marítimo del Estrecho.
Patrulleras en reparación
La lista de averías que afecta a las seis patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz es de tal calibre que, tras los sucesos de Barbate de la semana pasada, esta unidad de vigilancia, encargada de velar por una extensión costera de más de 120 millas náuticas, sigue sin poder operar en el litoral gaditano. Un escenario que no se resolverá a corto plazo, según señalan las fuentes del Instituto Armado consultadas por THE OBJECTIVE. Pueden ser días, meses o incluso años los que se tarden en volver a tener operativa la flota. Todo depende del tipo de daño que presente cada embarcación, aseguran estas fuentes.
Problemas de refrigerante, en los motores o por desperfectos tras haber colisionado con narcolanchas son algunos de los inconvenientes que han provocado que estén varadas. La Río Agueda, por ejemplo, está averiada desde principios de este mes, después de que fuese embestida por una goma en la desembocadura del Río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, durante una persecución. Un operativo en el que resultó muerto el piloto de la lancha, amigo de El Cabra, y que justificaría, según la investigación, que este último hubiese embestido mortalmente a los agentes fallecidos por un ajuste de cuentas.
Retrasos en los nuevos barcos
Además del elevado número de embarcaciones en reparación y el caos del contrato de mantenimiento de las patrulleras, Interior mantiene abiertos dos procesos de contratación para la adquisición de patrulleras de alta velocidad. Sin embargo, una de las licitaciones tuvo que ser suspendida temporalmente en enero por un error en los pliegos. Eso ha supuesto un retraso de tres semanas en el plazo para la presentación de ofertas. El contrato para la compra de tres barcas para luchar contra los narcos está valorado en 7,5 millones. El plazo de ejecución es de 26 meses.
El plazo límite para presentar ofertas estaba previsto para el 20 de febrero, pero finalmente se cerrará el 11 de marzo después de que la Dirección General de la Guardia Civil, que depende de Interior, emitiera el pasado 19 de enero una resolución para suspender el proceso por una modificación en los pliegos. El texto al que ha accedido THE OBJECTIVE especifica la necesidad de hacerlo tras detectarse la ausencia de los anexos en los pliegos que rigen el contrato.
La muerte de los agentes en Barbate destapó la falta de medios para hacer frente a este tipo de delincuentes. Un extremo que reconoce la memoria justificativa del contrato. «El Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispone actualmente de una flota de embarcaciones medias de alta velocidad muy envejecida. La tercera parte de la flota se encuentra en torno a los 20 años de antigüedad, superándolos incluso en algunos casos», señala la memoria.