Marlaska quita a la Guardia Civil en Cataluña las competencias sobre medio ambiente
El Gobierno cede que los Mossos se encarguen de dirigir las investigaciones sobre delitos ecológicos
Reunión entre Marlaska e Illa.
Mientras la cesión de las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra sobrevuela el escenario policial en Cataluña, el Ministerio del Interior ha sellado otro acuerdo con la Generalitat que supone, en la práctica, la mutilación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en la comunidad autónoma. Así se dice en el acta de la pasada Junta de Seguridad, celebrada el pasado 5 de diciembre y consultada por este periódico. Aunque en dicha reunión no se tocó, pese a la polémica, la materia fronteriza, ambos ejecutivos sí determinaron cambios sustanciosos en relación con la investigación de ilícitos administrativos y penales en materia de medio ambiente en Cataluña en detrimento del Instituto Armado.
Según consta en el documento, «acuerdan precisar que corresponde al cuerpo de Mossos d’Esquadra la investigación policial de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña. El cuerpo de Agentes Rurales actuará en apoyo de la Policía de la Generalitat en aquellos supuestos en que sea necesaria su intervención en razón de las funciones que le competen». Esto implica que las pesquisas relacionadas con estos delitos serán siempre lideradas por mossos, cuando hasta ahora esta competencia era compartida con la Guardia Civil.
Un «atajo de dudosa legalidad»
Fuentes del Instituto Armado aseguran que se trata de una «cesión encubierta» habida cuenta de que esta «asignación en exclusiva» contraviene la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad e incluso el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 144 establece que las competencias en medio ambiente son compartidas por Generalitat y Estado. Por lo que, denuncian las mismas fuentes, «se requiere una ley orgánica para modificar esta previsión y no un simple acuerdo».
«En los veinte años en los que se viene ejerciendo la competencia de forma compartida, se ha llevado a cabo con una perfecta coordinación entre ambos cuerpos en esa materia, por lo que excluir a la Guardia Civil no solo no mejora la lucha contra la protección del medio ambiente, sino que debilita su protección», denuncia en un comunicado la Unión de Oficiales, la asociación de los mandos de la Benemérita.
Esta organización explica que si el departamento de Grande-Marlaska y el de Interior de la Generalitat quieren establecer un nuevo marco regulatorio de las atribuciones legales en materia de medio ambiente en Cataluña, el procedimiento correcto no es el de un acuerdo en la Junta de Seguridad, sino el de una transferencia de competencias como ha hecho el Gobierno con la aprobación de una ley orgánica recientemente el Congreso para materializar el traspaso de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. «El acuerdo al que han llegado Interior y la Generalitat atenta contra leyes en vigor, es un atajo de dudosa legalidad», censuran.
El papel de los jueces en Cataluña
El pacto establece que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tiene la obligación de informar a los Mossos de cualquier hecho relacionado con el medio ambiente para que el cuerpo autonómico asuma la titularidad de la investigación o, como mínimo, forme parte de los equipos de investigación que coordinen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los ilícitos administrativos y penales en la parte que afectase al territorio de Cataluña.
Ante este nuevo escenario, las fuentes consultadas advierten de que el acuerdo «olvida» que muchas de las investigaciones referidas sobre delitos de medio ambiente son dirigidas por jueces o fiscales, los cuales determinan qué cuerpo se hace cargo de las pesquisas. De este modo, prosiguen, el convenio firmado por ambos ejecutivos genera «incertidumbre, inseguridad jurídica y una contradicción: ¿Qué se debe cumplir? ¿El acuerdo o las leyes orgánicas que regulan la materia?».
La Unión de Oficiales denuncia que el Gobierno «lleva años utilizando las competencias de la Benemérita como moneda de cambio (…) pero que asumamos que se nos utilice no implica que admitamos que esto se haga contraviniendo lo que dice la ley. «La ley es para todos, y todos deben cumplirla. No es comprensible que en determinados territorios de España, poco a poco, se esté desmantelando la Guardia Civil por la puerta de atrás, sin respetar lo que establecen las leyes vigentes». Por este motivo, la asociación de mandos estudia acciones legales para impugnar el acuerdo que, considera, incumple el marco normativo vigente.
