¿Espió ilegalmente el CNI a los independentistas? Aragonès sospecha que sí
Un juez investiga una denuncia del actual presidente de la Generalitat por el virus Pegasus que le metieron en su teléfono
Paz Esteban, exdirectora del CNI. | Europa Press
La historia del espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Pere Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat podría ser distinta a la que nos han contado hasta ahora. Una historia ocultada por el servicio secreto, que los independentistas catalanes se huelen pero para la que carecen de pruebas. Hasta el momento.
Habría ocurrido de la siguiente manera. El teniente general Félix Sanz fue nombrado director del CNI el 2 de julio de 2009, a los cinco años el Gobierno le renovó en el cargo y finalizó su mandato el 5 de julio de 2019. Diez años en los que empezó con un ejecutivo de Rodríguez Zapatero, siguió con otro de Rajoy y terminó en la actual etapa de Sánchez. Durante ese tiempo, uno de sus principales trabajos fue hacer frente a las actuaciones de los independentistas catalanes. Su misión era investigar de lo que planeaban en cada momento e informar a sus responsables políticos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que adoptaran las medidas de respuesta necesarias.
Los servicios de inteligencia en España y en todo el mundo cumplen sus misiones utilizando cualquier recurso existente en las alcantarillas del poder. No son policías que investiguen delincuentes para darle la información a un juez con la intención de que los meta en la cárcel. Su trabajo consiste en hacer lo que haga falta para solventar las amenazas al Estado.
Desvelé hace unos cuantos años los planes de actuación del CNI para hacer frente a la amenaza soberanista. Una parte consistía en el control de las actividades de los sospechosos de promover el referéndum y otra en el espionaje de sus comunicaciones. Lo que desconocía es el medio que estaban utilizando para conocer la información que los independentistas obviamente querrían ocultarles. Era evidente el uso de micrófonos ocultados en casas y oficinas, pero también la intervención de teléfonos. En aquel momento no era pública la existencia de unos virus como Pegasus que no solo graban conversaciones, sino que tienen acceso a correos electrónicos, ubicación, mensajes de teléfono…
Al juez del Tribunal Supremo encargado de autorizar las entradas en domicilios y las intervenciones telefónicas, se le supone una cierta laxitud a la hora de pedir indicios al servicio secreto antes de permitir sus actuaciones. Puede ser que se considerara que las acciones contra cargos públicos de partidos catalanes y de la Generalitat quizás no iban a ser autorizadas por el magistrado, por lo que decidieron cumplir con su trabajo más allá de la ley.
Un juez, Santiago García, investiga una denuncia del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el virus Pegasus que le metieron en su teléfono desde julio de 2019 a abril de 2020. Aquí hay que recordar que fue precisamente en julio de 2019 cuando Félix Sanz abandona el servicio y su secretaria general, Paz Esteban, se queda como jefa interina no unos días, sino siete meses.
No es normal que alguien sin confirmar en el cargo adopte una decisión tan trascendental como la de pedir autorización para espiar a Pere Aragonès y a otros muchos independentistas catalanes y vascos. Lo lógico habría sido informar al Gobierno o esperar a ser confirmada en el cargo. Excepto que cuando llegara al cargo quisiera poner en orden algunos asuntos y pedir autorizaciones al magistrado de actuaciones ya en marcha, de tal forma que si fueran descubiertas, como así fue finalmente, pudiera ampararse en la legalidad.
El juez García no ha archivado la denuncia de Aragonès contra el CNI a pesar de que sabe que no puede actuar contra Esteban porque está amparada por las órdenes del magistrado del Supremo. García cuenta con un informe pericial privado que dice que a Aragonés le metieron Pegasus un año antes, a mediados de 2018. Falta que los Mossos acrediten que fue así.
Una cosa más. Las órdenes del magistrado del Supremo para espiar a Aragonès duraban tres meses y tenían que ser renovadas. Estaría fenomenal que conociéramos los descubrimientos del CNI sobre el político catalán que animaron al magistrado a renovar la orden.
