La Policía acredita que los jefes de ETA dieron «orden expresa» de matar a políticos del PP

Año 1995. La cúpula de ETA acordó poner en marcha una «estrategia de desestabilización» contra el Estado a través de «la socialización del sufrimiento». Uno de los medios escogidos por los jefes de la banda para lograr ese objetivo fue el dar «orden expresa» a sus comandos para que atentaran contra representantes políticos, «especialmente del PP». Así consta en la documentación recabada por la Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de Policía en un nuevo informe que ha sido aportado al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación sobre el asesinato del exconcejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa Urquiza.

«El Comité Ejecutivo (de ETA), a través del Aparato Militar, ordenó a sus comandos que tuvieran como objetivo prioritario atentar contra representantes políticos, especialmente del PP», indican los investigadores en las conclusiones del informe remitido al juez Francisco de Jorge y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Es la primera vez que la Policía Nacional concluye que la cúpula de ETA dio órdenes directas a sus comandos para asesinar a concejales entre 1995 y 2011. Y les proporcionó incluso los medios materiales para perpetrar sus crímenes.

En un extenso documento de casi 280 páginas, la CGI de la Policía Nacional sitúa el asesinato de Pedrosa Urquiza como parte de una «estrategia de desestabilización» y «socialización del sufrimiento» inaugurada con el asesinato del líder del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, en enero de 1995. Una campaña de atentados ejecutada por los comandos de ETA en diferentes puntos de España, pero que presuntamente fue planificada y ordenada por los nueve exjefes de ETA investigados ahora por el asesinato de Pedrosa Urquiza, según los investigadores. Pistoleros de la banda ejecutaron al exconcejal del PP en Durango (Vizcaya) con un tiro en la cabeza, a las puertas de su casa, el 4 de junio del año 2000. La Audiencia Nacional analiza ahora si procede llevar a juicio, como responsables de ese crimen, a los nueve históricos etarras que componían entonces la dirección de ETA, entre ellos Txapote e Iñaki de Rentería.

ETA mató a 15 políticos de PP y PSOE

El caso fue reabierto el pasado año, tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), para esclarecer la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en el asesinato de Pedrosa Urquiza por presuntos delitos de autoría mediata y acción por omisión. El de Pedrosa Urquiza es uno de los quince atentados mortales perpetrados desde 1995 contra políticos populares y del PSOE, cuya autoría intelectual la Policía Nacional atribuye ahora en su informe al Comité Ejecutivo de ETA. Conocido como la Zuba, en ese organismo se integraban los aparatos político, militar, internacional y de finanzas de la banda terrorista.

«Los miembros del Comité Ejecutivo tenían la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista. Es más, en el caso de pretender atentar contra objetivos especiales, la Dirección de ETA tenía que dar su autorización. En cuanto al asesinato de políticos/concejales del PP, existió orden expresa a una generalidad de comandos para que llevasen a cabo este tipo de acciones», indica la Comisaría General de Información en su informe.

Expulsiones forzadas del País Vasco

El documento policial fue encargado por la Audiencia Nacional en febrero del pasado año no solo para esclarecer la presunta responsabilidad de exjefes de ETA en el atentado que acabó con la vida del exconcejal del PP en Durango. Con su querella, DyJ pedía al juez abrir la que la primera investigación judicial en España por los desplazados internos provocados por ETA.

La asociación de víctimas presidida por Daniel Portero sostiene que el atentado contra Pedrosa Urquiza tenía un objetivo ejemplarizante, dada su «resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco, tras una larga campaña de coacciones y amenazas terroristas». Su asesinato, según DyJ, podría haber formado parte de una estrategia de la banda terrorista para «expulsar» del País Vasco a las fuerzas de seguridad del Estado y también a los representantes de partidos políticos y ciudadanos que no apoyaban los objetivos independentistas de la banda terrorista.

«En el marco de esa nueva estrategia, sería en el año 2000 cuando ETA cometió más atentados contra políticos, en su afán de formar al Gobierno (de José María Aznar) a una negociación. Se realizaron 15 atentados contra miembros de partidos políticos, a lo largo de toda la geografía española, que provocaron ocho muertos, cinco eran miembros del PP, todos ellos concejales, entre ellos el señor Pedrosa, cuyo asesinato es objeto del presente informe», señala la Comisaría General de Información en el nuevo informe entregado al juez De Jorge en la Audiencia Nacional.

