Temor en la Policía por la cesión en inmigración: «Supone nuestra desintegración en Cataluña»
Bolaños confirma que se desarrollará a través de una ley pero no aclara si afectará a competencias de la Policía Nacional
Imagen de agente de Policía. | EP
La delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña todavía está rodeada de incógnitas. Si bien este jueves el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha explicado que la cesión se desarrollará a través de una ley orgánica, desde el Ejecutivo no se ha especificado todavía si este acuerdo con Junts incluirá el control de las fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular, competencias que pertenecen en exclusiva al Estado y, más concretamente, al Ministerio del Interior.
La Policía Nacional es el cuerpo que se encarga de forma exclusiva de estas atribuciones en todo el país: el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal y, en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración.
Aunque muchas comunidades autónomas tienen órganos administrativos sobre inmigración, de hecho, el Estatuto de Autonomía de Cataluña contiene amplias competencias sobre esta materia, ceder competencias de nacionalidad o extranjería en el sentido de la fijación de las condiciones de entrada y permanencia en España resulta más complicado, según apuntan fuentes jurídicas a este periódico.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, ha remitido este jueves una carta urgente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska «para que defienda a la Policía Nacional y preserve las competencias del Cuerpo». Al mismo tiempo, apuntan en una nota, han solicitado amparo de la Unión Europea frente a lo que consideran «un riesgo extremo para nuestras fronteras».
A juicio de esta organización policial, la transferencia de competencias «supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña». «No podemos ir en contra de la dinámica de la Unión Europea, que trata de asumir y de centralizar mayor competencia en materia de extranjería y fronteras y es ahí a donde debemos dirigir nuestros ojos, con las acciones coordinadas desde los países miembros», advierten.
«Despropósito»
Jupol, otro sindicato con gran representación en la Policía, ha calificado de «despropósito» el anuncio y advierte de que supondrá una «pérdida de competencias para los policías destinados en Cataluña, sin atender en ningún caso a criterios técnicos u operativos y basándose solamente en objetivos políticos y partidistas».
Desde la organización sindical, su secretario general, Aarón Rivero ha asegurado que la posible merma en las competencias de la Policía Nacional «es una muestra del talante que pretende mantener este Gobierno durante la legislatura y del perjuicio que va a suponer el mismo para todos los policías nacionales, para la institución y en consecuencia para la ciudadanía en general».
«Conveniencia política»
En la misma linea, la Confederación Española de Policías (CEP) apunta que la cesión «no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades» ni es la «conclusión de un debate en el que se haya acreditado que la gestión compartida de las políticas migratorias es más eficaz o va a beneficiar más a los ciudadanos». Sino que, por contra, la medida anunciada responde a aplicación de un criterio de conveniencia política —plenamente legítimo— cuyo fin último no es la mejora de una política pública sino el paliar una debilidad parlamentaria».
Aunque todavía no se conoce el alcance concreto de la cesión, que podría centrarse en la parcela social y laboral y no tanto en la competencia policial, desde el CEP defienden que el Estado «debe mantener el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador».
