El Gobierno concedió una ayuda de 12.000 euros a una empresa de la familia Puigdemont
La confitería de los hermanos del prófugo recibió un aval del ICO, gestionado por Calviño, en plena pandemia
Puigdemont en la constitución de la Asamblea Territorial del Consell de la República. | Glòria Sánchez (Europa Press)
El Gobierno de Pedro Sánchez concedió 12.000 euros a una empresa de los hermanos del prófugo Carles Puigdemont en plena pandemia. La mercantil registrada bajo el nombre de Pastisseria Puigdemont SL fue constituida en 2019 por Anna, la hermana del expresidente de la Generalitat, que se reunió con los CDR procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional, y su otro hermano, Francesc. THE OBJECTIVE ha podido saber que, tan solo un año y medio después de su creación, en septiembre de 2020, el ministerio de Nadia Calviño le concedió esta ayuda.
La sociedad Pastisseria Puigdemont SL fue creada el 7 de febrero de 2019, cinco meses después de que Anna Puigdemont se reuniera, en septiembre de 2018, en un coche en marcha con los miembros de los comités de defensa de la república (CDR) para mantener una conversación secreta con estos independentistas que estaban preparando acciones violentas para responder a la sentencia del Tribunal del Supremo sobre el procés.
Después de este encuentro monitorizado por los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, que investigaban la causa instruida en el Juzgado Central de Instrucción número 6, los hermanos de Puigdemont decidieron montar una empresa dedicada a la venta de pasteles.
La confitería de Puigdemont
En el establecimiento, los hermanos del expresident huido a Bélgica rinden pleitesía a Puigdemont y junto a su fotografía han colocado un libro de dedicatorias para que los clientes puedan dedicarle unas palabras al prófugo de la justicia ahora también investigado por terrorismo en el Tribunal Supremo. También, en un retrato con el rostro del líder de Junts está escrita la consigna «no rendirse».
Los hermanos de Puigdemont montaron esta mercantil con el objeto social de «comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimiento especializado». En el momento en el que que los familiares del expresident deciden embarcarse en este negocio, Puigdemont llevaba un año y medio en Waterloo y su hermana Anna, que es administradora solidaria junto a su otro hermano Francesc, era el nexo de unión entre los separatistas que lideraban las revueltas violentas en Cataluña y el líder independentista.
La Audiencia Nacional abrió una causa a los CDR por terrorismo en septiembre de 2019 y detuvo a casi una decena de los miembros. En ese momento, el establecimiento en el que los hermanos de Puigdemont homenajean al expresidente llevaba ya siete meses funcionando. Y, un año más tarde, en septiembre de 2020, en plena pandemia, los hermanos de Puigdemont solicitan una ayuda debido a la crisis económica provocada por la pandemia.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, concedió una ayuda de 12.000 euros a la empresa constituida por los hermanos de Puigdemont de la partida destinada a «avales a financiación a empresas y autónomas concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del covid-19, gestionados por el ICO por cuenta del ministerio».
Debate de la ley de amnistía
Este jueves se debate la ley de la amnistía en la Comisión de Justicia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado un acuerdo sobre la ley de amnistía con sus socios independentistas y ha garantizado este miércoles que el texto resultante será plenamente constitucional.
«Entró constitucional (en el Parlamento) y alineado con el derecho europeo y tengan la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes», ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con motivo de su viaje oficial a este país.
A pesar de este importante fallo normativo, el Ejecutivo está decidido a tener unas cuentas públicas ya y, según atestiguan fuentes políticas a THE OBJECTIVE, a unir este presupuesto a una amnistía a medida para Puigdemont, como parece que se resolverá este jueves en la Comisión de Justicia.
Una ecuación cuya primera incógnita ha despejado este miércoles la subdirectora general de Relaciones Presupuestarias con la UE, Inmaculada Sanz, quien ha convocado al Comité de Inversiones Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, adelantando la premura de la cita por la inminente aprobación de los PGE de 2024.
