Acusan a Marlaska de reportar a Bildu 19 casos de abuso policial no reconocidos judicialmente
La asociación Dignidad y Justicia expresa su «completa desaprobación a la política antiterrorista» de Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece una rueda de prensa | Fernando Sánchez (Europa Press)
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para protestar por un informe remitido a EH Bildu desde este departamento ministerial en el que relata 19 casos de supuesto abuso policial no reconocidos judicialmente ni investigados por la Fiscalía.
En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la asociación que preside Daniel Portero expresa su «completa desaprobación a la política antiterrorista» del Ministerio del Interior al entender que «ha cambiado» su objetivo de «perseguir a ETA con firme determinación».
«El Ministerio acaba de entregar a Bildu un informe que relata 19 casos de supuestos abusos policiales que no están reconocidos en ningún caso por la justicia ni por la fiscalía», señala DyJ en la carta que firman Daniel Portero y el vicepresidente de la asociación, Víctor Valentín Cotobal.
Fuentes del Ministerio del Interior han señalado a Europa Press que no les consta que este departamento haya remitido ningún informe a Bildu sobre presuntos casos de abuso policial.
Cesión ante los terroristas
En su carta, DyJ denuncia un nuevo «gesto» del Ministerio del Interior y dice que «solo se entiende desde un punto de vista político que tiene la finalidad de ceder ante una reivindicación histórica y completamente perversa de los terroristas».
La asociación de víctimas entiende que la iniciativa «va dirigida a equiparar a las víctimas con sus verdugos con el fin de reescribir la historia del terrorismo para justificar pactos y discursos», lamenta DyJ, que subraya que «la realidad es que unos pusieron las nucas y otros pusieron las balas», citando el caso del asesinato del fiscal Luis Portero García, padre de Daniel Portero.
DyJ también denuncia que el Ministerio del Interior «se da prisa en responder a los herederos políticos de ETA» pero, sin embargo, no apoya otras demandas de las víctimas del terrorismo, como modificaciones del Código Penal para perseguir actos de humillación o el impulso de investigaciones de los 379 casos sin resolver en línea a lo expresado por la Unión Europea.
