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Cinco ex altos cargos de Cataluña, al borde del banquillo por negar vacunas a policías en 2021

El juez los responsabiliza de delitos de prevaricación y contra los derechos de trabajadores tras poner en riesgo sus vidas

Cinco ex altos cargos de Cataluña, al borde del banquillo por negar vacunas a policías en 2021

La exconsejera Alba Vergès, procesada por prevaricación administrativa. | EP

El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha dejado al borde del banquillo a cinco ex altos cargos del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. El titular los considera responsables de haber puesto en peligro las vidas de miles de policías y guardias civiles que trabajaban en la comunidad autónoma tras suspender «de forma arbitraria e ilegal» su vacunación contra la covid en abril de 2021. Cuatro años después de que los sindicatos y asociaciones profesionales denunciasen los hechos, el juez ha cerrado la instrucción y ha dado trasladado de las diligencias a las partes, que deberán emitir un informe en el plazo de diez días solicitando la apertura de juicio oral o, por contra, el sobreseimiento del caso. 

En el auto de transformación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez Fernando Criado ha procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores a la entonces consejera de salud, Alba Vergés; al exdirector de servicios del departamento, Francesc Xavier Rodríguez; al exdirector del Servicio de Salud de Cataluña, Adría Comella Carnicer; al exsecretario de Salud Pública, Josep María Argimon Pallás; y al ex director general de Coordinación Interdepartamental, Marc Ramentol Sintas

Las diferencias entre Mossos y Policía

El magistrado califica la decisión de los responsables del Govern, dirigido entonces por ERC, contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil de «arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria». Una consideración que ya señaló el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una sentencia a finales de 2021, en la que exponía como mossos, bomberos y policías locales empezaron a recibir las primeras vacunas contra el coronavirus en Cataluña el 10 de febrero mientras las de policías y guardias no llegaron hasta un mes después. «Llegaron con un mes de diferencia y a un ritmo, además, extremadamente lento», alegó el tribunal

Para justificar la denuncia, los sindicatos Jupol y Jucil adjuntaron en la misma las estadísticas de los porcentajes de vacunación de los funcionarios hasta el 24 de marzo. Una prueba que el juez, de por sí, considera, concluyente: Mossos d’Esquadra 77%, Policía Local 66,9%, Bomberos 69,8%, Guardia Urbana de Barcelona 77,9%, Bomberos de Barcelona 66,9%, mientras que Policía Nacional y Guardia Civil, solo tenía vacunados a un 3,6% y 2,8% de sus agentes, respectivamente. Un mes después, el 22 de abril, además, esos porcentajes seguían siendo muy bajos, alcanzando estos cuerpos un 9,9% y un 6,32%. 

«Desprecio hacia los funcionarios»

En el escrito, el juez Criado destaca que en la instrucción se han incluido las cartas que remitió la entonces delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a los ministros de Sanidad y de Policía Territorial, Carolina Darias y Miquel Iceta, para evidenciar la perplejidad de la decisión adoptada de suspender la vacunación, «con los inevitables perjuicios que sin duda se iban a generar». Pues, advierte el magistrado, el proceso de vacunación estaba ya dispuesto para reemprenderse en fecha 24 de marzo de 2021 cuando fue suspendido «por una decisión irrazonable e inexplicable, y que solo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios por estar integrados en cuerpos nacionales». 

La decisión de frenar la vacunación «no podía ser adoptada por la administración autonómica, pues la condición de grupos prioritarios de vacunación la decidía el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud». Por lo que, insiste el juez, el Departamento de Salud, «con su ilegal decisión, vino a suprimir de facto la prioridad que en la vacunación ostentaban estos colectivos profesionales, cuyas funciones resultan esenciales para la sociedad y convivencia pacífica de los ciudadanos». 

Una situación de riesgo en plena pandemia

Respecto al supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, «puede adelantarse ya que se aprecian indicios racionales de que con la cuestionada decisión adoptada, se puso en grave riesgo la salud e incluso la vida de miles de funcionarios de policía a los que se privó de vacuna en plena pandemia, al tiempo que se les exigía cumplir con las funciones que les vienen legalmente encomendadas y por todos conocidas». Tanto es así que, tras enterarse, advierte el juzgado, la Administración central se planteó proceder a la vacunación, sin llegar hacerlo, por «la urgencia y necesidad de adoptar la medida sanitaria para proteger a dichos empleados públicos». 

El Sindicato Profesional de Policías (SPP), la organización que representa a la mayoría de mandos del cuerpo y personada en la causa, celebra la decisión del juez. «Fue lamentable que, ante una situación de emergencia, la Administración catalana dejase literalmente abandonados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando muchos de ellos tienen arraigo allí. Lo hicieron solo porque eran funcionarios de Policía, fuimos ciudadanos de segunda con algo tan básico como una vacuna que salvaba vidas. Ahora se deben depurar responsabilidades».  

Desde Jupol señalan que este avance en el caso «no hace más que confirmar la injusticia sufrida por miles de agentes de la Policía nacional y de la Guardia Civil en esta región y vuelve a poner de manifiesto el trato discriminatorio que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Generalitat de Cataluña».




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