El Gobierno reconoce a las primeras víctimas del dinero expoliado por el franquismo
Un grupo de expertos ultima una auditoría que permitirá la reparación pasando las pesetas originales a euros
El dictador Francisco Franco. | Keystone Pictures USA / Zuma Press
Los republicanos recuperarán el dinero rojo. Han tenido que esperar 85 años, pero por fin han conseguido que el Estado admita repararles por las pérdidas económicas que padecieron en la dictadura. El Gobierno ha expedido los primeros 40 reconocimientos de reparación personal, paso previo para acceder a las indemnizaciones. El bando sublevado requisó a sus legítimos dueños miles de millones de pesetas tras la Guerra Civil. El general Francisco Franco prometió devolverlos, pero nunca sucedió. El régimen entregó a sus propietarios unos cupones que aún conservan sus descendientes. Hasta ahora, papel mojado.
La historia dio un giro la semana pasada, cuando Vosseler Abogados recibió del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática las primeras «declaraciones de reconocimiento personal». Los documentos, de dos páginas, forman parte de las más de 400 solicitudes que ha presentado el despacho. Los títulos están a nombre de las personas a las que se confiscó el dinero, pero cada afectado puede tener varios herederos. Eso supone que las compensaciones alcanzarán a miles de descendientes.
La cantidad a desembolsar continúa siendo una incógnita. Hay diferentes estudios sobre el tema, pero la cantidad oficial dependerá de las conclusiones de los expertos. El departamento que dirige Ángel Víctor Torres creó el pasado 23 de abril una comisión para reparar a las víctimas del franquismo. Sus miembros están ultimando la auditoría (estará lista antes de final de año), que debe determinar el valor actual de las pesetas. Una vez que lo hagan, las víctimas comenzarán a recibir las reparaciones.
Cerrar el franquismo
«Los reconocimientos son un paso muy importante y necesario que exige el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática. Acredita a las personas que fueron desposeídas tras ser perseguidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Supone reconocerles un derecho a esa reparación», explica Leire López, la abogada que representa a los más de 400 casos de miembros de la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista (APIGF). Vosseler concentra el 90% de las demandas de toda España.
El artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, otorga la calificación de víctima a «las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento». Otro precepto, el 31, reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados. Además, encarga a la Administración promover «las iniciativas necesarias» para investigar su alcance e implementar las vías para compensar a los afectados.
López explica por teléfono a THE OBJECTIVE que las reclamaciones oscilan entre las 300 y las 400.000 pesetas. La acción se ciñe exclusivamente al dinero incautado por el franquismo, por lo que no incluye obras de arte ni bienes inmuebles. «Esas reclamaciones también nos están llegando, pero de momento no hemos abierto esa puerta», insiste la abogada. Su despacho ha encargado informes periciales para determinar la cantidad a la que se corresponderían hoy las pesetas incautadas, aunque prefiere no hacerlos públicos.
Hay diferentes estudios sobre la cuestión. Uno de los más rigurosos fue elaborado por Lluís Planas, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. A propósito de la demanda conjunta que presentó el Ayuntamiento de San Julián de Ramis (Girona) en 2019, Planas estableció que cada peseta republicana equivaldría en la actualidad a 13,91 euros. Multiplicando esa cifra por la cantidad que reclaman los miembros de APIGF supondría 250 millones. Otros afectados elevan la cifra a los 3.000 millones.
Cambiar pesetas por euros
Un informe del Banco de España fechado en marzo de 1938 cifró la incautación en 35 millones de pesetas. Carlos Barciela, profesor de Historia Económica en la Universidad de Alicante, estima que Franco anuló 25.536 millones de pesetas (unos 150 millones de euros de la época que habría que actualizar). Más de la mitad del montante correspondía a dinero de curso legal, por lo que la cantidad decomisada podría ser superior.
Los franquistas advirtieron pronto que, si querían ganar la guerra, debían luchar contra la Segunda República en el frente económico. El Gobierno de Burgos aprobó en noviembre de 1936 un decreto para marcar los billetes puestos en circulación por el bando republicano después de la sublevación militar, lo que motivó su pérdida de valor. En abril de 1938 los sublevados ordenaron cambiar el papel moneda rojo por su dinero.
Ese año Franco aprobó tres decretos para regular el canje de billetes y las incautaciones de los signos fiduciarios republicanos. El régimen prometió devolver el dinero a sus legítimos dueños, a los que entregó unos cupones con el epígrafe «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo». La normativa designó un tribunal extraordinario que debía resolver las solicitudes. Las que fuesen denegadas, la mayoría, engrosarían una cuenta en el Banco de España denominada «Billetes de canje desestimado».
Para recuperar sus ahorros, los damnificados tenían que ir acompañados por tres personas afines al nuevo régimen, algo que pocas veces ocurría. La mayoría se deshizo de sus recibos al entender que nunca los cobrarían. Muchos títulos aparecieron en mudanzas o en la basura. En 2005, los descendientes crearon APIGF, que cuenta con casi un millar de socios. «Es un paso muy importante», celebra su presidenta, Laura Cervera. E insiste: «Hemos luchado por lo que nos correspondía y nos han enviado a hacer gárgaras. Seguimos porque creemos en la causa».
Décadas de lucha
Los perjudicados comenzaron a solicitar el dinero confiscado por Franco en los años ochenta a través del despacho de Cristina Almeida. En 2015, el exjuez Baltasar Garzón presentó una reclamación al Consejo de Ministros, luego rechazada por el Tribunal Supremo. El asunto ya se debatió en 2007 en el Congreso, pero fue desestimado con los votos de PP y PSOE.
Una década después, el Parlamento de Cataluña envió una proposición de ley para reformar la ya derogada Ley de Memoria Histórica, que no contempló la reparación en 2007. Mariano Rajoy bloqueó la iniciativa alegando que la demanda supondría aumentar los créditos presupuestarios. La propuesta se debatió finalmente el 13 de octubre en la Cámara baja, que aprobó su toma en consideración con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.
