El Constitucional vaticina una batalla por la cesión de inmigración a Cataluña: «Es ilegal»
Cuando se resuelva el recurso, el presidente del Constitucional, Conde-Pumpido, posiblemente ya no esté en el Tribunal
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Magistrados del Tribunal Constitucional consultados por THE OBJECTIVE advierten sobre la ilegalidad de la proposición de ley registrada por el PSOE y Junts en el Congreso de los Diputados para ceder a Cataluña algunas de las competencias de inmigración después de que Junts retirara la petición de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza en la Cámara Baja.
Según han explicado ambos partidos en el documento al que ha tenido acceso este periódico, Cataluña se configurará como «ventanilla única» en su territorio para poder autorizar las estancias de larga duración, así como la residencia temporal y la residencia de larga duración. Además, también han alcanzado un entendimiento en materia fronteriza, uno de los principales puntos conflictivos, porque Moncloa no estaba dispuesta a ceder todo el control a los Mossos d’Esquadra. El acuerdo alcanzado, según la propuesta, implica que la policía autonómica podrá gestionar la seguridad de la frontera, pero en colaboración con la Guardia Civil y Policía Nacional.
«Es inconstitucional»
Fuentes de la Corte de Garantías, órgano encargado de decidir sobre si la norma vulnera la Carta Magna, recuerdan que el artículo 150.2 de la Constitución dice así: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».
Consideran que es ambigua la delimitación de no poder no considerarse delegación las competencias que «deban considerarse excluidas por razón de su naturaleza». Pese a ello, estos magistrados no dudan: «Yo creo que la materia del control de fronteras y del control de inmigración es algo que va infinitamente más allá de un interés local o de un interés autonómico, porque eso afecta al interés nacional y del mismo modo que no se puede delegar la defensa de España en una comunidad autónoma tampoco puedes delegar el control de las fronteras de España en una comunidad autónoma».
Igualmente, añaden que la proposición de ley choca de lleno con el artículo 149.2 de la Constitución, que atribuye al Estado «la competencia exclusiva» de las políticas que afectan a «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo», advierten fuentes jurídicas del Supremo a THE OBJECTIVE.
Por todo ello, estos magistrados concluyen que «es inconstitucional». Sin embargo, se trata de un asunto «complejo» porque, explican, «hay que tener en cuenta que no existe jurisprudencia sobre este tema, dado que el tribunal no se ha pronunciado nunca antes». Y recuerdan que quizá cuando se resuelva este recurso, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, posiblemente ya no esté en la Corte de Garantías, porque el 10 de marzo del año que viene cumple su mandato de nueve años y ya no puede renovar.
Expulsiones
La proposición de ley también da margen para que los Mossos d’Esquadra participen en el control y seguridad de la inmigración, y en el régimen sancionador. Aunque «todas las expulsiones de los ciudadanos extranjeros serán a petición de la Generalitat», la ejecución de estas expulsiones seguirán dependiendo del Estado.
La policía autonómica se coordinará con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que están presentes en todo el espacio Schengen. No obstante, prevén que sea la Junta de Seguridad de Cataluña la que fije los criterios sobre las expulsiones.
El hecho de que Junts no ostente el poder en la Generalitat les hace ser prudentes sobre cómo se desplegarán estas competencias. «Hemos conseguido la herramienta para hacerlo», pero no la operativa. Sus siguientes pasos serán forzar en el Parlament que el Gobierno de Salvador Illa gestione esta nueva herramienta con los criterios que ellos consideran acertados.
Al mismo tiempo, matizan que no se ha acordado ninguna ley de extranjería, y que, en consecuencia, el control fronterizo será coordinado entre los tres cuerpos policiales. También van a aumentar progresivamente los efectivos de Mossos ahí destinados: «Se van a incrementar en 1.800, junto a los 5.000 ya aprobados en la Junta de Seguridad». Al término de 2033, el cuerpo de los Mossos tendrá que tener un total de 26.800 efectivos.
