Preocupación por otro colapso migratorio en Barajas tras llegar decenas de mauritanos
La Policía ha lanzado una licitación por la vía de urgencia para comprar 400 colchonetas para las salas de asilo.
La situación en la salas de asilo del aeropuerto de Madrid-Bajaras comienza a preocupar en la Policía Nacional tras la llegada en las dos últimas semanas de decenas de pasajeros procedentes de Mauritania. Según advierten fuentes policiales, no puede compararse con el colapso que se desató a principios de este año, pero sí se ha observado un aumento en la llegada de estos nacionales. Unos 100 pasajeros procedentes del país africano han cursado ya la solicitud de asilo y están a la espera de que se resuelva en las citadas salas. Lo que temen en el Ministerio del Interior, según las fuentes consultadas, es que esto provoque un efecto llamada.
La Policía es consciente de que las mafías han visto en los aeropuertos una nueva ruta de entrada en España más fácil que cruzar el Atlántico en cayuco hacia el archipiélago canario, donde la inmigración que llega desde Mauritania roza el 80% del total, de acuerdo con los últimos datos. Y por este motivo, advierten de la necesidad de implantar visados de tránsito aeroportuario (VTA) a todos los viajeros de países del África subsahariana para evitar otro colapso en Barajas. El modus operandi es el mismo. Los nacionales cogen el avión, normalmente en Casablanca (Marruecos) con destino a un país de Sudamérica. Una vez aquí se deshacen de su documentación, saltan los controles y piden asilo ante la Policía Nacional en la frontera.
En los casos de las últimas semanas, advierten fuentes policiales, ha sido El Salvador quien ha advertido del aumento de estos flujos. La Royal Air Maroc, la compañía nacional marroquí, fue clave en la crisis de Barajas y ahora, advierten las mismas fuentes, puede serlo igualmente. La Policía sostiene que la mayoría de personas que ha pedido protección internacional llega a Madrid procedente de vuelos de Casablanca fletados por la aerolínea de Mohamed VI. Un escenario que, tras limitarse con los ciudadanos senegaleses por los visados, ha comenzado a reproducirse en el caso de viajeros mauritanos. Vuelos diarios que ya son considerados por los agentes como «una ruta caliente».
Contrato de urgencia para comprar ‘camas’
Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior ha lanzado una licitación pública de urgencia para la compra de 400 colchonetas para atender la llegada de posibles inmigrantes en las salas de asilo del aeropuerto. Según se advierte en la justificación del contrato, la Policía Nacional prevé la llegada «masiva de inmigrantes» y un «colapso de las infraestructuras existentes». La adjudicación asciende a 20.000 euros. «Se necesita una tramitación ágil para dar solución al problema», señala la adjudicación. Una situación que recuerda a la vivida hace tan solo dos meses cuando cientos de solicitantes vivían en condiciones de total insalubridad en el aeropuerto.
La situación comenzó a ser preocupante a finales de 2023, pero fue especialmente crítica sobre todo en enero. El caos y la falta de higiene en las salas de asilo llevó a los inmigrantes a acampar con cartones y cajas en distintos pasillos públicos de la T4 del aeropuerto, frente a la mirada de miles de viajeros que pasaban por la terminal para coger vuelos al extranjero. Desde el Ministerio, mientras tanto, intentaban agilizar sin éxito los trámites de protección internacional e incluso trataron de trasladar a un parte de los solicitantes al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. Una petición que declinó el juez al considerar que las personas en situación irregular no podían equipararse a aquellas que pedían asilo.
Finalmente, el escenario se fue destensando tras poner en marcha el Gobierno medidas en los aeropuertos de origen, principalmente en Marruecos, para filtrar a los pasajeros; y exigir visado a los viajeros que procediesen del citado país o Senegal, de donde eran oriundos la mayoría de solicitantes. A mediados de febrero, por otro lado, la Policía Nacional desarticuló la red internacional que introducía a parte de estos inmigrantes a través del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid haciéndose pasar por menores para solicitar asilo a su llegada a territorio español.
Una red clandestina
Esta red clandestina había ideado una sofisticada ruta aérea —con origen en Casablanca (Marruecos)— para introducir de manera ilícita en Europa a personas de origen senegalés. La organización criminal, formada por doce personas, todas ellas detenidas e investigadas, contaba con un manual en el que se detallaban los pasos a seguir para solicitar asilo en nuestro país. Una vez superado ese primer escollo, consistente en llegar desde Senegal hasta la ciudad de Casablanca (Marruecos), los inmigrantes, siguiendo las instrucciones de la red, adquirían un billete de avión con destino a diferentes países de Sudamérica.
Estos vuelos tenían como requisito necesario realizar una escala en el aeropuerto madrileño, de modo que aprovechaban así la llegada a España como puerta de entrada en la Unión Europea. En realidad, no querían llegar a su destino final, sino que, aprovechando la ausencia del requisito de visado en tránsito, una vez llegaban a nuestro país desistían de continuar su viaje. Tras embarcar en Casablanca con su pasaporte original, y ya dentro de la aeronave, rompían su pasaporte. A su llegada a España se dirigían a las autoridades policiales manifestando carecer de documentación, ser menores de edad y originarios de países en conflicto como Mali o Etiopía.
Tras solicitar asilo, estas personas de origen senegalés y supuestamente menores, no eran retenidas en el aeropuerto mientras se estudiaba su solicitud de asilo, sino que eran trasladadas hasta los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid a efectos de protección.El hecho de que las víctimas de esta red de inmigración clandestina pudieran ser menores de edad alertó a la Fiscalía de Menores de Madrid, quien encomendó unas primeras gestiones de investigación a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid y a la Brigada Provincial de Información de Madrid, los cuales demostraron que en ningún caso se trataría de menores de edad.
