Justicia pacta con los funcionarios una subida salarial que afectará a 12.000 trabajadores
Los sindicatos reclamaban un incremento del sueldo de hasta unos 450 euros, pero será de entre 165 y 250 euros al mes
Manifestación de funcionarios frente al Ministerio de Justicia el pasado año. | Europa Press
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha llegado a un acuerdo con los funcionarios de Justicia y ha pactado una subida salarial de entre 165 y 250 euros al mes, frente a los 450 euros que reclamaban desde hace un año en línea con el incremento que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
El incremento no afectará a los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, como reclamaban en un principio los sindicatos. Beneficiará a unos 12.000 trabajadores del denominado ‘territorio Ministerio’; es decir, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC. El resto de funcionarios que trabajan en las comunidades autónomas con competencias transferidas no percibirán el complemento.
Según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en Justicia, la subida «se aplicará a través del complemento específico y será ratificado mañana en un acto de firma en el Ministerio de Justicia». En el marco del comunicado, CSIF ha indicado que la subida se aplicará de manera progresiva: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y el 1 de enero de 2025 se cobrará ya el 100% de lo acordado.
Cabe recordar que el conflicto colectivo con el Ministerio arrancó el año pasado, cuando los funcionarios realizaron paros parciales y totales entre los meses de abril y julio, así como manifestaciones en la calle, para reclamar una subida salarial en línea con la que consiguieron los LAJ, de unos 450 euros al mes. Los propios funcionarios paralizaron sus reivindicaciones en junio ante el adelanto electoral y a la espera de la constitución del nuevo Gobierno, pero retomaron las mismas a finales de 2023 tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
