Illa dio prioridad al proveedor de Ábalos pese a vender las mascarillas seis veces más caras
Soluciones de Gestión fue incluida por el exministro de Sanidad en un megacontrato de 2.579 millones
El ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante la pandemia. | Europa Press
El exministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó a finales de 2020 un megacontrato para el suministro de mascarillas valorado en 2.579 millones. Al pliego de ese acuerdo marco, dividido en numerosos lotes, optó Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas de la mano del gigante Ferrovial Servicios. La UTE que conformaron resultó entre las seleccionadas en dos lotes. Y adelantó a un buen número de sus competidoras en el listado de empresas seleccionadas, pese a que sus precios eran de los más elevados.
Sus mascarillas, según ha constatado THE OBJECTIVE, eran seis veces más caras que las de otros aspirantes. De ese macrocontrato, a día de hoy, es imposible saber exactamente cuánto dinero se repartió y en qué manos acabó. Fuentes de la antigua Ferrovial Servicios aseguran que, a pesar de haber resultado entre las empresas seleccionadas por Sanidad, finalmente no resultó adjudicataria de ningún contrato del acuerdo marco.
A pesar de ello, según el expediente, Sanidad dio un puesto alto a las mascarillas FPP2 de la UTE de la que formaba parte junto a Soluciones de Gestión, la empresa aragonesa en la que se centra el caso Koldo. El Ministerio dio por bueno que las Comunidades Autónomas tuvieran que pagar las mascarillas a un precio de 1,13 euros la unidad. Otras empresas, que recibieron una puntuación inferior en la licitación, ofrecían el mismo tipo de cubrebocas a un precio de 0,41 euros por cada mascarilla, según consta en el catálogo del lote ocho, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El megacontrato de Illa acabó siendo un fiasco. Empresas del sector estiman que apenas se ejecutaron un 6% de los 2.500 millones aprobados. El contrato intentaba acabar con las adjudicaciones de material sanitario a dedo, así como regularizar y centralizar las compras de los gobiernos autonómicos. El acuerdo marco, en principio estrictamente regulado y transparente, fue el instrumento elegido.
En ese momento, nueve meses después del inicio de la pandemia, prácticamente todos los organismos y administraciones ya estaban abastecidos de mascarillas tras las cuestionables primeras adjudicaciones a dedo a proveedores como Soluciones de Gestión, la empresa zaragozana gracias a la cual Koldo García -exasesor personal de José Luis Ábalos– se habría embolsado 1,5 millones de euros en comisiones ilegales, según la Fiscalía.
Proveedores de Ábalos
Como reveló este diario, los retrasos en el suministro de gran parte del material comprado a dedo al inicio de la pandemia contribuyeron al fracaso del megacontrato de Illa, del que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) nunca ha dado detalles sobre los contratos exactos ni las cantidades que acabaron percibiendo cada una de las empresas adjudicatarias, entre las que se encuentra Soluciones de Gestión.
Esta última es una de las empresas investigadas por el presunto cobro de mordidas derivado de la adjudicación de contratos millonarios de mascarillas. En el centro del supuesto entramado se sitúa Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos mientras estuvo al frente del Ministerio de Transportes, y pieza clave en el caso que instruye la Audiencia Nacional y que implica a 20 investigados, entre los que se incluyen empresarios y familiares vinculados al exasesor de Ábalos.
García ha sido uno de los detenidos -posteriormente puesto en libertad- por el presunto cobro de comisiones en los contratos por importe de casi 54 millones de euros adjudicados por ministerios y gobiernos autonómicos controlados por el PSOE. Según la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, García disparó su patrimonio durante las adjudicaciones de la covid y tuvo un papel relevante en los contratos a Soluciones de Gestión.
Los contratos de Illa
Para poner orden en los contratos, Sanidad optó por un acuerdo marco, una fórmula muy abierta a la participación, que consiste en establecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en ese convenio marco. Soluciones Gestión, una pyme aragonesa sin actividad antes de la pandemia, acudió junto al gigante Ferrovial Servicios, habitual adjudicatario de contratos y subvenciones públicas para el mantenimiento en empresas dependientes del Ministerio de Transportes como Adif .
