Nadie protege a los policías infiltrados en grupos extremistas
Los agentes de inteligencia tienen amparo legal para la identidad falsa, pero no los cobijan jueces y fiscales
Una veintena de personas protestan junto a la delegación del Gobierno de Madrid tras descubrirse que varios policías se infiltraron en su organización. | Richard Zubelzu (Zuma Press)
El trabajo de investigación de varios medios de comunicación —La Directa, El Salto y El Diario— ha permitido que en los dos últimos años hayan sido descubiertos nueve hombres y mujeres, funcionarios de policía, que estaban infiltrados en misiones de información en grupos de activistas que defienden causas sociales y políticas. Sus quejas son importantes: ¿por qué nos controlan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si no estamos cometiendo delitos de ningún tipo?
Las acusaciones han suscitado polémica, como la creó hace años el mismo tema en el Reino Unido cuando descubrieron, como aquí, que los policías se metían en ese tipo de grupos y asociaciones, convivían con ellos durante años e, incluso, mantenían largas relaciones personales con activistas.
El perfil de los infiltrados españoles descubiertos es similar. Acaban sus estudios de policía en la academia de Ávila y no tardan mucho en ser enviados por sus jefes a infiltrarse en grupos libertarios, en la Red de Apoyo Zapatista o el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes. Suelen aprovechar los días de puertas abiertas en los que mucha gente se acerca a conocer esos grupos. Carentes de la cultura política que alimentan la mayor parte de los integrantes, se van metiendo poco a poco, aprendiendo, participando en actividades y haciendo amigos. Cada uno con su propia personalidad, a veces algo violenta, otras más intelectual, terminan convirtiéndose en uno más del grupo.
A Luis lo descubrieron los integrantes de los movimientos sociales de Sevilla porque en la huelga general de 2012 intentaron cortar una carretera y apareció la Policía demasiado rápido. Investigaron hasta descubrirle. Le sorprendieron un día en un bar y tuvo que acudir la Policía a sacarle simulando que lo detenían. Desde ese día, no volvieron a verle.
Mujeres engañadas
Mucho más espacio ha ocupado en los medios de comunicación el caso reciente del policía que se ocultaba bajo la falsa identidad de Daniel Hernández. Tras ser descubierto en Barcelona, después de dos años y medio de infiltración en grupos activistas, ocho mujeres le denunciaron por haber mantenido con ellas relaciones personales para conseguir información. Se sentían engañadas, manipuladas, incluso violadas. Las acusaciones hablaban de delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Acusaban a Daniel y por elevación a sus superiores y al Ministerio del Interior.
Estas continuas acusaciones durante los dos últimos años han sido contestadas por el Ministerio del Interior con el silencio y tirando balones fuera. Hasta que el pasado 19 de junio, Rafael Pérez, el número dos del departamento, intervino en el Congreso para aclarar que la misión de los nueve infiltrados pillados, y el resto que sigue cumpliendo su trabajo, es «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana». Y añadió algo: son agentes de inteligencia, una figura desconocida hasta ese momento.
Legislar para proteger a los agentes
Más allá de lo que explicó Pérez, he podido confirmar que no existe una base legal que ampare a estos infiltrados que ahora llaman agentes de inteligencia, un símil con los espías que el CNI introduce en diversas organizaciones y que carecen de amparo legal en sus actuaciones. Aún más, como le pasó a Mikel Lejarza, El Lobo, cuando se infiltró en el independentismo catalán en los años 90: cuando le detuvieron, tanto él como el servicio secreto negaron mantener relaciones laborales.
Los agentes encubiertos de la Policía utilizan una identidad falsa y pueden cometer delitos durante su actuación, ya que en todo momento están amparados por un juez o fiscal. El agente de inteligencia tiene un permiso administrativo para usar esa identidad falsa, pero nada más.
Frente a las quejas de los afectados por las infiltraciones policiales, habría que añadir la necesidad imperiosa de estos jóvenes policías de salir de esta situación de alegalidad en la que viven y regular su trabajo para dotar de seguridad a sus actuaciones y a ellos mismos. Si el Gobierno quiere que cumplan esas misiones en los grupos de activistas, que lo legalicen. Aunque me temo que no quieren hacerlo.
