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Un militar pega a su mujer en Murcia pero elude la denuncia gracias a la 'ley trans'

El agresor, destinado en la base de Alcantarilla, se había cambiad de sexo registral antes de agredir a su pareja

Un militar pega a su mujer en Murcia pero elude la denuncia gracias a la ‘ley trans’

Ilustración de Alejandra Svriz.

Un militar de la base aérea de Alcantarilla (Murcia) pegó a su pareja en un bar pero, pese a que había testigos y que la mujer tiene el parte médico de las lesiones producidas, se ha librado de la denuncia por violencia de género. El motivo: el varón se cambió de sexo registral el año pasado, a espaldas de la sociedad y gracias a la ley trans impulsada por Irene Montero.

Los hechos se produjeron este pasado martes 10 de diciembre, en la festividad de la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire. Según figura en la denuncia, el militar trans (al que en el texto se trata en todo momento en masculino) y su pareja se pelearon porque este le prohibió bailar en el local, la insultó y «en un momento dado, la cogió por el pelo y la lanzó hacia la pista de baile, cayendo al suelo».

La víctima, que primero llamó a Emergencias y luego se dirigió a poner la denuncia al cuartel de la Guardia Civil de Las Torres de Cotillas, posee un parte de lesiones y pidió a los agentes una orden de alejamiento, alegando que siente miedo por ella y por su hija, que es de un matrimonio anterior.  Lo que ocurre es que no es un caso que se pueda derivar a uno de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

La persona denunciada tiene 52 años de edad y es mujer a todos los efectos legales, pues se cambió de sexo registral en 2023, tras entrar en vigor la ley trans. Su DNI también refleja su nueva condición. Sin embargo, mantiene su nombre original y su aspecto físico sigue siendo el de un varón. Es decir, es un trans no normativo.

Trans no normativos

Los trans no normativos en España están aglutinados en la asociación TNN. Esta entidad, en conversación con THE OBJECTIVE, asegura no tener relación con la persona denunciada, pero sostiene que «este caso demuestra que no hay igualdad en España, y que la ley sólo se defiende a las mujeres heterosexuales, no a las mujeres lesbianas». «Se está dando un tratamiento desigual según el sexo, con arreglo a la Ley Integral de Violencia de Género, lo cual es inconstitucional (artículo 14). Por cosas como esta nos consta que se está denegando el cambio de sexo registral a muchos trans no normativos», dice la persona que preside TNN, Juanjo.

Juanjo aclara también que no es un «fraude de ley», pues la persona denunciada habría hecho un uso escrupuloso de la norma. «Nosotras no hacemos la ley, no somos responsables de ella. Los políticos son aforados por una ley, no los pueden juzgar en un tribunal de primera instancia, sino en el Supremo. Esto es legal, es la ley. ¿La utilización del aforamiento se considera un fraude de ley?»

La ‘ley trans’

La ley trans estipula que para cambiarse de sexo en nuestro país basta con acudir al Registro Civil con un DNI, el padrón y el certificado de nacimiento. Esto, además, puede hacerlo cualquier persona mayor de 16 años y con nacionalidad española. En un plazo máximo de cuatro meses se completa la solicitud. En aras de la «despatologización», no se requieren informes médicos ni psicológicos.

La ley trans contempla que todo aquel que cometa un delito de violencia de género no puede eludir una condena si modifica su sexo registral a posteriori, pero sí si lo ha hecho antes de cometer el hecho delictivo, como es el caso. Si se trata de un ataque de una mujer (trans) a otra mujer, el caso se juzga como un delito de lesiones. La denunciante, en este caso, pierde el derecho a una defensa gratuita.

Como son varios los casos registrados de maltratadores que esquivan la Ley Integral de Violencia de Género, las víctimas han pedido «una revisión y ajuste de los artículos» de la ley trans «que permiten acciones fraudulentas y situaciones dañinas para las mujeres, menores y las víctimas de violencia machista». Una consecuencia previsible de la norma que, sin embargo, sus impulsoras negaron insistentemente, calificando las advertencias al respecto de «bulos tránsfobos».

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