Tres políticos del PSOE asesinados

Los otros tres políticos asesinados por ETA en el mismo periodo eran destacados miembros del PSOE: el exministro de Sanidad y Consumo Ernest Lluch; el vicelehendakari vasco Fernando Buesa; y el ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui. El efecto que buscaba la cúpula de ETA con esta estrategia para «la socialización del sufrimiento» acabaría consiguiendo «un efecto contrario al pretendido». «Sin duda, fue esta campaña de atentados contra la clase política, la que llevó a los partidos mayoritarios PP y PSOE a firmar en diciembre de ese mismo año el Acuerdo por la Libertades y contra el Terrorismo, conocido como el Pacto Antiterrorista», añade la Policía Nacional en el informe aportado en la causa sobre el asesinato de Pedrosa Urquiza.

Los investigadores basan su informen en la numerosa documentación interna de la banda armada que fue incautada en diferentes operaciones policiales desarrolladas en la época, así como de las declaraciones realizadas por etarras, resoluciones y sentencias judiciales e informes de inteligencia previos sobre otros crímenes perpetrados por ETA. Entre otros, los de los expolíticos del PSOE mencionados anteriormente, así como los de exconcejales y representantes del PP en el País Vasco y otras regiones de España. Entre otros, Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Alberto Jiménez Becerril.

De la ingente prueba analizada -especialmente de las declaraciones en sede judicial de distintos exintegrantes de los comandos Andalucía, Madrid y Vizcaya, entre otros-, la Comisaría General de Información concluye de forma rotunda de que el Comité Ejecutivo de la banda cambió sus objetivos militares desde 1995 para «socializar el sufrimiento» y lograr así la expulsión forzosa del País Vasco de aquellos partidos, personas y organismos que no compartían los objetivos de la banda terrorista.

«Tras la detención del Comité Ejecutivo en Bidart, en marzo de 1992, ETA realizó un debate interno que tuvo como resultado la aprobación en 1994 de nueva estrategia ofensiva dirigida a conseguir una confrontación mucho más intensa con el Estado, y a todos los niveles, que puede ser definida como ‘estrategia de desestabilización‘ en la que marcaba como objetivos directos de su actividad armada mortal los representante políticos por considerarlos ‘responsables de la opresión de Euskal Herria’, destacando a los miembros y líderes del Partido Popular», señala la Policía Nacional en una de sus principales conclusiones principales en el informe sobre el asesinato del concejal de Durango Pedrosa Urquiza.

Asesinato de Pedrosa Urquíza

Según el documento remitido por la Policía Nacional a la Audiencia Nacional, la cúpula de ETA dio orden expresa -a través de su aparato militar- de atentar contra políticos del PP y PSOE, proporcionando incluso los medios necesarios para lograr sus objetivos terroristas en varios casos y conseguir la «desestabilización del Estado». «El Comité Ejecutivo, a través del Aparato Militar, ordenó a sus comandos que tuvieran como objetivo prioritario atentar contra representantes políticos, especialmente del PP, como demuestran pruebas documentales y testificales relacionadas con varios de los comandos que actuaban en territorio nacional.

«Jesús María Pedrosa Urquiza devino en objetivo de la organización ETA en su totalidad, y no solamente del comando ejecutor, por ser miembro del Partido Popular para la consecución de la desestabilización del Estado», añaden los investigadores. El informe policial fue encargado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional para analizar el papel de los nueve exjefes de ETA contra los que DyJ dirigía su querella por el asesinato de Pedrosa Urquiza: Ignacio Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Javier García Gaztelu, alias Txapote; Juan Antonio Olarra Guridi, Jon; Ainhoa Múgica, Olatz; Asier Oyarzábal Txapartegui, Baltza; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Soledad Iparraguirre Guenechea, Anboto; Vicente Goicoechea Barandiaran, Willy; y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi.

En su querella, la asociación Dignidad y Justicia pedía investigar también las «expulsiones forzosas» del País Vaco que podrían haber afectado a entre 60.000 y 200.000 personas como consecuencia de la nueva estrategia de «socialización del sufrimiento» impuesta presuntamente por la cúpula de ETA desde el año 1995. La asociación que preside Daniel Portero ya había logrado la reapertura de media docena de causas en las que están imputados varios exjefes de ETA por su presunta responsabilidad como autores mediatos en varios atentados en los que solo han sido condenados los autores materiales pero nunca los intelectuales, como los del coche bomba de la T-4 de Madrid-Barajas, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco o el ataque contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), entre otros.