Rebelión en las prisiones vascas por las nuevas condiciones del Gobierno: «Esto va a explotar»
Solo ha ofrecido una subida salarial al 10% de los funcionarios. En la prisión de Zaballa han dejado de hacer horas extra
La responsable vasca de prisiones, María Jesús San José. | EP
Han pasado tres años desde que el País Vasco asumió la gestión de las prisiones y el Ejecutivo autonómico aún no ha conseguido cerrar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios que integran los tres centros penitenciarios de la comunidad autónoma. Tras casi un año de negociación entre el departamento dirigido por la socialista María Jesús San José y los sindicatos, las cifras que ofrece la responsable vasca no han convencido a los representantes de los trabajadores. Es más, la última oferta, según denuncian fuentes penitenciarias, provocó el enfado de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y ACAIP, hasta el punto de abandonar la reunión que mantenían con los equipos de la Consejería de Justicia.
La propuesta que ha puesto encima de la mesa el área vasca de Prisiones conlleva una subida de salarios generalizada excepto para aquellos funcionarios que trabajan en los módulos de interior de los centros penitenciarios, esto es, los que tienen contacto con los presos y que suponen prácticamente el 90% de la plantilla. «La oferta integra un incremento retributivo de 1.000 euros para los jefes de servicio, otros tantos para los que trabajan en tratamiento (psicólogos, educadores sociales), y 500 euros más los que están en oficinas y área mixta, con horarios de 8:00 a 15:00 horas, y que ni siquiera hacen noches. Hasta ahora, los que estábamos en interior ganábamos 200 o 300 euros más al mes, pero a nosotros nos dejan como estamos», denuncian las mismas fuentes.
Sin horas extra en la prisión de Zaballa
La noticia ha provocado un hondo malestar en los trabajadores penitenciarios. Sobre todo en el caso de la prisión de Zaballa (Álava), donde los funcionarios han renunciado a seguir haciendo jornadas extra para compensar la falta de personal, según revelan fuentes de la citada cárcel. Desde octubre de 2021, cuando se transfirió la competencia penitenciaria, los equipos de la Consejería de Justicia decidieron mantener las ‘peonadas’ para cubrir el déficit y sacar el servicio adelante. Ahora, sin embargo, pese a la llegada de algunos interinos en los últimos meses, la decisión de los funcionarios ha provocado un terremoto en Zaballa.
Tanto es así que la dirección de la citada cárcel ha comenzado a llamar a los trabajadores que estaban librando para reorganizar los turnos y ha decidido cancelar las vacaciones de Navidad que ya estaban asignadas ante el descuadre que ha generado la cancelación de las horas extra. «Esto va a explotar en cualquier momento», advierte un funcionario a este periódico. «Los trabajadores comenzaron a comunicarlo a mediados de esta semana, y poco después, los jefes han comenzado a notificar a quienes estaban de libranza para que trabajasen en sus vacaciones por ‘necesidades de servicio’. De una guardia ya han llamado a cinco para que vengan la próxima semana», cuentan.
Reunión urgente con la consejera
Al parecer, señalan fuentes penitenciarias, el pasado jueves el director de la prisión de Zaballa, Benito Aguirre, se reunió de urgencia con la consejera de Justicia, María Jesús San José, para tratar de solventar la situación ante el caos que había provocado la oferta de su departamento en los trabajadores del centro penitenciario. Prisiones se ha comprometido a tener una propuesta en firme antes de que acabe el año. «Han suspendido todo el sistema que había establecido hasta ahora para las fiestas navideñas. Aquí trabajamos tres días y libramos cinco. Ahora está todo anulado», insisten. En el resto de prisiones, Martutene y Basauri, cuentan, «se aguantará hasta diciembre, pero a partir de enero, con la resolución del concurso de traslados, no sé qué es lo que pasará».
Y es que a este escenario se suma que 230 funcionarios de las prisiones vascas han registrado su solicitud para optar a plazas en otras prisiones españolas. De hacerse efectiva esta petición, esto supondría la salida de la mitad de los trabajadores de la prisión de Martutene (60) y de un tercio de la de Zaballa (120) y Basauri (49). Hace tres años, antes de la cesión de la competencia de prisiones del Gobierno central, unos 600 funcionarios fueron transferidos a los centros vascos. La mayoría de ellos lleva denunciando desde entonces la sobrecarga de trabajo que padecen por la escasez de plantilla y la incapacidad del Gobierno autonómico para solventarlo. El concurso de traslados, que se resolverá en febrero, es la primera oportunidad que tienen para abandonar el sistema penitenciario vasco.
«Somos muchos los que teníamos claro que nos íbamos a marchar, pero ahora, con lo que nos está ofreciendo la consejera San José, serán más los que decidan irse a otras comunidades autónomas», vaticina un trabajador. Los funcionarios acumulan un enorme descontento por la inacción del departamento de Justicia. El problema no solo radica en la falta de plantilla, sino también en la saturación que padecen las tres prisiones. Desde 2021, las cárceles de la comunidad autónoma han recibido 299 presos procedentes de otros territorios, según datos oficiales. «O ponen en marcha alguna solución, o se ira todo el mundo», zanjan.
