El 21% de los contratos de Illa en pandemia presentó demoras o problemas de calidad
Las penalizaciones por incumplimientos fueron excepcionales y hay pendiente material por devolver
El exministro de Sanidad Salvador Illa abrirá hoy las comparecencias en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los millonarios contratos para compra de mascarillas y otro material sanitario en lo peor de la pandemia. Las incógnitas sobre un buen número de adjudicaciones a empresas con nula experiencia en estas compras, los sobrecostes, las demoras y decenas de irregularidades siguen saliendo a la luz cuatro años después.
La trama Koldo, vinculada al asesor del exministro José Luis Ábalos tendrá especial protagonismo en la comisión de las mascarilllas. El Ministerio de Sanidad coló en su contrato a una UTE en la que estaba Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama. Pese a todo, no recibió contratos en un contexto en el que ya no eran necesarias mascarillas tras centenares de compras individualizas. Las dudas se centran en la cesión a distintos estamentos de la administración de las compras, lo que propició que se saltasen los controles.
Además de las críticas políticas, Illa se ha tenido que enfrentar a un demoledor informe del Tribunal de Cuentas. Las numerosas irregularidades detectadas fueron justificadas por el caos generado por la pandemia y la necesidad de compras inmediatas. Según recoge el informe, analizado por THE OBJECTIVE, uno de los aspectos destacados fue la falta de cláusulas por incumplimientos. Destaca también la excesiva permisividad ante los compromisos recogidos en los contratos. Esto propició que muchas empresas que no hicieron o no pudieron hacer bien su trabajo no tuvieran penalizaciones.
Incumplimientos e irregularidades
Al detalle, el Tribunal de Cuentas detecta que el 21% de los contratos del ministerio de Illa mostraban distintas incidencias e irregularidades por demoras o material defectuoso. Pese a todo, solo dos contratos fueron resueltos ante incumplimientos. La mayoría de estos acuerdos se hicieron de forma verbal, con escasa documentación y fueron concedidos a dedo. La mayoría de las empresas carecían de experiencia para llevar a buen fin un asunto tan complejo en ese momento como era traer mascarillas de China.
El organismo fiscalizador destaca que 11 encargos adjudicados entre el 20 y el 25 de marzo que fueron modificados para ampliar los plazos. «En los casos en que se produjeron demoras en la ejecución, así como cumplimientos defectuosos, no se aplicaron penalidades para instar una pronta ejecución del contrato ni se exigieron daños y perjuicios«, señala. La excusa del órgano de contratación es nuevamente las circunstancias excepcionales y el colapso del mercado. Pese a las ampliaciones de los plazos, en seis de los contratos citados fue necesario volver a fijar un nuevo calendario.
Solo en tres contratos que se requirió a los adjudicatorios la reposición de parte de las mascarillas defectuosas se consiguió. A día de hoy, quedan gafas, mascarillas y dinero pendientes de restituir.
El suministrador de Illa
Uno de los asuntos en los que más incide el informe es el relativo a los suministros de la catalana FCS Select. El exministro Illa no exigió a este proveedor sus mascarillas dispusieran de un etiquetado de calidad y de ciertos estándares de respirabilidad. FCS Select, con sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y con una nave comprada en 2022 en La Roca del Vallés (Barcelona), localidad de la que fue alcalde Illa entre 1999 y 2005, recibió el encargo de traer 508 millones de mascarillas de China. Fue en lo peor de la pandemia y recibió a cambio 217,5 millones de euros gracias a cuatro contratos de Sanidad.
Además de los lotes defectuosos, incumplimientos de plazos y la opacidad de esta sociedad que se dedicaba originariamente al envasado de bebidas alcohólicas, todo ello ya denunciado por THE OBJECTIVE, el Tribunal de Cuentas ha resaltado la falta de calidad del primer lote de mascarillas -107 millones-. El dinero se entregó por adelantado y los traslados en avión fueron realizados por la flota de Inditex.
La empresa FCS Select Products fue una de las denunciadas por el PP en marzo de 2020 ante la Fiscalía Anticorrupción. Los populares reclamaron que se investigaran «nexos de amistad» entre los empresarios de FCS e Illa. Esta supuesta amistad estaba «cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del exministro de Sanidad y de la que fue alcalde».
El informe del Tribunal de Cuentas, que tiene 351 páginas, centra buena parte de su fiscalización en los cuatro contratos millonarios FCS. Las adjudicaciones tuvieron lugar el 23 de marzo y el contratista no tenía experiencia en el ramo sanitario. «El cumplimiento estricto del contrato por este adjudicatario fue bastante irregular», destaca el Tribunal.