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Caso Valdemoro: Interior readmite a los cuatro funcionarios a los que acusó sin pruebas

La dirección de la prisión madrileña implicó a estos trabajadores en la fuga de dos presos y los acusó de introducir droga y objetos prohibidos en la cárcel durante la pandemia

Caso Valdemoro: Interior readmite a los cuatro funcionarios a los que acusó sin pruebas

La centro penitenciario de Valdemoro, en Madrid. |The Objective

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha levantado la suspensión de empleo y sueldo a los cuatro funcionarios del centro penitenciario de Valdemoro (Madrid), según confirman distintas fuentes penitenciarias a THE OBJECTIVE. Bajo la dirección de Antonio Luis de la Iglesia, esta prisión madrileña implicó a estos trabajadores en la fuga de dos presos y los acusó de introducir droga y objetos prohibidos en la cárcel durante la pandemia, cuando las prisiones estaban cerradas al exterior. Todo ello sin pruebas, tal como quedó acreditado en la instrucción de las dos causas.

El departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz ha notificado su decisión a los trabajadores casi dos meses después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro, encargado del caso, decretase el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones «al no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de varios internos —cuyo contenido desveló THE OBJECTIVE «que no aportaban más que juicios de valor sobre la relación» entre los encausados y los delitos que la prisión les imputaba, una vez lo solicitó la Fiscalía madrileña, única acusación personada en el litigio.

Las declaraciones en sede judicial de tres testigos protegidos, internos que habían cumplido o cumplían condena en el penal madrileño, en septiembre de 2021, desmontaron prácticamente por completo la investigación que había llevado a cabo la Guardia Civil y por la que la magistrada había mantenido en prisión provisional a tres de los funcionarios penitenciarios investigados durante cuatro meses y medio.

Prisiones mantenía el castigo solo a uno de los funcionarios. En la mañana de este miércoles, no obstante, este departamento le ha comunicado por vía telefónica el levantamiento de la suspensión y su incorporación de nuevo al servicio. Pese a haber sido absuelto, al igual que el resto de sus compañeros, la Subdirección General de Análisis e Inspección había decidido prolongar el expediente disciplinario a este trabajador hasta que el archivo de las actuaciones contra él fuese firme, según consta en un oficio del Ministerio del Interior, fechado el pasado 27 de abril, al que ha tenido acceso este diario. Esto se debía a que el funcionario de prisiones había interpuesto un recurso contra la decisión de la juez solicitando el sobreseimiento libre de la causa. Una medida que deberá resolver el juzgado en los próximos meses.

«Incorporación inmediata»

En el caso de otro de los trabajadores, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le ha pedido la «reincorporación inmediata» en su puesto de trabajo pese a encontrarse de baja médica. Una situación que el departamento de Prisiones no ha tramitado por su situación de suspensión, según sostienen fuentes jurídicas. En un informe psicológico, los profesionales refieren que el funcionario «se encuentra con un estado de ánimo bajo y episodios de ansiedad, sentimientos de indefensión y frustración». Lo que le provoca «rechazo» a volver a su puesto de trabajo, «considerando que así lo hiciera en este momento, le ocasionaría un aumento de su sintomatología y posible cronificación», subrayan.

Por otro lado, este mismo funcionario de prisiones está a la espera de que la Guardia Civil le devuelva las pertenencias que le incautó en su domicilio, en el marco de su detención el pasado 31 de mayo. Según consta en el informe policial sobre el contenido y examen de los efectos intervenidos —dos pendrive, un teléfono y las llaves de dos vehículos del trabajador—, no existía ningún archivo relacionado con la investigación que pudiese incriminarle.

Razón por la que, el pasado 24 de febrero, su letrado solicitó al Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro que acordase la devolución de los objetos al interesado, en el mismo escrito en el que pidió también el auto de sobreseimiento y archivo de la causa respecto a su defendido. Casi tres meses después, en cambio, el damnificado aún no ha podido recuperar sus posesiones.

Tras haber trascendido el caso de estos cuatro funcionarios, Acaip-UGT, APFP, CCOO y CSIF, los cuatro principales sindicatos de prisiones, han solicitado al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el cese del director de la cárcel de Valdemoro, Antonio Luis de la Iglesia, por haber acusado sin pruebas a los cuatro funcionarios.

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