Los Mossos ven inviable la cesión migratoria: «En unos años habrá avalancha de jubilaciones»
Los sindicatos advierten de la falta de efectivos y critican que PSOE y Junts no les hayan informado en ningún momento
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. | EP
La «delegación» a Cataluña de competencias en materia de extranjería y fronteras ha generado división en la policía catalana. Los Mossos d’Esquadra, que asumirán funciones hasta ahora desempeñadas exclusivamente por Policía Nacional y Guardia Civil si sale adelante la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts, celebran, por un lado, que se amplíen sus labores como policía integral en la comunidad autónoma; pero por otro advierten de la inviabilidad de la cesión a «corto y medio plazo» por la falta de efectivos que padece el cuerpo autonómico y la «avalancha de jubilaciones que además se prevé en los próximos años» por el envejecimiento de la plantilla policial.
Si bien el acuerdo entre socialistas e independentistas es ampliar la plantilla de 19.200 efectivos hasta los 26.800 en 2032, los sindicatos señalan que esa cifra ya no es suficiente si se tiene en cuenta la carencia de personal que existe ahora sin asumir las nuevas responsabilidades. «Coincide que estamos en un momento muy malo de seguridad en Cataluña y, por este motivo, faltan entre 3.000 y 4.000 agentes. A esto hay que sumar el envejecimiento de la plantilla, dentro de un lustro, se van a jubilar 1.000 agentes cada año y otros muchos van a pasar a reserva, es decir, solo podrán hacer labores administrativas», advierte a este periódico Toni Castejón, portavoz de Fepol, una de las principales organizaciones sindicales.
De este modo, serían necesarias promociones de al menos 1.500 policías anuales en los próximos años si se quiere alcanzar la cifra. En cualquier caso, insiste Castejón, el cuerpo catalán no sabe nada de las competencias que debería asumir más allá de lo que cuenta la proposición de ley y la prensa. «Es todo política. Nosotros somos espectadores, no se nos ha informado ni se ha contado con nosotros para la redacción de la norma. Se está hablando muy gratuitamente de que podemos asumirlo todo, pero no es así. Si se hace, hay que hacerlo bien y, sobre todo, sin que repercuta en otros servicios. Y para eso hacen falta muchos años», critica este mosso.
¿De dónde van a salir tantos ‘mossos’?
En cualquier caso, Mossos desconoce también el número concreto de policías y guardias civiles que se dedican a las funciones que deberían asumir en el futuro como la cogestión de fronteras terrestres, aéreas y marítimas; proponer expulsiones, gestionar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o expedir el NIE. Fuentes policiales sitúan la cifra de efectivos especializados en torno a 1.700. «Ni aunque fuesen la mitad podríamos asumirlo», revela un mando de la policía catalana. Lo que también preocupa en el cuerpo es que aumentar de pronto la oferta de plazas policiales en Cataluña baje el grado de exigencia. «No podemos negarnos a tener más agentes, pero de algún sitio tienen que salir», advierte la misma fuente.
También insiste en esto Inma Viudes, portavoz de SAP-Fepol. «No nos gustaría pensar que haciendo convocatorias y convocatorias de oposiciones se bajase el nivel de preparación y formación de los nuevos mossos. Además, es importante recalcar que no tenemos infraestructuras para acoger a tanta gente, las comisarías ya empiezan a estar sobrecargadas, por lo que también sería necesario ampliar las instalaciones policiales». Del igual modo, los sindicatos dudan de si el cambio conllevará alguna mejoría en la operatividad policial, cuando en la actualidad ya se desarrollan operaciones conjuntas. «No es una competencia sencilla y al final los otros cuerpos, Policía y Guardia Civil, tienen mucha experiencia. No paramos de hacer dispositivos con ellos, a nivel agentes no hay ningún problema. Habrá que ver si la cogestión de fronteras es más efectiva que ahora…», reflexiona Toni Castejón.
Desde la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), otro sindicato con gran representación, su portavoz, Albert Palacio, también insiste en la inviabilidad de la delegación de competencias por la falta de agentes y de especialización: «Hay que tener en cuenta que cada año se jubilan más mossos y a partir de 2030, más del 50% de la plantilla tendrá 57 años o más y se pueden retirar a segunda actividad». Este agente insiste en primero reforzar la seguridad en la calle «por los grandes índices de inseguridad». «Los políticos siempre juegan con el ciudadano, asumir esa competencia no debería ser ahora la prioridad. También se necesita formación, conseguir la acreditación de Aena, no vale con un cursillo de 15 días».
Un varapalo para Policía y Guardia Civil
Para Policía Nacional y Guardia Civil la decisión acordada entre PSOE y Junts supone un varapalo sin precedentes. Asociaciones profesionales y sindicatos policiales han convocado ya la primera protesta el próximo miércoles frente al Congreso de los Diputados. Critican que la cesión de las competencias en materia de extranjería supone «un golpe mortal» a los cometidos que desarrollan ambos cuerpos en la comunidad autónoma y en el país, y advierten de que «es ilegal» porque la ley colisiona con «el marco normativo nacional y debilita la seguridad del Estado».
Ambas formaciones políticas han justificado la cesión sobre la base del artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir a las comunidades autónomas «facultades correspondientes a materia de titularidad estatal» que por su propia naturaleza «sean susceptibles de transferencia o delegación». Frente a esto, sin embargo, fuentes policiales defienden que las competencias en inmigración pertenecen en exclusiva a la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal como establece en el artículo 12 la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la propia Carta Magna.
Esto último es lo que ha defendido precisamente en los últimos meses el propio ministro del Interior ante los incesantes rumores sobre la transferencia. Ahora, que ya es una realidad, el titular todavía no se ha pronunciado pese a que este jueves volvió a retomar su agenda. Grande-Marlaska decidió suspenderlapor un problema de salud, una infección bacteriana, el pasado martes, día en el que el partido socialista y la formación de Carles Puigdemont registraron la proposición de ley.
