Enfado en la Guardia Civil de Gerona tras quitarle el Ayuntamiento 17 plazas de 'parking'
El Instituto Armado ha puesto el asunto en manos de la Abogacía del Estado «para tratar de reconducir la situación»
Lluc Sálelas, alcalde de Gerona. | Twitter
Malestar en la Guardia Civil de Gerona tras la decisión del Ayuntamiento de eliminar 17 plazas de parking que el instituto tenía reservadas frente a la comandancia de la ciudad catalana. El primer edil, Lluc Sálelas, anunció la medida en las redes sociales hace una semana, explicó que «reclamaban desde hace años que estos aparcamientos fueran de uso para todo el vecindario del barrio de Montilivi» y que, ante esto, lo que había hecho el Consistorio, gobernado por la CUP y Junts per Catalunya, finalmente, «era decir no» y asegurar esas plazas para todos los vecinos y vecinas».
La decisión del primer edil ha creado bastante enfado en el instituto armado, según revelan fuentes del cuerpo a THE OBJECTIVE. Tanto es así que, indican las mismas fuentes, la Guardia Civil ha puesto el asunto en manos «de la Abogacía del Estado para tratar de reconducir la situación» antes de tomar cualquier otra decisión. En este sentido, no descartan la vía judicial. Se trata, prosiguen, de plazas que el Ayuntamiento de Gerona cedió a la Benemérita hace años y, ahora, «su eliminación afecta en gran medida a la operatividad del cuerpo».
Desde el Consistorio, una portavoz señala a este periódico que comunicaron la decisión a la Guardia Civil con 15 días de antelación y ahora tiene un periodo estipulado para recurrir la misma. Aunque, recuerdan, «el parking es competencia del Ayuntamiento» y la cesión se produjo en el marco de un acuerdo «ya caducado». Por ahora, la brigada municipal de Gerona ha incorporado la señalización correspondiente y ha repintado las marcas de color blanco en las plazas del apartamiento, de las cuales cinco irán destinadas a personas con movilidad reducida «porque hemos de garantizar el derecho a la accesibilidad a todos y todas», explicó el alcalde.
Sin otra solución
Desde el instituto armado, sin embargo, critican que la decisión se haya tomado de forma tan abrupta y sin plantear otra solución, es decir, otra zona de aparcamiento próxima para los vehículos policiales. La corporación ha esgrimido que la iniciativa se ha tomado para cumplir con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que establece que el aparcamiento debe estar destinado al 100% al uso público.
Esta polémica se produce poco después de que la Guardia Civil viviese el enésimo desplante respecto a sus competencias en Cataluña con la apertura base de la Policía Marítima en el puerto de Barcelona. Desde finales de mayo, un destacamento integrado por 12 mossos, un sargento y tres cabos de la citada unidad patrulla el recinto portuario para garantizar la seguridad y controlar el tráfico marítimo.
Mossos en el puerto de Barcelona
Con la excusa de los primeros entrenamientos de la Copa América de Vela, que se celebrará en la Ciudad Condal el próximo agosto, el departamento catalán de Interior presentó el despliegue de esta base, la cuarta que ha abierto en la costa catalana en los dos últimos años, junto a la de l’Ametlla, Vilanova i la Geltrú y Palamós.
Esta apertura, que da continuidad a la política marcada por la Generalitat para blindar a la policía catalana por tierra, mar, aire y ciberespacio en 2030, pone en jaque las competencias atribuidas que tiene en la comunidad autónoma la Guardia Civil, a quien corresponde la vigilancia del mar territorial, la seguridad portuaria y el resguardo fiscal.
De hecho, en los últimos meses, la Guardia Civil ha visto con recelo como la unidad marítima de los Mossos ha ido aumentando sustancialmente sus medios con motivo del evento deportivo, pero también con la vista puesta en el futuro. En enero, licitó la compra de ocho motos náuticas y cuatro barcos.
Crece la preocupación en la Guardia Civil
Ahora, con el pie puesto ya en el puerto de Barcelona, en la Guardia Civil la preocupación crece. Desde Jucil, la asociación profesional mayoritaria del cuerpo, señalan la necesidad urgente de que el Ministerio del Interior ratifique de manera pública a la Benemérita como la única fuerza policial con competencias de seguridad en las aguas territoriales españolas.
De este modo, la organización reclama al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska que «deje claro» que la competencia en materia de Policía Judicial corresponde de manera exclusiva al Instituto Armado, pues «ningún cuerpo de policía autonómico comparte esta jurisdicción en las aguas territoriales españolas».
