La Eurocámara estudia la falta de colaboración de la Fiscalía en los crímenes de ETA
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examina por qué la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones
Marta Durántez, teniente fiscal de la Audiencia Nacional. | Alejandra Svriz
La falta de colaboración de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para resolver los 379 crímenes de ETA pendientes se ha agudizado desde que la teniente fiscal, Marta Durántez, se ha puesto al frente de estas investigaciones. Por ello, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha abierto una investigación para estudiar qué está ocurriendo en el Ministerio Fiscal con las causas de la banda terrorista, según un escrito del pasado 8 de abril al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.
Esta investigación se ha iniciado tras la solicitud del presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que recurrió a esta comisión para que aclare por qué dos años después de que se aprobaran las recomendaciones encaminadas a arropar a las víctimas y resolver los asesinatos de la banda terrorista, no se ha avanzado en estas causas judiciales. Portero denunció, el pasado 19 de marzo, que el Ministerio Público no está investigando estas causas apoyándose en la prescripción. Y señaló que «no corresponde a la Fiscalía valorar» ese extremo, sino que «debe ser un magistrado quien lo haga».
Así, señaló que en dos años sólo se ha resulto un caso de los 379. Se trata del crimen de Manuel Giménez Abad, el que fuera presidente del PP de Aragón, por el que se condenó en septiembre de 2023 al etarra Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, a 30 años de cárcel. Pero añadió que el «44% de los asesinatos de ETA sigue sin resolverse porque no hay un ímpetu por hacer algo«. Portero, también solicitó que desde la comisión se inste al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a equiparar las leyes de víctimas del franquismo y las del terrorismo.
Investigación en Europa
Tras esta solicitud, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha contestado que «han examinado la solicitud» de Portero y han decidido «pedir a la Comisión Europea que proporcione información más amplia y actualizada sobre los distintos aspectos del tema», según consta en el escrito.
Asimismo, añade que «en contexto con la revisión de la directiva sobre los derechos de las víctimas, el comité ha decidido enviar al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea el informe de misión tras la visita de investigación a España del 3 al 5 de noviembre de 2021, en relación con los 379 casos de asesinatos todavía sin resolver cometidos por el grupo terrorista ETA». Concluye: «Una vez que la Comisión de Peticiones haya recibido la información necesaria».
Otegi beneficiado por la Fiscalía
Y es que el último caso, en el que la Fiscalía ha optado no investigar las causas sin resolver de ETA apoyándose en la prescripción, involucraba al socio de Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi. La teniente fiscal Marta Durántez, afín al presidente del Gobierno, comunicó el pasado miércoles, 10 de abril, el archivo de las diligencias 99/2020, adelantadas en exclusiva por THE OBJECTIVE, en las que se investigaba a Otegi por colaborar con ETA en el asesinato del directivo de Michelin en Vitoria Luis María Hergueta Guinea.
Una de las razones en las que se apoyó el Ministerio Público para decretar el archivo, sin llegar a judicializar la causa, es que «los hechos objeto de la investigación estarían prescritos, dada la fecha de su comisión». Pero es que esa unidad de coordinación de la Fiscalía que ahora archiva la causa de Otegi se creó precisamente «para investigar aquellos crímenes de las organizaciones terroristas que a día de hoy no tienen autor conocido y no se han resuelto con independencia de la prescripción». Fuentes consultadas por este periódico explican que «primero se resuelven las causas y después se declara la prescripción, porque el derecho a la verdad no prescribe».
Añaden: «La Fiscalía no puede decretar que está prescrita una causa y decidir no judicializarla, si no la esclarece. Lo que debería haber hecho el Ministerio Fiscal es presentar una querella, que un Juzgado Central de Instrucción reabriese la causa, dar traslado a las partes –también a los familiares de la víctima que tienen derecho a conocer la verdad sobre el asesinato– y elevar a Sala el sumario». Esta sería quien decretase el archivo al entender que los elementos susceptibles de ser imputables están prescritos, pero la causa quedaría cerrada y aclarada. Este es el procedimiento aprobado en un Europa pero que la Fiscalía no ha llevado a cabo tras las injerencias del Gobierno y de la Fiscalía.
Objetivo: no investigar a ETA
Existe una gran preocupación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde que la fiscal afín a Pedro Sánchez, Marta Durántez, se ha hecho con el control de las nuevas causas sobre los asesinatos sin resolver de ETA. «No va a investigar nada. La han puesto ahí con ese cometido«, señalan fuentes consultadas por este periódico.
Para los asuntos sobre los crímenes sin resolver de ETA, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha encomendado ejercer la acusación a la propia teniente fiscal que fue designada en dicho cargo, tras la no renovación de Miguel Ángel Carballo, porque se consideraba una fiscal «afín al Gobierno» de Pedro Sánchez. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la función que desempañará Durántez en las causas de ETA será clara: «Solicitará constantemente el archivo de todas las causas» como ya ha hecho con la causa que afectaba a Arnaldo Otegi.
Ascenso de Durántez
En septiembre de 2022, recién aterrizado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, éste impuso a la fiscal Marta Durántez, como número dos del Ministerio Público en la Audiencia Nacional en sustitución de Miguel Ángel Carballo, en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal. Un hecho que levantó mucha polvareda. Especialmente entre las víctimas de ETA que ya vaticinaban las pretensiones futuras del fiscal general.
Sólo dos personas se presentaron al cargo de teniente fiscal de la Audiencia Nacional. Por un lado, Miguel Ángel Carballo, que optaba a ser renovado para un nuevo mandato de cinco años en los que ha coordinado la sección de terrorismo de la Audiencia Nacional. La otra aspirante era Marta Durántez, que desde 2020 trabajaba bajo las órdenes del sucesor de Dolores Delgado en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y que está especializada en siniestralidad laboral.
La persona de confianza de Álvaro García Ortiz acabó haciéndose con el puesto en contra del criterio mayoritario del Consejo, aunque en su trayectoria como fiscal nunca había investigado delitos de terrorismo. Carballo recibió el voto a favor de siete vocales del Consejo, mientras que Durántez sólo obtuvo cuatro. Pero el nuevo fiscal general del Estado optó por proponer a esta última.
Esta decisión indignó a las víctimas de ETA y volvió a despertar los fantasmas sobre un posible cambio de criterio de la Fiscalía respecto a las causas abiertas contra exjefes de la banda terrorista. «La Fiscalía General está traicionando a las víctimas. Decidió apartar al fiscal Carballo del caso Miguel Ángel Blanco porque esta causa estaba arrinconando a Bildu, socio clave del Gobierno de Sánchez, y ahora le echa de la Audiencia Nacional para afianzar su estrategia de sometimiento a los proetarras», señaló Daniel Portero en declaraciones a THE OBJECTIVE. Un cambio de criterio que, unos años después de esta designación, es palpable.