Según los detalles de megacontrato impulsado por Illa, a los que ha accedido THE OBJECTIVE, la UTE optó a los suministros de los lotes 8 y 9. Soluciones de Gestión-Ferrovial superaron el primer filtro del lote 8, previsto para el suministro de mascarillas de protección (eficacia de filtración equivalente a FFP2). En el camino quedaron 55 compañías que por distintas razones fueron excluidas de la licitación. Tras esa primera criba solo quedaron 30 y la UTE vinculada a la trama Koldo, que fue situada en segundo lugar, solo por detrás de la empresa Iturri, un proveedor de mascarillas con peso en el mercado online. Soluciones de Gestión dio un precio de adjudicación de 1,13 euros, cuando la mayoría de sus competidores bajaron de un euro.
Fiasco del acuerdo marco de Sanidad
Soluciones de Gestión fue constituida en el año 2017 y gracias a los contratos de suministro realizados por las administraciones públicas de los que fue adjudicataria, pasó de la total inactividad en los años 2018 y 2019 a obtener importantes ingresos. En el año 2020, la facturación de esta compañía se disparó hasta superar los 53 millones. En el ejercicio 2021 -en el que también tuvo adjudicaciones- su benefició cayó hasta los 845.670 euros.
Una demanda contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) apunta a que el propio Ministerio de Sanidad podría haber boicoteado el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros que puso en marcha para centralizar las compras de material sanitario contra la covid-19 y evitar las adjudicaciones a dedo entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021. El mecanismo acabó siendo un fracaso.
Apenas se licitaron un 6% de los fondos previstos para ese megacontrato público, según la demanda, debido en parte a que muchas comunidades autónomas siguieron recibiendo sin cesar, durante todo el periodo en que estuvo vigente el Acuerdo Marco, mascarillas que el Ingesa habría adquirido al inicio de la pandemia mediante contratos de emergencia -sin publicidad ni licitación previa- para dotar al Fondo Estratégico de Emergencia.
Demandas judiciales
Una demanda de la empresa Kaelis, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha recaído en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional y ya ha sido contestada por la Abogacía del Estado en representación del Ingesa, según informan fuentes jurídicas. El Ingesa niega los hechos denunciados. Sin embargo, el demandante dice haber aportado documentos que acreditan que las comunidades autónomas han informado a Kaelis de que no les interesaba convocar licitaciones bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad porque no había escasez de mascarillas en aquellos momentos.
El propio Ingesa pudo perjudicar el millonario acuerdo marco. Mientras estuvo en marcha ese mecanismo público para el suministro centralizado y regularizado de material sanitario, el Ingesa toleró que misteriosas empresas radicadas en China entregaran, con meses e incluso más de un año de retraso, decenas de millones de mascarillas que ese organismo había adjudicado a dedo durante el estallido de la pandemia a un precio muy superior al que marcaba el propio Ingesa como valor máximo unitario de mercado cuando el material sanitario llegó a España, tal y como adelantó este diario.
Mascarillas covid más caras
Un ejemplo es el caso de HongKong Travis Asia Limited, que recibió algo más de 200 millones de euros como adjudicataria de dos de los 13 contratos -firmados el 28 de marzo y el 8 de abril de 2020- por los que hay tres exaltos cargos del Gobierno imputados (dos exdirectores generales de Sanidad y otra alto cargo del ministerio de Hacienda), investigados por presuntos delitos de malversación.
Según los expedientes de esos contratos, investigados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid a raíz de una querella interpuesta por Vox, las cerca de 58 millones de mascarillas pagadas por adelantado y en dólares a la firma china en abril de 2020, no terminaron de llegar e España hasta un año después. Los dos últimos lotes, compuestos por poco más de 240.000 mascarillas FFP3, fueron entregados en mayo de 2021. Uno de ellos acabó en Asturias y el otro, en Canarias. Dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
El Ingesa las pagó a 5,1 euros la unidad (IVA incluido), mientras el propio organismo de Sanidad establecía por quel entonces, en el Acuerdo Marco para las Comunidades Autónomas, un precio límite casi cinco veces inferior al que pagó por las mascarillas FFP3 de HongKong Travis Asia Limited. A esa y otras empresas se les pagó por adelantado. Por el contrario, a las sociedades que fueron admitidas para poder concursar desde finales de 2020 en las licitaciones públicas del Acuerdo Marco del Ingesa, como Kaelis, se les exigió cumplir con una serie de requisitos que se habían omitido en los contratos a dedo.
