Prisiones investiga a varios funcionarios de Valdemoro por unos vídeos comprometedores
Las imágenes fueron grabadas por un preso de confianza que trabajaba en el módulo de ingresos de la cárcel madrileña
Prisión de Madrid III (Valdemoro). | TO
El centro penitenciario de Madrid III (Valdemoro) vuelve a estar en el punto de mira. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación contra varios funcionarios por unos vídeos grabados supuestamente por un preso del penal en los que estos trabajadores aparecerían en situaciones comprometedoras durante el desempeño de sus funciones, según revelan a THE OBJECTIVE fuentes penitenciarias. Al parecer, explican las mismas fuentes, el interno, de origen búlgaro, intentó sin éxito que las grabaciones trascendieran a la prensa. Los hechos finalmente acabaron llegando a conocimiento del departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz y hace unas semanas decidió iniciar pesquisas.
Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre. Los distintos vídeos fueron grabados con un teléfono por el citado interno, que desempeñaba un puesto de ayudante en el módulo de ingresos. Lo que en las cárceles se denomina como un preso de confianza. De acuerdo con los distintos testimonios recabados por este periódico, durante su estancia en esa sección el recluso se habría aprovechado de su posición para grabar imágenes suyas deambulando por el interior de la prisión «dando a entender que él podía hacer lo que quería: que tenía total libertad»; y también otras a los funcionarios que trabajan actualmente en ese módulo.
En estos vídeos, señalan fuentes penitenciarias, se advierte a los trabajadores supuestamente excediéndose en el uso de sus atribuciones, así como compartiendo momentos de ocio con otros compañeros durante su horario laboral. Prisiones investiga ahora la veracidad de estas grabaciones y trata de dilucidar por qué el preso de confianza tenía un móvil dentro de la cárcel —algo completamente prohibido— y podía pasearse por las instalaciones penitenciarias sin ningún tipo de obstáculo, cuando estaba bajo la vigilancia de los investigados. Hace unos días, trabajadores de la inspección penitenciaria se trasladaron a la prisión de Valdemoro para recabar los testimonios de todos los presuntos implicados.
Una posible venganza
Los inspectores recogieron las declaraciones de los funcionarios del módulo de ingresos, pero no pudieron hacer lo mismo con el preso de confianza, habida cuenta de que ya no se encuentra en España. El interno fue expulsado del país poco antes de que todo este caso explotase, en cumplimiento de una orden que tenía vigente. Y, según advierten distintas fuentes de la prisión, habría intentado que todas las grabaciones sobre presuntas irregularidades de los trabajadores penitenciarios trascendiesen «como venganza por su devolución al país de origen». De modo que el interno no solo habría tenido acceso a un teléfono durante su permanencia en la prisión madrileña, sino también cuando la abandonó.
Distintos funcionarios de la prisión, en cambio, responsabilizan de esta situación a la dirección del penal. Según cuentan, el interno había causado anteriormente algunos conflictos con otros trabajadores y, aun así, los responsables de la cárcel avalaron que fuese ayudante en el módulo de ingresos. «Era un liante y lo peor era que los directores le hacían caso porque también se chivaba de los funcionarios, contando todo tipo de historias, propias de películas de cine, y que en ningún momento respondían a la realidad. Le pusieron en un puesto de confianza y, al final, como era de esperar, la ha liado», cuentan.
Falsas acusaciones contra funcionarios de Valdemoro
No es la primera que este centro penitenciario es noticia. Hace dos años, THE OBJECTIVE destapó que la anterior dirección de la prisión de Valdemoro acusó falsamente a cuatro funcionarios de haber cometido delitos de banda organizada, tráfico de drogas, cohecho y prevaricación. Las declaraciones en sede judicial de varios testigos, todos ellos internos o exinternos del penal, desmontaron por completo la investigación que había llevado a cabo la Guardia Civil. Tres de los investigados incluso permanecían en prisión provisional desde hacía cuatro meses.
Tras tomarles declaración, la magistrada, que llegó a calificar la situación de «cámara oculta», decidió dejar en libertad a los funcionarios de Valdemoro. Meses después, el 22 de marzo de 2022, la titular decretó el archivo de la causa «al no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de varios internos «que no aportaban más que juicios de valor sobre la relación» entre los encausados y los delitos que la dirección de la prisión les imputaba. Al año siguiente, Prisiones decidió cambiar al director y cesar en su puesto al entonces responsable, José Antonio Luis de la Iglesia.
