El Supremo censura a Navarra por decir que el traspaso de Tráfico no afecta a la Guardia Civil
El Ejecutivo de Chivite alegó ante el TS que no había un perjuicio porque la competencia siempre había sido navarra
La presidenta de Navarra, María Chivite. | TO
El traspaso de la competencia de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra tendrá que esperar. El Tribunal Supremo anuló el lunes el Real Decreto por el que en marzo de 2023 el Gobierno acordó ceder el control de la citada materia, que ostenta la Guardia Civil, al Ejecutivo autonómico. Tras estimar el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil), los magistrados concluyeron que no cabía emplear esa figura de traspaso para atribuir la competencia puesto que Navarra no la incluía previamente en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) ni estaba amparada en su derecho histórico. En otras palabras, no se podía ceder una materia que la comunidad autónoma no había tenido nunca sobre papel.
De modo que, señaló el Alto Tribunal, la única vía para que Navarra asuma esas competencias es o «bien reformando la Lorafna —equivalente a un estatuto de autonomía— o bien, mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución, que establece que «el Estado solo podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Una solución que en cualquier caso dilatará el proceso durante meses o años aunque el Parlamento navarro le de la máxima prioridad, advierten fuentes regionales.
«Es contradictorio»
En otro orden de cosas, en la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados censuraron los argumentos esgrimidos por la Comunidad Foral de Navarra contra el recurso de Jucil. El Gobierno de María Chivite negó a esta asociación profesional tener legitimación activa para presentar el recurso ante el TS porque «el traspaso litigioso», a su juicio, «no afectaba a los guardias civiles ya que las funciones que se traspasaban siempre las había desempeñado la Policía Foral».
Una alegación que los jueces tachan de «contradictoria». «Si esto es así no se entiende la razón del traspaso y, además, quebraría la premisa de la que parte la Abogacía del Estado (…) Hay que entender que la Policía Foral solo tenía al tiempo de promulgarse la Lorafna unas funciones subordinadas a la Guardia Civil y no a la inversa», apuntalan.
De hecho, insiste el TS, «paradójicamente, la mejor defensa de la legitimación activa de Jucil la hace la propia Comunidad Foral de Navarra». «Para negársela sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas ‘en otros destinos geográficos’, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra».
Lo que para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es, en ambos casos, un claro perjuicio para los agentes y avala el recurso de Jucil. «Es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial», zanjan los magistrados. El Ejecutivo navarro diseñó la denominada «pasarela» para que los agentes pudiesen moverse a la policía autonómica. Un año después de la firma del acuerdo, sin embargo, los 200 agentes siguen sin saber nada de esta fórmula.
Satisfacción en Jucil
Tras el varapalo a los ejecutivos autonómico y central, Jucil ha mostrado su satisfacción por la decisión del TS. «Tuvimos que recurrir a la Justicia ante el desatino con el que se había llevado a cabo un intento de traspaso de competencias que pretendía saltarse todas las normativas que establece la legislación. No es lógico que el propio Gobierno se salte las normas», ha afirmado el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño.
A juicio de esta organización de guardias civiles, la sentencia también la avala la problemática en la que viven sumidas 200 familias cuyo futuro aún está pendiente de resolverse. «Han jugado con la vida de compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, pero también con la de sus familias, porque se trata de personas que residen en esta comunidad, muchos incluso son nacidos en ella y, ahora también lo reconoce la sentencia del Supremo, se les imponía la voluntad de unirse a la Policía Foral, si esto era posible, o verse expulsados de Navarra».
