El Supremo rechazó investigar a Ábalos en 2021 por los contratos a Soluciones de Gestión
La Audiencia Nacional indaga ahora ocho contratos del Gobierno, Baleares y Canarias por valor de 53 millones de euros
Ilustración de Alejandra Svriz | .
Los contratos de la administración con la empresa Soluciones de Gestión, ahora investigada, ya estuvieron en el punto de mira de la justicia. Un año después de revelarse el caso, el Tribunal Supremo rechazó investigar en 2021 al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras la denuncia del abogado zaragozano Ramiro Grau, que acusó al dirigente socialista de varios delitos de corrupción en la compra de mascarillas. Tres años después, la Audiencia Nacional investiga ahora el entramado de mordidas a través de contratos públicos adjudicados por su departamento para la compra de material sanitario durante la pandemia.
La Fiscalía apunta a que un asesor de Ábalos, Koldo García, detenido y en libertad tras comparecer ante la Audiencia Nacional, era el responsable de mediar entre las instituciones públicas y Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas para conseguir que esta se hiciera con ocho adjudicaciones de venta de mascarillas por valor de 53 millones de euros. Durante ese tiempo, García logró un importante aumento patrimonial (los investigadores indican que 1,5 millones) que podría haber ocultado gracias a la ayuda de su familia.
Grau presentó la denuncia en noviembre de 2020, tras recopilar la información publicada en prensa. El Supremo tardó varios meses en pronunciarse. La resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE está fechada el 3 de marzo de 2021 y, aunque la Sala Segunda del alto tribunal se consideró competente por la condición de aforado de Ábalos, acabó inadmitiendo y archivando la causa por los mismos contratos a Soluciones de Gestión que ahora investiga el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.
Las adjudicaciones de Ábalos
La denuncia iba dirigida contra el ministro Ábalos «y otras personas relacionadas» con la adquisición de 15 millones de mascarillas realizada por dos entes autónomos adscritos al Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y Adif. El demandante acudió al Supremo en octubre de 2020, solo unos meses después de que el equipo dirigido por Álvaro Nieto, ahora director de THE OBJECTIVE, destapase el escándalo de la compra de mascarillas al inicio de la pandemia.
Grau aportó como prueba los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que tenía como objeto social la «intermediación del comercio de productos diversos». La sociedad estaba administrada por otra empresa que figuraba como deudor fallido de la Agencia Tributaria y «gestionada por un denunciado que aparece como directivo de 20 sociedades algunas situadas en paraísos fiscales».
El texto subraya que el fundamento de la denuncia contra Ábalos radicaba «en haber organizado un sistema para adquirir las mascarillas a través de una empresa que no se dedica al abastecimiento de material sanitario, realizándose la adjudicación a dedo, valiéndose de dos organismos sometidos a su autoridad y habiendo anticipado el abono del precio para la adquisición de las mascarillas, eludiendo los sistemas de control de la Ley de Contratos del Estado».
Los magistrados advirtieron de la aplicación de una normativa excepcional propia del Estado de alarma decretado. Durante la pandemia, con la necesidad de comprar material sanitario, se relajaron las medidas de control de las adjudicaciones, un elemento que no pasó inadvertido para el Supremo. La Sala de lo Penal argumentó su decisión de archivar la denuncia en que los numerosos delitos que exponía Grau contra Ábalos y su entorno debían haberse precisado más.
La decisión del Supremo
«Tal retahíla de delitos exige una precisión previa. La relación circunstanciada de hecho no permite rellenar la tipicidad de tantos tipos y artículos del Código Penal como el denunciante expresa. La denuncia formulada no permite sostener los tipos penales del cohecho, el tráfico de influencias, la realización de actividades prohibidas a los funcionarios y de corrupción en transacciones comerciales internacionales, al no figurar en la relación de hechos ninguna referencia a los tipos penales que designa».
Aún así, los magistrados del Supremo dejaron una puerta abierta para continuar el procedimiento al advertir que la inadmisión «no es obstáculo para que la imputación delictiva a la que se refiere la denuncia, por las adquisiciones fallidas o fraudulentas realizadas en el tiempo del Estado de alarma, puedan ser objeto de investigación ante órganos de la jurisdicción penal en el que dilucidar la acomodación a la legislación excepcional y urgente que regula esta contratación en tiempos de pandemia».
Los mismos contratos supusieron la detención de 20 personas el pasado martes tras una operación que llevó a cabo la Guardia Civil en la que se practicaron 26 registros y requerimientos. El asesor de Ábalos y otros tres detenidos fueron citados el jueves para declarar en la Audiencia Nacional. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad después de que la Fiscalía rehusara solicitar prisión provisional al considerar que no existe riesgo de fuga, de alteración de pruebas ni de reiteración delictiva.
La investigación sobre la posible trama de corrupción en la que estaría implicado Koldo García se originó con la denuncia por 13 contratos que presentó en 2022 el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid aportando los datos de las informaciones periodísticas y del posterior libro publicado por Nieto (Conexión Caracas-Moncloa). La Fiscalía Anticorrupción archivó la mayoría de los expedientes por ausencia de indicios, excepto los que apuntaban a Soluciones de Gestión, la empresa con sede en Zaragoza y solo cinco empleados que abasteció de mascarillas al departamento liderado por Ábalos.
Contratos bajo lupa
La Fiscalía Anticorrupción pone el foco en tres contratos. El primero fue adjudicado el 21 de marzo de 2020 por Puertos del Estado, ente público empresarial dependiente de Transportes en el que Koldo García ejercía entonces como vocal del Consejo Rector. El valor total superaba los 20 millones de euros. El segundo contrato, de 12,5 millones, fue otorgado el 27 de marzo de ese año por Adif, también vinculado al departamento que lideraba Ábalos. El tercero fue adjudicado el 20 de abril por la Secretaría de Estado de Seguridad, vinculado a Interior, y alcanzaba los 3,5 millones. En total, 36 millones adjudicados por el Gobierno de España y a los que hay que sumar tres contratos de Canarias (12 millones) y uno de Baleares (3,7 millones). De ahí que Soluciones de Gestión ingresara 53 millones de euros en 2020 gracias a la administración, cuando el año anterior no tuvo ningún ingreso.
La querella de la Fiscalía revela que los contratos investigados habrían partido del departamento que dirigía Ábalos. Anticorrupción incide en que el plazo de tiempo entre la publicación de las dos órdenes de Transportes, las adjudicaciones de Puertos del Estado y de Adif fue «prácticamente inexistente». Además, desvela que la publicación de la orden para la regulación de la adquisición y distribución del material sanitario se realizó «el mismo día que la adjudicación a Soluciones de Gestión de un contrato para cubrir esa necesidad».
Grau llegó a ampliar su denuncia inicial contra Ábalos incluyendo los contratos que suscribió por la vía de urgencia el Gobierno de Canarias, que por entonces presidía el socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial. Sin embargo, no incluyó el contrato de Interior ni los que realizó Francina Armengol cuando era presidenta de Baleares.
