El PP cambia el paso con las leyes 'trans': corrige en Madrid y se opone en el País Vasco
Los populares ya no ven convenientes las regulaciones impulsadas en Madrid, Cataluña o País Vasco
Paloma Martín, Ester Muñoz, Ana Alós y Noelia Núñez, junto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. | PP
Giro de 180 grados en el Partido Popular con respecto a las leyes trans autonómicas. Si bien el PP fue hace años instigador y/o colaborador necesario para que estas normas se implantasen a nivel autonómico, de un tiempo a esta parte los populares parecen haberse dado cuenta de los problemas que acarrean. Isabel Díaz Ayuso modificó la conocida como ley Cifuentes -aprobada por la oposición con su abstención- el pasado mes de noviembre, este jueves el PP Vasco votó en contra de la ley trans vasca y las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE apuntan a que también su opondrán a la nueva ley trans catalana.
Este cambio de rumbo fue adelantado por Alberto Núñez Feijóo en la campaña electoral del 23-J, con el objetivo de acercarse al colectivo feminista, cuando el presidente popular propuso sustituir la norma impulsada por Irene Montero para eliminar de la legislación el concepto de la «autodeterminación de género».
Los resultados no permitieron al dirigente gallego llevar a término su propuesta, pero este cambio de postura del PP se ha evidenciado en algunas regiones. La pionera en este sentido fue la Comunidad de Madrid, que modificó la ley trans autonómica para el regocijo de las feministas clásicas, que aplaudieron, entre otras cosas, «la clara defensa de las categorías deportivas femeninas, la eliminación de todo el régimen sancionador, la supresión de la terminología acientífica o las correcciones respecto de los contenidos educativos» por parte de Ayuso.
Esta misma semana, el PP se posicionaba junto a Vox en contra de la nueva ley trans vasca, actualizada para asemejarse a la nacional. La parlamentaria Laura Garrido aseveró en la Cámara Vasca que los populares están a favor de reforzar los derechos de las personas, darles una atención integral y luchar contra su discriminación, pero en contra de una norma que «trae mayor inseguridad jurídica y confusión».
Un argumentario que podrían hacer extensible a su rechazo al anteproyecto de ley trans que ya tiene listo y publicado la Generalitat de Cataluña, y que lleva la «autodeterminación de género» a unos límites jamás contemplados en este país. La norma que articula la Conselleria de Igualdad contempla una tercera casilla en el «sexo» de los documentos administrativos –«no binario»-, permite que el cambio de sexo sea reconocido de facto por la mera palabra dada, sin que tenga que pasar siquiera por el Registro Civil ni contar con DNI que lo acredite, y prolonga estos nuevos derechos hasta los niños de 12 años, que podrán acudir a un mediador si su decisión no es compartida por sus padres o por sus tutores legales.
Regiones pendientes
En España hay 13 regiones que cuentan con una ley LGTBI de no discriminación, y seis con una ley trans autonómica: Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja y País Vasco. De estas, cuatro están gobernadas por el Partido Popular (dos de ellas, en coalición con Vox). Por lo pronto, la región aragonesa es la única que ha expresado -a través del pacto programático entre populares y conservadores- su intención de modificarla.
La Comunidad Valenciana también se lo está planteando. Las feministas, tal y como adelantó este diario, están empujando a Carlos Mazón a seguir los pasos de Isabel Díaz Ayuso y «revisar también nuestras leyes autonómicas para que, manteniendo la protección requerida, se eviten sus efectos perniciosos».
El Partido Popular se está homologando a Europa en este cambio de rumbo. Y es que todos los países de la UE pioneros en la legislación que contempla la medicación con bloqueadores de la pubertad y el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, tales como Finlandia, Suecia, Australia y Reino Unido, ya han rectificado y dado marcha atrás al percibir las consecuencias perniciosas que esta tenía.
Y es que cada vez son más las personas que se arrepienten de la transición y denuncian una atención médica «inadecuada» y leyes que «facilitan» este cambio en una etapa que se caracterizan por el descubrimiento, entre otras cuestiones, de su sexualidad. En España ya han empezado a surgir los primeros casos, como el de Susana, que precisamente cambió de sexo en Galicia, región gobernada por el PP.
