La Audiencia de Valladolid protege al alto cargo de Justicia imputado por alterar una prueba

Los juzgados de Valladolid rechazaron investigar al alto cargo del Gobierno, subordinado directo de Sofía Puente en el Ministerio de Justicia, imputado ahora en Madrid por la presunta manipulación de una prueba durante un juicio de divorcio, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Doce días después de que el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid acordase investigar al Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado un auto en el que se decreta el archivo definitivo de una denuncia paralela sobre los mismos hechos en los juzgados de la ciudad de la que fue alcalde el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

Como adelantó este diario, tras admitir un recurso del denunciante -abogado y padre que lucha por la custodia de sus hijos-, una juez de Madrid acordó el pasado 22 de marzo abrir la causa en la capital y citar en calidad de investigado al alto cargo del Gobierno por la presunta alteración del audio con la declaración de un menor en un caso de divorcio en Valladolid que había sido coordinado en sus inicios por el fiscal Manuel Javato, cuñado del ministro de Transportes y marido de Sofía Puente, la actual número tres del Ministerio de Justicia con Félix Bolaños.

Unos días después, el 4 de abril, la Sección número 4 de la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado un auto en el que acuerda «el archivo definitivo de la denuncia» paralela sobre los mismos hechos que había recaído inicialmente en el Juzgado número 5 de Valladolid, cuya titular es la juez Soledad Ortega. Esta última es la esposa del exdecano de los juzgados de esa ciudad, el magistrado Emilio Vega, otro de los denunciados por el presunto perjudicado y titular del Juzgado de Violencia contra la mujer número 1 de Valladolid. Se trata del juez que se encargó del proceso de divorcio ahora bajo la lupa por la presunta manipulación del audio con la declaración del menor: decidió dar la custodia a la madre basándose, entre otras pruebas, en el testimonio del menor a pesar de que resulta del todo inaudible.

Audio manipulado

Inicialmente, y tras admitir a trámite en febrero la denuncia del padre que lucha por la custodia de sus hijos al apreciar indicios de delito, la magistrada de Madrid había acordado enviar la causa a Valladolid al entender que el presunto delito se habría cometido en esa ciudad por ser el lugar en el que se seguía el procedimiento de divorcio y donde se tomó declaración y exploró al menor. Sin embargo, según un informe pericial admitido por la juez de Madrid, el audio con la declaración del menor había sido alterado y manipulado mediante la introducción de un «ruido rosa» en los servidores del Ministerio de Justicia que hacen imposible escuchar el testimonio del pequeño.

El padre del menor y denunciante recurrió y los hechos se investigan ya en la capital, pese al archivo en los juzgados de Valladolid. Con el apoyo de la Fiscalía, la juez de Madrid rectificó y será ella quien investigue la presunta alteración de la prueba. «Si bien la grabación de la exploración efectuada se produce en los juzgados de Valladolid, la presunta manipulación fraudulenta denunciada al parecer tiene lugar donde se encuentra almacenada y conservada la misma a través de la digitalización, en concreto en la sede de la Dirección General de la Administración Digital Pública (de Justicia) con sede en Madrid, lugar donde se encuentran instalados los servidores, por lo que la competencia territorial vendrá determinada por el lugar donde se producen los hechos y será Madrid», indicaba la Fiscalía provincial en un informe del pasado 4 de marzo.

Investigación judicial

Según consta en las diligencias a las que ha tenido acceso este diario, tras inhibirse la juez de Madrid en favor de los juzgados de Valladolid -antes de rectificar y mantener la causa en la capital- la causa había recaído por reparto en la esposa del juez decano de esa ciudad, que se abstuvo de intervenir en la causa por la vinculación con su marido del procedimiento de divorcio y la declaración del menor. Tras el recurso de apelación del padre y la admisión a trámite de la causa en Madrid, la Audiencia Provincial de Valladolid ha decretado el archivo definitivo de la causa en esa región.

Los hechos ahora investigados se remontan al 17 de marzo de 2023, cuando uno de los tres hijos del abogado y ahora denunciante fue citado para una exploración por parte del Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid. El contenido de la grabación con la declaración del hijo del denunciante, que sería clave en el pleito por la custodia del menor, se hizo en presencia de un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos del caso.

Sin embargo, según un informe pericial, el testimonio del niño en sede judicial fue alterado de forma externa. Y nunca ha podido ser escuchado por su progenitor, a pesar de que este último alega en su denuncia que «es totalmente trascedente para la integridad» del menor de edad «que su declaración pueda ser valorada por terceras personas». Desde que fue solicitada al juzgado por el padre, según la denuncia, la grabación con el testimonio del menor «es del todo inaudible, siendo absolutamente imposible entender sus palabras».

Ruido rosa

Tras esto, el denunciante encargó un informe pericial que fue realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo, que concluyó que se había introducido «un ruido rosa cuya presencia natural en el entorno era nula». Ante esta circunstancia, el padre puso una denuncia contra la Dirección General de Transformación Digital de Administración de Justicia, con sede en Madrid, «al entender que es la responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los Juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación de la grabación de la exploración del menor».

El alto cargo del Gobierno ahora investigado por estos hechos se encuentra bajo las órdenes directas de Sofía Puente, número tres en el departamento de Justicia desde noviembre pasado, cuando Félix Bolaños asumió las competencias del ministerio antes dirigido por Pilar Llop. Desde que Bolaños promoviera su ascenso a secretaria general Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, la hermana de Óscar Puente es la superior jerárquica del alto cargo al que la juez de Madrid ha acordado investigar.

Ministerio de Justicia

Entre sus competencias como director general, según el propio Ministerio de Justicia, Cubo es responsable del «diseño, gestión y mantenimiento de una infraestructura tecnológica que garantice la seguridad operativa y que dé soporte al desarrollo y a la explotación de los servicios digitales de implantación por la Secretaría General, que permitan la interconexión e interoperabilidad de aplicaciones, datos y sistemas dentro del ámbito jurídico».

Según el denunciante, los vídeos y audios de todas las declaraciones o juicios que se celebran en 630 salas judiciales de distintos puntos del territorio nacional (entre ellas todas las de los juzgados de Castilla y León) se graban, almacenan y conservan precisamente en los servidores ubicados geográficamente en Madrid, concretamente en la sede de la Dirección General de Transformación de la Justicia.

«Es únicamente allí donde la grabación puede ser manipulada por las personas que tengan acceso a la misma, como esta acusación particular demostrará en la instrucción al margen de las diligencias que solicite la Guardia Civil en esta causa». Esto último ha sido alegado por el abogado Pablo Martínez en el recurso de reforma, y subsidiario de apelación, que el abogado ha presentó para evitar que la investigación abierta por la jueza Trujillano fuera enviada a Valladolid.

El juez decano de esa provincia (quien decidió dar la custodia de los hijos del denunciante a la expareja de este en el juicio por divorcio), así­ como el propio Óscar Puente, su hermana y el fiscal Javato, marido de esta última, denunciaron a ese padre por haber compartido en su cuenta de X (antes Twitter) supuestas noticias falsas de varios medios de comunicación digitales en las que se relataba la supuesta relación de amistad entre el entonces alcalde de Valladolid con varios jueces y fiscales de esa ciudad, entre ellos el juez decano Emilio Vega, y la supuesta existencia de cuentas bancarias en el extranjero de todos ellos. El ministro Puente, que niega ambas cuestiones, admitió recientemente haber informado a su hermana del contenido de esa investigación por presuntas injurias contra ese abogado y padre de tres hijos, pese a que las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario.