Los tres empresarios de la trama acumulan un largo historial delictivo: blanqueo, drogas...
Aldama, Cueto y Pujalte acumulaban numerosos antecedentes antes de ser detenidos en la operación Delorme
El empresario Víctor de Aldama. | EP
Organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias… Si bien la lista de delitos que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a los implicados en el ‘caso Koldo’ es extensa, en el caso de algunos integrantes de la trama estos tipos penales no son en absoluto desconocidos. De hecho, formaban parte ya de su historial delictivo cuando fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación Delorme. Es el caso de los tres de los empresarios que integran la organización: Juan Carlos Cueto, Víctor de Aldama y Rogelio Pujalte.
En el caso del primero, presunto cerebro de la trama, quien controlaba la estructura de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —la empresa a la que Transportes, Interior y otras administraciones socialistas adjudicaron los contratos— acumula delitos de defraudación a Hacienda; blanqueo de capitales; corrupción en las transacciones comerciales internacionales; cohecho y participación o cooperación con organizaciones y grupos criminales, según reza en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado al sumario. Además, Cueto está imputado en el caso Defex por la venta de armas a Angola.
La empresa pública está investigada desde 2014 en la Audiencia Nacional por el amaño de contratos en Angola, Camerún, Egipto, Brasil y Arabia Saudí en la venta de armas y material de defensa. Los negocios que alertaron a Anticorrupción fueron precisamente los que se desarrollaron en Angola, después de que Luxemburgo avisara de una transferencia sospechosa. En 2023, el ex director comercial de Defex y un subcontratista fueron condenados a dos años de prisión por la venta de armas, pero el juez absolvió a la empresa semipública como persona jurídica.
Conducción sin permiso
El considerado también autor intelectual de la organización criminal y presidente del Zamora F.C., Víctor de Aldama, tiene también antecedentes policiales por «un delito de conducción de un vehículo con pérdida de vigencia de la autorización por pérdida de puntos y otro por fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafas». Junto a Cueto, según la investigación, habría utilizado a Soluciones de Gestión como empresa instrumental para adjudicarse los contratos por los que recibieron comisiones de 5.119.907 y 6.712.110,66 euros, respectivamente.
Por otro lado, la Audiencia Nacional también investiga la relación laboral que Víctor de Aldama tuvo con Air Europa y una presunta deuda que ayudó a cobrar a la compañía de Venezuela. El empresario reconoció a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que medió en las negociaciones con el Ministerio de Transportes para sacar adelante el millonario rescate de Air Europa que se haría efectivo en noviembre de 2020. Según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en el marco del sumario de la investigación de la Audiencia Nacional, el consultor presentó los contratos y facturas que confirmaban esta relación.
La vinculación directa de De Aldama con el rescate de Air Europa es clave para entender algunas de las interrogantes que planean sobre el millonario desembolso de 475 millones de euros de dinero público. Este diario ya ha explicado que el principal promotor de esta operación fue el propio José Luis Ábalos, desde Transportes, quien medió ante el resto de ministerios para sacar adelante el mayor salvavidas entregado en el marco de este fondo de rescate de la SEPI, el que se dio con mayor rapidez y el que consiguió las mejores condiciones de devolución.
Tráfico de drogas
La extensa lista de antecedentes la cierra el empresario murciano Rogelio Pujalte, en cuyo historial figuran los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Pujalte, dueño del deposito judicial ubicado en Murcia, se habría beneficiado también de las mordidas de los contratos recibiendo una transferencia de 100.000 euros de parte de la empresa de otro de los implicados.
En paralelo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil posa sobre este empresario sus sospechas sobre los chivatazos a la trama, además de sobre el comandante del Instituto Armado destinado en la Agregaduría de Interior en la Embajada de España en Venezuela, Rubén Villalba. Por ahora, Pujalte es el único que figura en la causa que investiga el juez Ismael Moreno acusado de un delito de revelación de secretos, al que se suma otro de cohecho y blanqueo de capitales.
El empresario, que ha negado su vinculación a la trama en declaraciones a un medio de comunicación recientemente, tampoco quiso declarar ante los investigadores. Según el último atestado o de la Guardia Civil incorporado al sumario, él es al menos uno de los responsables del chivatazo. «Koldo ha sido advertido sobre la existencia de medidas de investigación autorizadas judicialmente sobre su persona. Esta información ha sido recibida a través de Pujalte», refleja el documento, que adelantó El Independiente.
La conversación entre Koldo y Pujalte
De hecho, la conversación intervenida por la Guardia Civil que levantó las sospechas del juez fue la que mantuvo el asesor de Ábalos con Rogelio Pujalte. El empresario avisó el pasado 3 de febrero al antiguo asesor de Ábalos de que no utilizase la aplicación de mensajería instantánea Telegram y este le respondió diciendo que nunca lo había hecho y «que no se preocupe, lo sé todo».
En esa misma conversación, Koldo sostenía que esa situación —se entiende, la investigación— es «por culpa del perro», en referencia al empresario Víctor de Aldama. Rogelio, entonces, contestaba al exasesor de Ábalos comentándole que «yo cuando me dicen por de ti pues por lo primero que hago es ponerme en contacto».
