El Gobierno Vasco autoriza a una pareja de presos etarras dormir juntos en una celda

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido conocer cuántos presos de la banda terrorista ETA tienen un permiso para cohabitar con sus parejas en las cárceles vascas, después de que el Gobierno del País Vasco haya avalado que un matrimonio de reos etarras comparta celda en el Centro Penitenciario de Álava.

En un comunicado, la asociación de víctimas se ha hecho eco de una información publicada este lunes en el diario El Correo, en la que se afirma que el matrimonio de presos de ETA formado por Asier Mardones y Josune Oña salen cada mañana de la cárcel para estudiar en Vitoria y, a su vuelta, dormir en la misma estancia de 13 metros cuadrados.

«Esta noticia ha producido una profunda consternación e indignación en el colectivo de víctimas del terrorismo, por lo que nos urge conocer si la información publicada es cierta», se lee en el escrito de la AVT, dirigido a la viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco, Ana Agirre Zurutuza.

En caso afirmativo, la AVT ha exigido conocer cuántos presos de ETA se encuentran en la misma situación y cuántos internos que no pertenecen o han pertenecido a la banda terrorista «disfrutan de los mismos privilegios». Además, ha pedido saber «cuál es la base legal» de esta medida, ya que «en el modelo estatal no está previsto».

Mardones y Oña cumplen una condena de 25 años de cárcel por ser los autores del atentado que se produjo el 14 de septiembre de 2003 en el alto de Herrera (Álava), en el que murió el también terrorista Arkaitz Otazua y resultaron heridos dos miembros de la Ertaintza. Los terroristas trataron de reorganizar la infraestructura de ETA en Vizcaya, tras la desarticulación de su «comando» en esa provincia.

Cabe recordar que Euskadi es responsable de la gestión de las infraestructuras penitenciarias desde octubre de 2021, después de que la competencia fuera traspasada por el Gobierno de España en base al Estatuto de Gernika. La decisión no estuvo exenta de recelos por la política penitenciaria aplicable entonces ahora hacia los presos de ETA, así como por las quejas de los funcionarios, temerosos del estatus que podrían tener al dejar de depender de la administración central.