Ayuntamientos y vecinos se unen para rechazar un posible centro para inmigrantes en Granada
Elma Saiz descartó aclarar si estos terrenos serán finalmente los elegidos para construir las nuevas instalaciones
Un migrante rescatado por la embarcación de Salvamento Marítimo. | Gelmert Finol, EFE
Los cinco ayuntamientos con terreno en la base aérea de Armilla (Granada), cuatro gobernados por el PP y un quinto socialista, han pedido unidos al Gobierno central que descarte esta zona para ubicar un centro para migrantes, una opción que ha movilizado a los vecinos que lo rechazan porque generará hacinamiento.
La posibilidad de construir un centro temporal de atención a migrantes en terrenos de la base aérea de Armilla cedidos por Defensa ha recibido en pocos días la contestación de los ayuntamientos de la zona, sus vecinos y partidos como Vox y PP, que han anunciado en diferentes tonos acciones municipales de rechazo.
El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, anunció este miércoles que usar las instalaciones militares para el centro es solo una opción en estudio jurídico y que el Ejecutivo analiza ahora si los terrenos se adecuan a los requisitos legales.
La respuesta se la han dado en bloque los ayuntamientos de Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias y Ogíjares, que han argumentado incompatibilidades urbanísticas para levantar en los terrenos de Defensa un «campamento» para migrantes. El Ayuntamiento de Alhendín fue el primero en actuar convocando un pleno extraordinario urgente que, este jueves, aprobó paralizar cualquier acto promovido en los terrenos de la base aérea de Armilla que afecte a su término municipal.
Lo hizo argumentando que se vulneraría la normativa urbanística ya que el terreno cedido por Defensa a Migraciones es de naturaleza rústica y no cuentan con ningún instrumento de ordenación urbanística que permita hacer obras.
Con los votos a favor del gobierno del PP y de los concejales de Vox, y la abstención del PSOE, Alhendín frenó así la comunicación recibida este martes 2 de abril de la empresa pública Tragsa, que notificaba el inicio de «obras de emergencia».
Montilla aclaró entonces que esa petición de obras es una forma de ganar tiempo de Tragsa, encargada de las obras de otros centros de migrantes del país, pero no implica que el lugar seleccionado para hacerlo sea la base aérea de Armilla.
El subdelegado del Gobierno en Granada sí ofreció plazos, ya que anunció que la ubicación se decidiría antes de un mes para que las instalaciones estén listas en cuatro meses para poder acoger a migrantes que han solicitado asilo en el país.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, descartó este viernes aclarar si estos terrenos de Granada serán finalmente los elegidos para construir un nuevo centro con el que garantizar los derechos en este desafío migratorio. Sin embargo, aseguró que la decisión será sometida al diálogo y la escucha activa y garantizó que el Gobierno central apostará por la «mejor» ubicación.
Los vecinos del área cedida por Defensa, una zona con casas unifamiliares, han constituido ya una asociación con más de un millar de participantes y, además de las reuniones con los alcaldes de los cinco municipios de la base, han rechazado el proyecto con una primera manifestación. Este sábado marcharon desde Alhendín a Armilla, un recorrido sin incidentes y sin proclamas «ni políticas ni xenófobas» que tuvo como lema ‘No al campamento. No al hacinamiento’, y en la que aseguraron que rechazan el proyecto solo por inadecuado.
El grupo parlamentario de Vox ha registrado una proposición no de ley en la que reclama el apoyo del Parlamento andaluz para paralizar este centro al considerar que incumple la ley y «olvida» que hay fronteras. En su texto, Vox incluye datos sobre un aumento de criminalidad en Andalucía y la petición de una expulsión urgente de todos los inmigrantes que han llegado a Andalucía de manera irregular.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha recalcado su preocupación ante el rechazo social y municipal al centro, ha exigido políticas basadas en los derechos y ha apostado por un diálogo que no dé «alas» a discursos de tintes racistas.
