El País Vasco deniega el acercamiento del 67% de presos, pero acepta el de todos los etarras

Las prisiones vascas han resuelto favorablemente todas las solicitudes de traslado de presos etarras que cumplían condena en otras cárceles españolas en los últimos tres años, es decir, desde que Euskadi asumió su gestión. Una decisión, avalada también por el Gobierno central, que ha supuesto el fin de la dispersión de los internos de la extinta banda terrorista. Frente a esto, en el mismo periodo, el sistema penitenciario vasco solo ha atendido un 33% de las peticiones de otros presos que cumplían penas privativas de libertad por cualquier otro tipo de delito en otra comunidad autónoma. En otras palabras, el Gobierno vasco solo ha admitido en sus cárceles a uno de cada tres presos que no eran etarras. 

Estas son las principales conclusiones que se extraen de los datos oficiales. Desde octubre de 2021, según explicó hace unos días la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, las cárceles de Martutene, Basauri y Zaballa han recibido 299 presos procedentes de otros territorios: 105 condenados por terrorismo y 194, por otros delitos. No obstante, el área de Prisiones ha rechazado hasta ahora 405 peticiones de otros internos que habían solicitado su traslado a los establecimientos ubicados en el País Vasco, según refleja una respuesta del departamento dirigido por San José al Partido Popular a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.  Esto supone que Prisiones ha denegado el acercamiento del 67% de los reclusos (599) que lo habían pedido desde otras comunidades autónomas.

«Aunque la capacidad operativa de los centros penitenciarios del País Vasco no permite por el momento aceptar todas las propuestas de traslado de personas que cumplen condena fuera de esta comunidad, los profesionales de la administración penitenciaria vasca sí han realizado un esfuerzo importante para albergar en nuestros establecimientos a la mayor parte de las personas que ingresan en ellos, y que antes de la transferencia eran trasladados a centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por este motivo, el número de hombres en régimen ordinario ha aumentado desde que se anunció la transferencia en una cifra cercana a los 300», señala en el escrito la Consejería de Justicia. 

Una «estrategia política» con los presos

Los criterios del Ejecutivo vasco a la hora de aceptar o no las peticiones de traslado de reclusos de otras regiones centraron, precisamente, el debate político el viernes pasado en el Parlamento vasco. El diputado popular Santiago López, quien solicitó los citados datos sobre los acercamientos de reclusos, denunció que la gestión penitenciaria «respondía a una estrategia política» cuya primera frase «consistía en acercar a todos los presos de ETA». «Ahora nos encontramos con que no tienen sitio en las cárceles para más de 400 presos que cumplen condenas por delitos menores porque había que hacer hueco a todos los presos de ETA», criticó López. 

Por su parte, la consejera María Jesús San José contestó al popular argumentando que el criterio que regula los traslados es «el arraigo» de los reclusos. «Ocurre que los únicos presos que a usted le interesan demuestran arraigo, porque para desgracia de los vascos, padecimos a una organización terrorista vasca; y ocurre que, para felicidad de la sociedad vasca, hace 13 años conseguimos que dejaran de matar y perseguir», destacó. San José explicó, en este sentido, que ya no «había nuevos presos por delitos terroristas», pero sí «por delitos sexuales, económicos o de tráfico de estupefacientes». Y, por este motivo, «se dan momentos en los que hay sobreocupaciones temporales que se deben ir corrigiendo». 

«Es tan sencillo de entender como si alguien de Albacete pide ser atendido en nuestro sistema penitenciario, se le denegará; aunque si enferma en Euskadi, se le atenderá», recalcó la consejera socialista. Cabe destacar, no obstante, que el departamento de Justicia no ha facilitado hasta el momento ningún dato sobre el arraigo o falta del mismo que tenían los 405 presos de otras regiones que han cursado la solicitud de traslado al sistema penitenciario vasco. Actualmente, otros 23 presos están a la espera de que se resuelva su petición, según las cifras del Ejecutivo regional.

Falta de personal

En cualquier caso, el Gobierno vasco arrastra distintos problemas desde que asumió la gestión de las prisiones. Uno de ellos es la falta de personal, en parte por el traslado de los presos etarras, según advirtió el propio Defensor del Pueblo; y que podría agravarse aún más tras el concurso de traslados previsto para el próximo mes de febrero. 230 funcionarios han registrado su solicitud para optar a plazas en otras prisiones españolas. De hacerse efectiva esta petición, supondría la salida de la mitad de los trabajadores de la prisión de Martutene (60) y de un tercio de la de Zaballa (120) y Basauri (49). 

Hace tres años, antes de la cesión de la competencia de prisiones del Gobierno central, unos 600 funcionarios fueron transferidos a los centros vascos. La mayoría de ellos lleva denunciando desde entonces la sobrecarga de trabajo que padecen por la escasez de plantilla y la incapacidad del Gobierno autonómico para solventarlo. Hasta ahora, los sucesivos responsables de las prisiones han logrado sacar el servicio adelante con jornadas extras y la contratación de 150 internos sin apenas experiencia. El concurso de traslados es la primera oportunidad que tienen para abandonar el sistema penitenciario vasco. 

Quejas por las condiciones económicas

Por otro lado, el departamento de Justicia aún no ha conseguido cerrar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios que integran los tres centros penitenciarios de la comunidad autónoma. Tras casi un año de negociaciones entre el área dirigida por María Jesús San José y los sindicatos, las cifras que ofrece la responsable vasca no han convencido a los representantes de los trabajadores. Es más, la última oferta, como ya publicó este periódico, provocó el enfado de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y ACAIP, hasta el punto de abandonar la reunión que mantenían con los equipos de la Consejería de Justicia. 

La propuesta que ha puesto encima de la mesa el área vasca de Prisiones conlleva una subida de salarios generalizada excepto para aquellos funcionarios que trabajan en los módulos de interior de los centros penitenciarios, esto es, los que tienen contacto con los presos, y que suponen prácticamente el 90% de la plantilla. La noticia ha provocado un hondo malestar en los trabajadores penitenciarios. Sobre todo en el caso de la prisión de Zaballa (Álava), donde los funcionarios han renunciado a seguir haciendo jornadas extra para compensar la falta de personal. 

La dirección de la citada cárcel ha comenzado a llamar a los trabajadores que estaban librando para reorganizar los turnos y ha decidido cancelar las vacaciones de Navidad que ya estaban asignadas ante el descuadre que ha generado la cancelación de las horas extra. «Esto va a explotar en cualquier momento», advierten varios funcionarios.