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Interior paga cinco millones en indemnizaciones a policías tras perder litigios contra ellos

El área de Marlaska ha compensado a cientos de agentes, suspendidos injustamente en oposiciones de los últimos años

Interior paga cinco millones en indemnizaciones a policías tras perder litigios contra ellos

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

El Ministerio del Interior ha pagado ya más de cinco millones de euros en costas judiciales e indemnizaciones a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tras perder litigios contra estos funcionarios, según apuntan fuentes judiciales y policiales consultadas por este periódico. Este montante económico se encuadra en los casi siete años que Fernando Grande-Marlaska lleva al frente del citado departamento, un periodo en el que, advierten las mismas fuentes, los recursos contra la Administración se han incrementado considerablemente. Destacan casos contra nombramientos por el sistema de libre designación, ceses de mandos… pero sobre todo demandas contra los procesos de selección de la Policía Nacional. «Interior lo ha perdido todo», afirman.

La mayoría de las compensaciones que han salido del área de Grande-Marlaska han ido para los miles de aspirantes que recurrieron en los últimos años errores en las oposiciones de acceso a la escala básica de la Policía tras haber sido eliminados del proceso. La mayor parte de ellos siempre en la misma prueba, la de ortografía. Tanto es así que tras años de polémicas y litigios por este motivo, Interior decidió en 2022 eliminar el test ortográfico de los exámenes. El año en que hubo más controversia fue 2019, cuando el Cuerpo dio por incorrectas cuatro palabras de la prueba que hasta la propia Real Academia de la Lengua Española (RAE), según recurrieron después los afectados en un informe, daba por correctas. 

Miles de aspirantes se quedaron fuera del proceso injustamente. Tres años después, en 2022, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó los recursos de decenas de afectados, anuló la prueba de ortografía y obligó a la Policía Nacional a readmitirlos en el proceso selectivo tras considerar los hechos «inadmisibles». Y no solo eso; el TSJ, en otra resolución judicial, extendió los efectos de la sentencia para aquellos que no acudieron a los tribunales y que, pese a ello, solicitaron formalmente al mismo que se les reconociera la posibilidad de dar por válidas las cuatro palabras. 

18.000 euros por año

Esta resolución implicaba que el aspirante debía ser readmitido en las pruebas selectivas cuya convocatoria fuese más próxima y, tras superarlas, ser reconocido como funcionario desde el momento en que fue suspendido «irregularmente» por el tribunal selectivo. Es decir, que si el opositor debía haber aprobado en la promoción de 2019 y, tras el recurso, la Policía lo reconocía como apto en 2023, Interior debía resarcirlo económicamente como si hubiese ejercido como policía durante ese tiempo. Esto es, unos 18.000 euros por año, si no había percibido ingresos por otros trabajos, que se descontaban del montante. «Ha habido muchos alumnos que han entrado a la Academia de Ávila con casi 36.000 euros y la antigüedad reconocida, es decir, que pueden elegir los destinos antes». 

Pese al desembolso económico que ya ha ejecutado el Ministerio del Interior tras los distintos varapalos judiciales, todavía está pendiente de abonar las indemnizaciones a decenas de estos policías. Según denuncian a este periódico, desde la división encargada de gestionar los abonos señalan que «están sin presupuesto» desde finales de 2024 y «a la espera de poder ingresar las cuantías a partir del mes de marzo». «Yo ya tuve que insistir durante un año, desde febrero de 2023, solo para que me reconocieran el recurso en la División de Personal. Después te tramitan el pago en otra unidad, pero no me ha llegado nada, ni a mí ni a muchos compañeros», denuncia una agente. «Luchamos por algo que sabíamos que era injusto, ellos se negaron a darnos la razón, ahora se lamentan», señalan otros afectados.

Indemnizaciones por lesiones

También son numerosas las indemnizaciones a agentes por lesiones durante servicios que debe cubrir Interior tras declararse insolvente el agresor, pero que niega sistemáticamente. Destaca la de un guardia civil al que Interior tuvo que pagar 9.000 euros. El agente, asistido jurídicamente por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), demandó al departamento dirigido por Grande-Marlaska por negarle el abono, ya que la Administración consideró que la pretensión del funcionario estaba fuera de plazo. Posteriormente, la Audiencia Nacional determinó que las fuerzas de seguridad siempre están amparadas por el principio de indemnidad, es decir, si sufren daños durante el ejercicio de su cargo deben recibir su reparación de la Administración en cuyo nombre actúan si el causante directo no es localizado o resulta insolvente.

Sonados son, de igual forma, los recursos de altos mandos de la Policía y de la Guardia Civil contra resoluciones de Interior para cubrir puestos en el exterior; de promociones de ascensos o por ceses, supuestamente, arbitrarios, en los que, normalmente, en la mayoría de casos, el Ministerio debe asumir las costas procesales si los juzgados tumban sus decisiones. El último ha sido el nombramiento de consejero de Interior en la Embajada de España en París, según publicó este lunes este diario. La Audiencia Nacional ha tumbado la designación de este comisario porque el área de Grande-Marlaska no la motivó correctamente. 

Falta de motivación en los nombramientos

La sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, desestima el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado y ratifica la decisión del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 9, que dio la razón a la recurrente, la comisaria principal María del Sagrario L., al considerar que la resolución para la provisión del puesto no estuvo suficientemente motivada; es decir, el Ministerio de Interior no justificó correctamente la decisión de dar el puesto al citado mando policial frente a los otros candidatos, entre ellos la demandante.

Tras este dictamen, sobre el que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Interior tendrá que cesar al actual agregado de Interior en Francia y retrotraer el procedimiento «para que el órgano competente se pronuncie, con libertad de criterio, sobre los méritos de idoneidad alegados por los candidatos y explicite la motivación de su decisión», señala el fallo. La Audiencia Nacional considera que el acta de la comisión de destinos en las delegaciones diplomáticas, sobre la que basa la Dirección General de la Policía su decisión, «no sirve para justificar la razón de elección de los candidatos nombrados». 

Similares a estas resoluciones han sido también los recursos estimados por el Tribunal Supremo en favor del coronel Diego Pérez de los Cobos. Este mando de la Guardia Civil, que se jubiló en diciembre, venció en ocho ocasiones a Interior ante los tribunales. No solo por «su cese ilegal» en 2020, tras lo cual fue repuesto como jefe de la Comandancia de Madrid, sino también por la negativa del Ministerio a ascenderle a general cuando reunía más requisitos y méritos que el resto de candidatos.







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