El Gobierno encarga a Indra el blindaje de sus mensajes de móvil en pleno escándalo del fiscal
Justicia busca una empresa que se ocupe de destruir de forma periódica informes y documentos confidenciales
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno está reforzando la seguridad de sus comunicaciones. En el último mes, ha impulsado dos contratos, uno de ellos con Indra, para blindar los mensajes de los móviles de Presidencia. Se incluyen los terminales de diferentes altos cargos, entre ellos el del presidente Pedro Sánchez. El otro pliego tiene como objetivo la destrucción de documentos e informes confidenciales del Ministerio de Justicia. Esta estrategia coincide en el tiempo con la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo le imputa la filtración de datos privados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Los contratos analizados por THE OBJECTIVE muestran el interés del Gobierno por asegurar la confidencialidad de sus comunicaciones. Hace solo unos días saltó la polémica al conocerse el borrado de mensajes en las aplicaciones de mensajería instantánea de García Ortiz. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró «cero mensajes» en el teléfono del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo. Esos días coinciden con los que se habían filtrado los datos del novio de Ayuso, Alberto González Amador.
El Gobierno anunció el pasado 16 de diciembre a través de la Plataforma de Contratación la licitación de un pliego para la «recogida, transporte, gestión y tratamiento selectivo de residuos peligrosos y no peligrosos generados en determinadas sedes de los servicios centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la Comunidad de Madrid».
La estrategia del Gobierno
El mismo día que se anunciaba ese contrato para la destrucción de documentos se formalizaba un acuerdo con Indra, participada por el Gobierno, para renovar el mantenimiento del sistema COMSec de comunicaciones seguras de la Dirección de Seguridad Nacional. La herramienta es similar a WhatsApp y está diseñada para proteger las comunicaciones de los altos cargos de Presidencia y las áreas adscritas.
Dicho contrato adjudicado a dedo está valorado en 140.000 euros. Las licencias de COMsec para la DSN fueron adquiridas hace ahora un año por 94.000 euros. La compra coincidió con la nueva legislatura y la incorporación de nuevos altos cargos.
COMSec es una herramienta diseñada por Indra Sistemas para aportar soluciones de comunicaciones seguras de operaciones y localización. Este sistema proporciona servicios cifrados de voz, mensajería instantánea y vídeo sobre teléfonos móviles y ordenadores, empleando cualquier red celular, inalámbrica o satelital a nivel mundial.
La semana pasada la UCO remitió un informe al juez Ángel Hurtado, que instruye el caso de García Ortiz en el Supremo, en el que decía que había encontrado «cero mensajes» en el teléfono del fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo. Esos días tuvo lugar el filtrado de datos privados del novio de Ayuso. El análisis demuestra que los dispositivos habrían sido borrados, como ya denunció un fiscal que vio a su jefe «revisando» su teléfono mientras los agentes registraban su despacho el pasado 30 de octubre.
Recuperar los mensajes
La UCO dispone de diferentes herramientas de restauración, entre ellas un software israelí denominado Cellebrite Ufed. Otra posibilidad serían las copias de seguridad del móvil de García Ortiz. Manos Limpias ya reclamó que se solicitara permiso a Facebook, Google y Apple para acceder al almacenamiento de la nube.
El juez que instruye el caso en el Supremo acordó este lunes pedir nuevas diligencias de investigación en una providencia a la que ha tenido acceso este diario. Hurtado ha pedido a la UCO que facilite los «números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas» incautadas el pasado 30 de octubre, durante el registro al despacho de García Ortiz. También demandó a los agentes que identifiquen a los titulares de esos números.
Un informe anterior, relacionado con el volcado del móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada, constata que existieron conversaciones entre ellos, por lo que los mensajes pudieron ser eliminados. Un extremo que deben corroborar los investigadores, que buscan indicios delictivos en correos electrónicos, mensajes e intercambios de documentación. La Fiscalía sostiene que el borrado se hace de forma periódica por razones de seguridad.
Los expertos consultados reconocen la dificultad de recuperar los mensajes eliminados por el fiscal general. La complejidad aumenta con el tiempo transcurrido desde su borrado, dado que las áreas de memoria habría sido sobrescritas. Por eso los juristas consideran «clave» conocer cuándo eliminó García Ortiz esos mensajes. WhatsApp, por ejemplo, afirma en sus condiciones de servicio que conserva los datos de las cuentas relacionadas con una investigación penal durante 90 días.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa que sigue el Supremo, reclamó este lunes un listado de llamadas de García Ortiz y Rodríguez, para saber si hablaron con periodistas los días de la filtración. También pide que el delegado de protección de datos de la Fiscalía aporte «los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole».
