El Gobierno vasco amenaza con sancionar a los funcionarios de baja en la prisión de Álava
La falta de cien trabajadores, de baja por estrés, ha obligado a la cárcel de Zaballa a cerrar dos departamentos
La responsable vasca de prisiones. | EP
El conflicto abierto entre el departamento de prisiones vasco y los funcionarios de la cárcel de Zaballa, en Álava, da un paso más. La Consejería de Justicia ha remitido un oficio a la dirección del citado centro para solicitar la identidad de todos los trabajadores que han presentado la «incapacidad laboral transitoria» en las últimas cuatro semanas, así como cualquier otra información que obre en poder del responsable para iniciar los trámites de expediente disciplinario contra todos ellos e investigar las razones que han llevado a más de cien funcionarios a coger la baja de manera consecutiva durante el mes de diciembre. El Gobierno vasco, apunta el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, da respuesta así al auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, que instaba a tomar medidas disciplinarias contra los trabajadores ante el gran déficit de plantilla que padece la prisión.
La grave falta de personal llevó al director de Zaballa, Benito Aguirre, a denunciar ante el juez hace unas semanas una situación por la que se veía obligado a cerrar incluso departamentos del centro penitenciario. En concreto, el de comunicaciones y el sociocultural, para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de la población reclusa, ante la oleada de bajas que se habían cursado en los últimos días. En un auto, el juez decidió abrir diligencias penales contra todos los funcionarios. Calificó de «preocupante, insostenible, intolerable y alarmante» el asuntó y apuntó a que los funcionarios estarían perpetrando una «huelga encubierta» en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales con la administración vasca.
Tal como adelantó este periódico, la última oferta que puso sobre la mesa a los sindicatos el área de Prisiones, con la consejera socialista María Jesús San José al frente, provoco un hondo malestar entre el personal de las cárceles. Los equipos de San José ofrecieron una subida generalizada de salarios a todos los funcionarios, excepto a los que tienen contacto con los presos, en los módulos de interior, y que suponen prácticamente el 90% de la plantilla. Esto tuvo un efecto inmediato en la prisión de Zaballa: los empleados renunciaron a seguir haciendo jornadas extra para sacar el servicio adelante ante la falta de personal. Lo que, sumado a las bajas, ha dejado el centro en mínimos históricos.
Las bajas están justificadas
Fuentes sindicales ven en el escrito de la Dirección de Justicia una «amenaza» contra los trabajadores para que vuelvan a su puesto de trabajo, cuando todos ellos, advierten, «tienen reconocida su incapacidad laboral por médicos distintos e incluso de distintas provincias». El CSIF denuncia que desde que el Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la competencia penitenciaria, la plantilla de la prisión de Álava se ha visto obligada de manera continua a hacer peonadas «sobrepasando los límites legales a fin de dar un servicio público de calidad y con responsabilidad».
Esta organización sindical critica que en los últimos tres años, el área de Prisiones no ha sido capaz de solucionar la carencia de personal y ha optado por aplicar de «manera unilateral» el reglamento penitenciario «obligando a los trabajadores a realizar jornadas de 36 o 48 horas seguidas». En algunos casos, hay funcionarios que han hecho 200 horas extra en el último año. Un sobreesfuerzo, prosiguen, que ha terminado causando el agotamiento físico y mental de la plantilla, y con ello la baja de decenas de profesionales, lo que «sin duda ha provocado una disminución de la calidad del servicio penitenciario».
En cualquier caso, en el sindicato entienden «que el único responsable de esta situación es la administración vasca. La no realización de horas extraordinarias debe tomarse como un derecho de los trabajadores a no ser explotados por el Gobierno Vasco y una dejadez a no dotar de personal suficiente», censuran desde el CSIF, que ha solicitado a las inspección de trabajo que se persone la prisión «para comprobar y constatar dichas condiciones y así poder evitar manipulaciones u ocultar datos». Denuncian que, actualmente, la prisión funciona con un tercio de la plantilla.
Tensión entre los presos
En paralelo, denuncian fuentes penitenciarias, el ambiente en la prisión de Zaballa «es cada vez más tenso entre los reclusos» tras el cierre de los citados departamentos. «Esto es un polvorín. La cosa pinta muy mal y cualquier día puede haber un motín. Los presos se niegan a obedecer y no quieren entrar a las celdas», advierte un trabajador. Algunos, señalan las mismas fuentes, han padecido incluso ataques de ansiedad en los últimos días. «El Gobierno ha decidido contratar a personal interino joven y sin apenas experiencia en los módulos de interior; si con antigüedad ya es difícil solventar estos conflictos, imagínate en estos casos».
Por si fuera poco, la Consejería de Justicia también deberá hacer frente en febrero de 2025 a la posible salida de decenas de trabajadores de las prisiones: 230 funcionarios han registrado su solicitud para optar a plazas en otras prisiones españolas. De hacerse efectiva esta petición, esto supondría la salida de la mitad de los trabajadores de la prisión de Martutene (60) y de un tercio de la de Zaballa (120) y Basauri (49). Hace tres años, unos 600 funcionarios fueron transferidos a los centros vascos. La mayoría de ellos lleva denunciando desde entonces la sobrecarga de trabajo que padecen y la incapacidad del Gobierno autonómico para solventarlo. El concurso de traslados es la primera oportunidad que tienen para abandonar el sistema penitenciario vasco.
