Interior evitó que el escolta de Ábalos detenido volviese con él durante su etapa de diputado
La Dirección General rechazó la petición del agente en la época en la que la Fiscalía comenzó a investigar el ‘caso Koldo’
El ministro del Interior y Jose Luis Abalos. | EP
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska rechazó que el oficial de policía Ruben de Aldama, detenido en la operación Delorme de la Guardia Civil y hermano de uno de los principales investigados en el presunto caso de corrupción por los contratos de mascarillas, volviese al equipo de seguridad de José Luis Ábalos en su época como diputado en 2022. De Aldama solicitó a la Brigada Central de Escoltas, órgano dependiente de la Unidad Central de Protección de la Policía, su reincorporación como escolta del exministro tras regresar de Moscú, con el estallido de la guerra, donde había ocupado un puesto en comisión de servicios en la Embajada de España desde el año anterior.
En una comunicación interna, sin embargo, la Dirección General de la Policía informó directamente al solicitante de que la escolta del diputado socialista estaba completa y no cabía su incorporación, según revelan fuentes cercanas a las pesquisas del ‘caso Koldo’. Cabe destacar que el agente había formado parte del grupo de seguridad personal del exministro entre 2018 y 2021, y que este último había mediado previamente para que Interior enviase a De Aldama y a otro escolta a sendos puestos en la delegación diplomática, remunerados con 12.000 euros mensuales.
El regreso al país del agente, destinado ahora en el departamento de incidencias de la unidad de escoltas, sorprendió en la citada brigada, aseguran las fuentes consultadas por este periódico. En primer lugar porque el oficial solo había completado el destino parcialmente, es decir, durante uno de los dos años que estaban contemplados. Y en segundo, porque los puestos comisionados se mantuvieron en la Embajada de España pese al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Los contratos en pandemia
Estos hechos se enmarcan en la época en que la que la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar los contratos adjudicados por a Soluciones de Gestión SL, a partir de una denuncia por 13 contratos que presentó el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, y que ha dado lugar al presunto caso de corrupción que investiga la Audiencia Nacional en el que están implicados, entre otros, el asesor y hombre de confianza de Ábalos, Koldo García, y el hermano del agente, el empresario y presidente del Zamora F.C., Victor Gonzalo de Aldama, investigados por cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal.
Durante su etapa como escolta de José Luis Ábalos, Rubén de Aldama tejió una relación de confianza con el ayudante del ministro y posteriormente con este último que daría como resultado un acercamiento hacia su hermano, que en esa época, según relatan fuentes de las pesquisas, buscaba contactos en el Gobierno para llevar a cabo negocios. El detonante de esa amistad que duraría varios años se fraguó, tal como reveló este periódico, gracias a una comida, organizada por los De Almada, en un restaurante de la capital madrileña.
El encuentro tuvo lugar a finales de 2018 en un establecimiento hostelero, el Welow Restaurant, situado en la zona financiera de Madrid, en concreto en una de las cinco torres, y cuyo propietario era, precisamente, Víctor de Aldama. A partir de este punto, los cuatro forjaron una relación de confianza y negocios Tanto es así que el titular de Transportes celebró su 60 cumpleaños en el citado restaurante, en diciembre de 2019, en compañía de Koldo y del empresario madrileño.
Investigación
La investigación de la Fiscalía ha revelado que la trama a la que se vincula Koldo García se hizo con ocho contratos públicos por un valor de 53 millones. Además de Transportes e Interior, habría conseguido adjudicaciones de los gobiernos regionales de Baleares y Canarias. Anticorrupción calcula que Soluciones de Gestión pudo obtener unos beneficios cercanos al 32%, en torno a unos 10 millones de euros, tras descontar el pago que hizo a dos suministradores de mascarillas y a las compañías que hicieron su traslado a España.
Una rentabilidad que fue repartida entre el asesor de Ábalos, su mujer y su hermano, Patricia Uriz y Joseba García; los empresarios Victor de Aldama, Iñigo Rotaetxe y Juan Carlos Cueto, vinculados a la empresa adjudicataria de las mascarillas, y Jose Luis Rodríguez, un mando de la Guardia Civil en Transportes, en segunda actividad, que la trama empleó para blanquear una parte las mordidas a través de una empresa de minería, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL.
Blanqueo en Brasil
En cualquier caso, la organización criminal que integraban estos últimos también hizo lo mismo con una empresa en Brasil, Suro Capital Brasil Participacoes Ltda, y con la compra de bienes inmobiliarios y suelo rústico en la provincia de Alicante, según refleja la querella del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso este diario.
Los investigados fueron citados este jueves para declarar en la Audiencia Nacional. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Quedaron en libertad después de que la Fiscalía rehusara solicitar prisión provisional al considerar que no existe riesgo de fuga, de alteración de pruebas ni de reiteración delictiva. A la mayoría se les impuso medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas.
