Así es la nueva 'ley trans' catalana: un tercer sexo y mediador para los niños de 12 años

El anteproyecto de ley trans que ya tiene listo y publicado la Generalitat de Cataluña ha suscitado una enorme polémica, por cuanto lleva la «autodeterminación de género» a unos límites jamás contemplados en este país. La norma que articula la Conselleria de Igualdad contempla una tercera casilla en el «sexo» de los documentos administrativos –«no binario»-, permite que el cambio de sexo sea reconocido de facto por la mera palabra dada, sin que tenga que pasar siquiera por el Registro Civil ni contar con DNI que lo acredite, y prolonga estos nuevos derechos hasta los niños de 12 años, que podrán acudir a un mediador si su decisión no es compartida por sus padres o por sus tutores legales.

El proyecto de la consellera Tània Verge riza el rizo y lleva más allá la «autodeterminación de género» tal y como la contempla la ley nacional, que entró en vigor en marzo del año pasado. Esta es extendida ahora al ámbito de la salud, con tratamientos hormonales, de fertilidad, etc., y a la educación, blindado la «protección de la diversidad en la identidad de género» en escuelas y universidades. En lo social, el Govern apuesta por otorgar la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas trans menores de 23 años y mayores de 18 que hayan sido víctimas de «cualquier tipo de violencia o de discriminación».

En cuanto a las competencias de la Generalitat en materia deportiva, el anteproyecto indica que las personas trans competirán en las mismas condiciones de acuerdo con la identidad de género manifestada. Es decir, con el sexo al que digan pertenecer, sin necesidad de no sólo haberse sometido a tratamiento, sino que ni tan siquiera tendrán que pasar por el Registro Civil.

Un tercer sexo

Una de las cuestiones más controvertidas del anteproyecto es que introducirá en los documentos de la administración una tercera casilla correspondiente al sexo «no binario», junto a las de hombre y mujer. Asimismo, se establecerá una «comunicación de identidad de género» para acceder a los bienes y servicios de las administraciones, a pesar de que no se haya realizado el cambio registral.

La nueva ley trans catalana contará, además, con un régimen sancionador, que aún está en fase de información pública. El Govern quiere así marcarse un tanto con las personas trans en la recta final de la legislatura, teniendo en cuenta que estas se han disparado un 7.652% en la región en una década, tal y como contó THE OBJECTIVE, acreditando la teoría del contagio social, que cada día gana más adeptos.

Se da así la paradoja de que mientras los países de Europa que impulsaron las leyes trans reculan al darse cuenta de los efectos perniciosos que han tenido en la salud de los menores y en la seguridad jurídica de las mujeres, del mismo modo que reculan comunidades españoles como la Comunidad de Madrid, Cataluña quiere rizar el rizo e ir un paso más en la «autodeterminación de género».

Feministas critican la ley

Esto, obviamente, no ha gustado a las feministas radicales aglutinadas en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que consideran que «el anteproyecto sobrepasa todo limite legal llegando a contravenir incluso la ya excesiva ley trans estatal al permitir que cualquier hombre deba ser reconocido como mujer por su mera palabra, sin que tenga ni tan siquiera que pasar por el Registro Civil para certificar legalmente su cambio, ni contar con un DNI que acredite, aun sin causa justificada, un cambio del sexo registral a mujer».

Sobre la incorporación de una tercera casilla («no binario») en los documentos administrativos para la identificación del «sexo», arguyen que esta categoría «impide la aplicación de todas las normas jurídicas que separan por sexos para proteger a las mujeres o para compensar la desigualdad que sufren por el hecho de ser mujeres». Además, «confunde, intencionadamente, categorías que son incomparables como son sexo y género». 

«El género no es un apunte registral legalmente establecido, pero su incorporación a registros administrativos está dinamitando la veracidad de los datos registrales», abundan las feministas clásicas, que alertan de cómo con esta norma «se pretende diluir por completo el sexo como categoría jurídica hasta hacerlo desaparecer», y hablan ya de «negacionismo de la desigualdad entre los sexos».