Interior pagará 16 millones para repatriar inmigrantes tras expulsar solo 123 desde 2020
El Gobierno reconoce que el número de vuelos se incrementará debido a un aumento de las entradas de irregulares
Interior ha aumentado un 50% el presupuesto de licitación frente al anterior contrato. El adjudicatario ha sido la UTE formada por Air Nostrum e Iberojet | Ilustración de Alejandra Svriz
El Ministerio del Interior, que capitanea Fernando Grande-Marlaska, pagará hasta 16,3 millones de euros -IVA incluido- por los vuelos previstos para repatriar inmigrantes irregulares a sus países de origen. El pliego, analizado por THE OBJECTIVE, fue adjudicado el pasado 19 de julio a la UTE conformada por Air Nostrum e Iberojet y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.
El contrato tiene lugar en un contexto en el que las expulsiones han sido mínimas desde el inicio de la pandemia. Solo se han producido 123 -en una decena de vuelos- desde 2020, según han confirmado a este medio fuentes policiales. En paralelo, solo en los primeros seis meses del año, las llegadas irregulares vía marítima y terrestre rondaron las 25.000. Son un 96% más que en el mismo periodo de 2023. Según los datos, que ofrece Interior, en 2023 lograron acceder a España de forma irregular 56.852 extranjeros, un 82% más que un año antes.
El objeto del contrato es el transporte aéreo de ciudadanos extranjeros y de funcionarios policiales y otro personal encargado de su custodia. Se trata de vuelos organizados y específicos, no integrados en las líneas regulares o comerciales de pasajeros en general. También se prevén vuelos nacionales para el desplazamiento de los custodiados a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Expulsiones forzosas de inmigrantes
El relevante pliego llega tras las grandes dificultades para realizar estos traslados que se generaron durante la pandemia y hasta 2022. Ahora, la finalidad del Ejecutivo es acelerar las deportaciones de inmigrantes y restablecer la dinámica anterior a 2020. El gran inconveniente es el rechazo de la mayoría de los países de los que procede esta inmigración irregular a volver a recibirlos. Entre los afectados objeto de expulsión a través de aviones están los ciudadanos extranjeros bajo custodia que debe ser traslados a los CIE y los que tienen orden de expulsión forzosa del territorio español.
Estas expulsiones están previstas para los inmigrantes que cometan infracciones muy graves o determinadas infracciones graves. También afecta a los extranjeros condenados dentro o fuera de España por determinadas conductas dolosas. La ejecución de las repatriaciones forzosas comporta el traslado de los extranjeros afectados, desde el punto de estancia en el territorio nacional hasta el puesto de salida por el que deba hacerse efectiva la expulsión o hasta el país de origen de los mismos. El pliego apunta que las repatriaciones deberán realizarse con las máximas garantías posibles para la seguridad de los propios expulsados y de los funcionarios policiales encargados de llevar a cabo las expulsiones.
Interior admite en la memoria justificativa del contrato, cofinanciado con fondos europeos, que el fenómeno de la inmigración se encuentra sujeto a múltiples factores «por lo que no siempre es tarea fácil realizar previsiones en cuanto al número de vuelos de expulsión o repatriación» que se acometerán. Reconoce que factores económicos coyunturales de diversos e imprevisibles orígenes, circunstancias políticas y sociales en los países de origen, asuntos sanitarios como la pandemia e, incluso, el clima pueden determinar la afluencia de inmigración ilegal a nuestro país.
La ley de extranjería
La ley de extranjería, «materia dinámica y cambiante», determinará el número de inmigrantes que se encuentran en los supuestos de expulsión y repatriación. Interior ha incrementado un 50% el precio de licitación con respecto el pliego hasta ahora vigente. Además, prevé un aumento del número de vuelos de repatriación necesarios. Las causas: un incremento considerable en la llegada de inmigrantes irregulares y la recuperación de la actividad en repatriaciones tras la covid. Por último, aclara que el presupuesto de licitación se corresponde con el presupuesto de gasto máximo. El gasto real será el que resulte de los servicios efectivamente realizados con arreglo a los precios unitarios ofertados.
