La misión imposible contra el narco: el 40% de los agentes 'dimite' cada año por hartazgo
El acoso de las mafias, la falta de medios y las malas condiciones hacen que los agentes no se arraiguen en el Estrecho
La Guardia Civil escoltando a un detenido por narcotráfico. | Agencias
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tiene un serio problema al que hacer frente en el Campo de Gibraltar. La tragedia en el recinto portuario de Barbate con el asesinato de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha ha puesto la puntilla a la situación de desamparo institucional que padecen los agentes desde hace años.
El principal obstáculo, en cualquier caso, no solo es la falta de medios, como se ha constatado en la última semana. También lo son el acoso que sufren tanto ellos como sus familias por parte de las mafias de la droga o tener que hacer frente a jornadas de 12 horas, insuficientemente remuneradas y en las que son constantes las lesiones físicas y las agresiones. Un ‘cóctel’ perfecto que, como consecuencia, ha provocado que la mayoría de los agentes quieran marcharse de las unidades antidroga.
Trabajar en la Línea de la Concepción, Algeciras o Tarifa se ha convertido en un auténtico martirio para muchos policías y guardias civiles. Prueba de ello es que, según revelan fuentes policiales alrededor del 40% de los agentes que trabajan en el Campo de Gibraltar —unos 300 funcionarios— piden cambiar a un destino menos conflictivo cada año. Un hartazgo que también queda patente en todas las vacantes que quedan sin cubrir en cada concurso de traslados. Un escenario que convierte a la lucha contra el narcotráfico en, prácticamente, una ‘misión imposible’.
Servicio marítimo
En el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz la situación es crítica. Tal como reveló este periódico, esta unidad, especialista en vigilancia e intervenciones contra el narco, no contaba con ninguna embarcación disponible cuando se produjo el arrollamiento mortal contra los guardias civiles porque toda la flota estaba averiada. Lo que, según han denunciado las asociaciones profesionales, «llevó directamente a la muerte a los agentes, cuando se lanzaron al mar a bordo de una zódiac que apenas tuvo opciones antes las embestidas de la narcolancha».
La lista de averías que afecta a las seis patrulleras del Servicio Marítimo es de tal calibre que, una semana después de los sucesos de Barbate, esta unidad de vigilancia, encargada de velar por una extensión costera de más de 120 millas náuticas, sigue sin poder operar en el litoral gaditano. Un déficit que no se resolverá a corto plazo, según señalan las fuentes del Instituto Armado. Pueden ser días, meses o incluso años los que se tarden en volver a tener operativas las embarcaciones. Todo depende del tipo de daño que presente cada embarcación, aseguran estas fuentes.
Uso limitado
Problemas de refrigerante, en los motores o por desperfectos tras haber colisionado con narcolanchas son algunos de los inconvenientes que han provocado que estén varadas. La Río Agueda, por ejemplo, está averiada desde principios de este mes, después de que fuese embestida por una goma en la desembocadura del Río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, durante una persecución. Un operativo en el que resultó muerto el piloto de la lancha, amigo de El Cabra, y que justificaría, según la investigación, que este último hubiese embestido mortalmente a los agentes fallecidos por un ajuste de cuentas.
«El problema es que las embarcaciones son muy antiguas y tienen continuas averías y reparaciones. Además, las de última dotación generan mucho gasto —por el coste del gasoil— a la administración y está limitado el uso de las mismas», denuncian desde la Asociación de Cabos de la Guardia Civil. En cualquier caso, Interior también está teniendo problemas a la hora de adjudicar los contratos de reparación. Errores, rectificaciones y aplazamientos han impedido resolver los que licitó en el mes de agosto, es decir, hace seis meses, según publicó este periódico.
Plazas vacantes
Por otro lado, está el problema humano. «Es el resultado de las malas condiciones de trabajo», resume un guardia civil. «Tenemos constante lesiones en la espalda y en las rodillas por los saltos producidos por la embarcación en los seguimientos a las narcolanchas; deficiencia y falta de material y personal, así como un riesgo extremo por lidiar con las mafias». «Todo eso sumado a los horarios de 12 horas de servicio y la falta de reconocimiento económico, ha provocado que se hayan ido 13 compañeros del Servicio Marítimo y, solo se hayan cubierto tres vacantes», añade.
La falta de personal, cuenta este funcionario, es además otro aliciente para que los compañeros no decidan mantenerse en esta especialidad. Es la pescadilla que se muerde la cola. Tener un equipo consolidado es, al final, lo que marca la diferencia a la hora de enfrentarse al compendio de delitos que brotan en el Campo de Gibraltar. Por este motivo, asociaciones y sindicatos policiales reclaman desde hace años declarar esta región Zona de Especial Singularidad (ZES), una figura que lleva aparejada pluses económicos y que ya existe en otras comunidades como País Vasco o Navarra. Interior dice que la estudia desde hace tres años.
