El Gobierno controla las subvenciones a programas de asilo por los riesgos de fraude
Migraciones encarga a Deloitte una auditoría de 1.100 programas y actuaciones de más 2.300 millones de euros
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno ha impulsado un importante contrato, valorado en 3,8 millones de euros, para controlar las subvenciones vinculadas a diferentes sistemas de acogida, asilo y refugio en materia de protección internacional. Los detalles de los pliegos, que han recaído en la consultora Deloitte y a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, muestran el interés del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por hacer un seguimiento de una partida de ayudas cada vez más cuantiosa. En total, desde 2017, las partidas a auditar superan los 2.300 millones.
Además, se hace especial hincapié en que una parte importante de los fondos para los programas proceden de la Unión Europea. Hace nueve meses, se inició la licitación de este contrato, cuya adjudicación se ha demorado por diversas incidencias en un procedimiento en el que se aceptaron cuatro licitadores. PricewaterhouseCoopers Auditores interpuso un recurso especial a los pocos días de anunciarse la licitación. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) decidió parar los trámites para evitar efectos en los licitadores. También hubo licitadores incursos en bajas temerarias.
La mejor oferta económica fue realizada por PricewaterhouseCoopers Auditores, pero fue desechada por anormal. La siguiente mejor oferta fue la de Deloitte. Quedaron en el camino KPMG Auditores y Mazars Auditores. Según se desprende de los pliegos, la Secretaría de Estado de Migraciones, encargada de la gestión de los fondos y planes de acción de la Unión Europea en materia de asilo, migración, integración e inclusión no cuenta con los suficientes medios internos para el control de dichos fondos.
Medios y control del fraude
Por ello, el ministerio ha decidido acudir a ayuda externa para la comprobación de las subvenciones concedidas a un conjunto de proyectos, correspondientes a diferentes convocatorias. El departamento asume que no tiene medios humanos para llevar a cabo los trabajos, que la supervisión «es compleja» y difícil de desarrollar con calidad y que no es posible formar para esa labor a los funcionarios adscritos a la Secretaría de Estado de Migraciones. Es clave la necesidad, con plazos que se estiman muy cortos, de hacer efectivas las cuentas anuales para obtener los retornos financieros del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del Fondo Social Europeo.
El FAMI es el instrumento financiero de la Unión Europea para la cofinanciación de aquellos proyectos que promueven la eficacia de la gestión de los flujos migratorios y el desarrollo de la política común en materia de asilo e inmigración. Este fondo se gestiona conjuntamente por la Comisión Europea y los Estados miembros a través de la aprobación de programas. Para el marco 2021-2027 tiene un presupuesto total de 9.882 millones de euros y España cuenta con una asignación inicial de 482,3 millones de euros.
Las convocatorias de ayudas a diferentes programas que se deberán auditar, según señalan los pliegos, abarcan de 2017 a 2024. Muchas de ellas están financiadas por los presupuestos generales del Estado (PGE). Atención humanitaria, cohesión social y convivencia, protección internacional y retorno son algunos de los objetivos de estas ayudas. En total, suman 2.324 millones a través de más 1.100 programas y actuaciones.
Asilo y refugio
La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional, resolvió en 2024 96.251 expedientes de protección internacional. Esta cifra supone un incremento del 4,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992, salvo 2020, que marcó el máximo por la situación excepcional de la pandemia.
Durante 2024, España ha recibido también 167.366 solicitudes de protección internacional, según los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre. Se trata de un 2,5% más que en el año anterior y el mayor número de la historia de la OAR. España se sitúa así como el segundo país receptor de protección internacional en la Unión Europea, solo por detrás de Alemania.
Por nacionalidades, el país de procedencia con más solicitantes ha sido Venezuela, con 66.134 peticiones, un 39,5% o del total, seguido de Colombia (40.140). Ambos países suman el 63,5% de los expedientes formalizados en el año 2024. Les siguen, por número de solicitudes, Mali (10.673), Perú (10.427) y Senegal (7.708). Las cinco primeras nacionalidades concentran el 80,7% del total de los expedientes registrados. Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (47.439), por delante de Andalucía (25.538) y Cataluña (17.488).
Protección internacional
El pasado año se han concedido 6.355 estatutos de refugiado. Las cinco primeras nacionalidades de las personas que han recibido el estatuto son Nicaragua, Siria, Afganistán, Colombia y Honduras. Se ha tramitado también la protección subsidiaria para 11.453 personas, un 200% superior a las resoluciones firmadas el año pasado, y la cifra máxima de protecciones subsidiarias concedidas en España. 33.534 ciudadanos, venezolanos en su mayor parte, han recibido además autorización de residencia por razones humanitarias durante un año. De acuerdo con estos datos, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se ha situado en un 18,5%, seis puntos por encima de 2023, y la tasa de protección internacional ha alcanzado el 53,3%.
