Cataluña deja caducar el 80% de las multas que imponen los Mossos por la 'ley mordaza'
En 2023, solo cerró 1.108 expedientes, un 5% del total (22.589). Los sindicatos exigen cambios a la nueva consellera
Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. | EP
La detención fallida del expresident Carles Puigdemont ha abierto una crisis sin precedentes en los Mossos d’Esquadra y ha evidenciado que este cuerpo policial todavía integra agentes, fieles al líder separatista, que vienen obstaculizando operaciones y dispositivos. Hasta ahora, la policía catalana ha detenido a tres mossos por colaborar en la huida de Puigdemont el pasado jueves. No obstante, los investigadores sospechan que el equipo del prófugo pudo contar también con la ayuda de algún mando. Poner fin a las injerencias políticas en la policía catalana es uno de los objetivos del nuevo president, Salvador Illa. Un propósito que ha puesto en manos de la nueva consellera de Interior, Núria Parlon.
Este último, sin embargo, no será el único problema al que deberá hacer frente la que hasta hace unas semanas era alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). La aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida, como ley mordaza es otro de ellos. Según han denunciado el Sindicato Autónomo de Policía (SAP) y el Sindicato Mossos d’Esquadra (SME), mayoritarios en el cuerpo, Cataluña deja caducar el 80% de las sanciones que interpone la policía catalana o local relacionadas con esta norma, sobre todo aquellas vinculadas a delitos contra la salud pública, es decir, consumo de drogas, y con la posesión de armas. En 2023, por ejemplo, el Govern solo ejecutó el 5% de los expedientes.
Las organizaciones critican que estas estadísticas echan por tierra el esfuerzo policial y, al mismo tiempo, implican que la Generalitat deje de recaudar millones de euros en sanciones administrativas. Solo en los últimos ocho meses, la caducidad de expedientes ha supuesto una pérdida de 5,4 millones de euros para las arcas catalanas. Y no solo para el Govern, los ayuntamientos son los otros grandes afectados, habida cuenta de que el 53% de las sanciones son interpuestas por policías locales, el 40% por los Mossos y el resto por otros cuerpos policiales.
El protocolo de Interior contra la ‘ley mordaza’
Todo se debe, explican fuentes sindicales, al protocolo que puso en marcha hace un año y medio la Consellería de Interior para esquivar los efectos de la ley mordaza, sobre todo en los casos en los que se multaba a manifestantes o activistas que querían frenar desahucios, es decir, con los delitos de resistencia o atentado contra la autoridad.En diez meses, publica Ara, esta medida logró reducir en un 38% las sanciones. En paralelo, sin embargo, este plan ha provocado que se dejen de ejecutar miles de expedientes relacionados con distintos delitos.
El descenso en las estadísticas policiales, no obstante, se explica, principalmente, por el cambio de modelo en la gestión de los expedientes. Desde julio de 2022, es la propia Conselleria de Interior, en concreto, la Dirección General de Administración de Seguridad (SSTT), y no los Mossos quien se encarga de tramitar la instrucción de estas actas administrativas. Y esto ha conllevado, según denuncian SAP y SME, a que dos años después, la mayoría de sanciones prescriban o caduquen, según una resolución de Transparencia a la que han tenido acceso estos sindicatos.
Un 5% de expedientes en 2023
Los datos revelan que de las 78.916 actas de denuncia extendidas en 2022, 45.330 fueron cerradas en tiempo y forma, lo que significa que más del 40% de los expedientes quedaron pendientes. No obstante, en 2023, con la nueva gestión delegada en los SSTT, el porcentaje de expedientes cerrados descendió drásticamente, con solo 1.108 de los 22.589 expedientes incoados siendo cerrados, lo que representa apenas el 5%. En lo que llevamos de año, por otro lado, la situación no muestra signos de mejora. Solo se han cerrado 214 expedientes de los 2.982 incoados, lo que representa menos del 10%.
Una situación «extremadamente preocupante, ya que refleja una clara ineficiencia en la gestión de los expedientes sancionadores, lo que podría tener graves consecuencias en la percepción de la seguridad ciudadana y en la confianza en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley», critican desde las organizaciones sindicales, que reclaman al departamento de Nuria Parlon que «tome medidas inmediatas para corregir esta situación, que afecta al trabajo y esfuerzo de los cuerpos policiales».
De acuerdo con estas estadísticas, en el último año y medio, más del 80% de las actas levantadas por sanciones administrativas han caducado. «Es totalmente inaceptable y, por ello, instamos a que se revierta la delegación de competencias en las direcciones de administración de seguridad y que se devuelva la gestión a la Dirección General de la Policía (SARP, por sus siglas en catalán), que han demostrado ser más eficaces en la tramitación de estos expedientes», reclaman.
