La crisis de Canarias con los 'menas' se agrava: las islas acogen ya al 42% del total en España
El Gobierno autonómico presiona al central para cerrar cuanto antes el pacto de derivación de menores a otras regiones
Un grupo de inmigrantes llega a Canarias. | EP
El Gobierno de Canarias vive una situación dramática con la acogida de los menores extranjeros no acompañados desde que estallase la crisis migratoria a finales del pasado año. Desde enero de 2023, cientos de cayucos han llevado al archipiélago a casi 56.000 personas, entre ellos 5.500 menores que, a diferencia de los adultos, derivados en su gran mayoría a alojamientos en la Península, siguen en las Islas Canarias al tratarse su tutela de una competencia autonómica, es decir, del Ejecutivo de Fernando Clavijo. El problema, sin embargo, es que los 71 centros con los que cuenta la comunidad se encuentran completamente desbordados desde hace meses. Canarias acoge ya al 41,6% del total de menas que hay en España (13.200), según datos del Gobierno.
Desde el pasado octubre, cuando llegaron al archipiélago casi 20.000 inmigrantes procedentes de Senegal en cuestión de 30 días, el número de menores migrantes inscritos en esta región ha aumentado un 81,5%. Entre tanto, el escenario no tiene visos de prosperar en cuanto a la llegada de inmigrantes. Clavijo alertó el pasado miércoles del «problemón» que se avecina si se cumplen las previsiones y llegan hasta final del año 70.000 personas a través de la ruta atlántica. De estos, señaló, un 15% serían menores, lo que sumaría 10.000 niños a los que ya tiene bajo su amparo el Gobierno de Canarias. «Algo inasumible», señaló su presidente.
Solo en lo que llevamos de año, según la estadística del Ministerio del Interior, 15.982 personas han entrado de forma irregular a las costas canarias, esto es, un 369,5% más respectó al mismo periodo del año anterior. Con estos datos, el Ejecutivo autonómico trata de presionar al central para cerrar los flecos del acuerdo de derivación de menores inmigrantes a la Península. Un plan conjunto sobre el que ambos gobiernos cerraron los puntos más importantes a finales de abril, pero que tres semanas después todavía no se ha concretado.
Derivar a 2.500 menas
Hasta ahora, sobre esta iniciativa, en la que están involucrados el Ministerio de Función Pública y Política Territorial y el de Infancia y Juventud, hay acuerdo para que se deriven 2.500 menores no acompañados que permanecen en las islas, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. Para su atención, el Gobierno tiene prevista una partida de 125 millones que dará a las regiones en función del numero de menas que acoja. El objetivo de este plan es aliviar la congestión migratoria en el archipiélago, sobre todo con vistas a lo que puede ocurrir en los próximos meses. En teoría, las islas podrán atender a los menores hasta que vean sobrepasada su capacidad de acogida en un 150%.
La distribución se decidirá basándose en un modelo que tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. No obstante, para que se materialice el traslado de estos jóvenes es necesario que se reforme la Ley de Extranjería. Es esta iniciativa la que divide a sendos ejecutivos. Mientras que el Gobierno central apuesta por una proposición de ley, el autonómico ha pedido que se haga mediante decreto ley por tratarse de un trámite más ágil habida cuenta de la situación de emergencia que vive. Desde los ministerios implicados, en cualquier caso, insisten en que esto requiere un debate en el Congreso de los Diputados.
Hasta ahora, para este tipo de situaciones, que aunque en menor medida también se han dado en las ciudades autónomas o en Andalucía, existían los repartos voluntarios entre comunidades autónomas. Una medida que normalmente acaba eternizándose y no resuelve el problema. En Canarias, por ejemplo, ya se intentó en octubre, pero de los 347 jóvenes que se acordó trasladar, solo 16 han salido de las islas siete meses después, según explicó el pasado martes el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello.
Negativa de las comunidades
Pese a que todavía no se ha concretado nada sobre el acuerdo, el presidente canario Fernando Clavijo señaló que «hay buena predisposición» con el Gobierno central y esperan cerrar el texto definitivo entre el viernes y el próximo martes para que se fije la obligatoriedad en la distribución de menores inmigrantes en el resto de comunidades autónomas. Para ello, dijo que entre esta semana y la próxima se llevará a cabo una reunión con los equipos jurídicos de la comunidad autónoma y del ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres para rematar los trabajos y, a partir de ahí, iniciar las negociaciones políticas para aprobar la medida en el Congreso.
«Tal y como hemos acordado en el pacto de inmigración, conllevará que nos desplacemos, lo ideal es que vengan los grupos políticos aquí, sabemos que es difícil, pero iremos a Madrid en alguna sesión del Congreso para conseguir el apoyo de los distintos grupos políticos y sea proposición de ley o decreto ley, que tenga la garantía de que va a prosperar», indicó el presidente canario.
Lo que tal vez ignora Clavijo es el descontento generalizado que ha provocado esta medida en el resto de comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP. La mayoría discrepan de acuerdo entre Canarias y el Ejecutivo central por varias razones: la unilateralidad, la falta de información y el modelo de reparto que, tal como está previsto, obligaría a las comunidades que menos menas acogen a asumir un mayor número, dicen, sin tener recursos para ello, no económicos, sino logísticos. Es el caso de La Rioja, que, según los últimos datos disponibles, a finales de octubre, acogía solo a 10 menores extranjeros no acompañados. Las regiones piden renegociar los cupos y que se les tenga en cuenta para concretar los traslados.
