Registran la celda de la asesina del niño Gabriel en busca del móvil que usó para el documental

Funcionarios de la prisión de Brieva (Ávila) han registrado la celda de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, y le han efectuado distintos cacheos con el objetivo de localizar el presunto móvil que habría usado para participar en un supuesto documental sobre el suceso desde el penal femenino, según aseguró la madre la víctima, Patricia Pérez, en una rueda de prensa en la Diputación de Almería. Una serie de inspecciones, ordenadas por la dirección del centro penitenciario tras la denuncia pública de la progenitora del menor, en las que los trabajadores, sin embargo, no encontraron ningún efecto ilegal, señalan a THE OBJECTIVE fuentes del citada cárcel. 

Hace unos días, Ramírez aseguró haber puesto el asunto en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras tener pruebas «por una fuente directa» de que funcionarios de la prisión de Brieva habrían facilitado el acceso a un teléfono móvil a la asesina de su hijo dentro de la cárcel. De este modo, explicó, «al igual que hicieron con el documental del crimen de la guardia urbana», Ana Julia habría podido comunicarse mediante audios y vídeos con trabajadores de la productora. Empresa sobre la que no quiso dar el nombre, pero contra la que, advirtió, se querellará por sacar adelante el programa televisivo frente a la negativa de la familia.

Distintas fuentes del penal consultadas por este diario aseguran, no obstante, que tras distintas requisas en su celda no se ha encontrado ningún terminal. Por ahora, el centro penitenciario ha decidido trasladar a la asesina de Gabriel Cruz al módulo de aislamiento de la prisión para salvaguardar su integridad física tras el revuelto generado en el centro por la noticia de su presunta participación en un true crime sobre el caso. Una medida temporal hasta que la situación se calme. Por otro lado, según ha podido saber este periódico, la dirección también baraja la opción de suprimir las llamadas autorizadas a Ana Julia Quezada. 

Críticas a Interior

La madre de Gabriel Cruz aprovechó su comparecencia el pasado sábado para cargar también contra el Ministerio del Interior. En concreto, contra su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a quienes informó de lo que estaba sucediendo en varias ocasiones, incluida una reunión personal el pasado 27 de diciembre. Desde ambos departamentos le aseguraron que no se había dado ningún permiso a la reclusa para grabar en prisión. Sin embargo, ella ha constatado que sí se habían producido y que, por tanto, «se están cometiendo irregularidades en las prisiones». 

Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en cambio, señalan que tras recibir a Patricia Ramírez y escuchar sus peticiones, actuaron en el marco de sus competencias con una investigación de cualquier posible irregularidad que pudiese haberse cometido en el ámbito penitenciario. Un procedimiento que, según las fuentes consultadas, todavía permanece abierto. Por otro lado, Interior destacó que colaboraría con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pudiese derivarse de las acciones legales emprendidas por Patricia Ramírez. 

Los funcionarios niegan irregularidades

Frente a las acusaciones vertidas contra los funcionarios de Brieva, distintas fuentes de la prisión aclaran que no se ha cometido ningún tipo de irregularidad. «En ningún momento se le ha facilitado un móvil a la condenada porque, al igual que el resto de presas tiene llamadas y videollamadas autorizadas con teléfonos autorizados», explican.

Por lo que, de ser así, Ana Julia Quezada se habría puesto en contacto con la productora del true crime mediante el uso de estos medios avalados por la prisión. Así mismo, revelan estas fuentes, es el que «está al otro lado del teléfono quien también habría podido poner en contacto a la condenada con los promotores del documental: si tiene una llamada autorizada con su pareja y esta última está con alguien…». 

De hecho, este es el modus operandi bajo el que el equipo de El Rey del Cachopo (Netflix) obtuvo hasta 40 horas de entrevistas con César Román, condenado en junio de 2021 por matar y descuartizar a Heidi Paz. A partir de videollamadas de máximo ocho minutos al día los guionistas se iban rotando para hacerle preguntas tratando de no establecer ningún vínculo emocional con él ni dejarse llevar por su afán embaucador.