Baleares, País Vasco y Galicia son las regiones que más esfuerzo hacen por acoger a menores
Cataluña es la que más jóvenes acoge después de Canarias, pero no la que más atiende en función de la población
Los menores extranjeros que acoge actualmente cada comunidad autónoma. | Alejandra Svriz
Conocer la cifra de menores extranjeros no acompañados que acoge en sus sistemas cada comunidad autónoma no resulta sencillo. El Ministerio de Infancia y Juventud no dispone de un registro centralizado para consultar estos datos y, por tanto, solo las comunidades autónomas manejan las cifras actualizadas. En algunos casos, los gobiernos regionales son recelosos de facilitar sus cifras; en otros, las dan incompletas, es decir, sin revelar cuál es su capacidad máxima. Y todo ello mientras muchos se niegan a acoger a más niños y niñas inmigrantes porque sus sistemas están supuestamente saturados. Así, en plena ofensiva judicial del PP, el Gobierno llevará a cabo el reparto de 4.440 niños y niñas inmigrantes de Canarias y Ceuta entre el resto de regiones después de haber logrado el apoyo de Junts para convalidar la reforma de la ley de extranjería en el Congreso.
THE OBJECTIVE ha consultado a las 17 comunidades autónomas el número exacto de menores que acogen actualmente en sus centros de acogida, habida cuenta de que esas cifras se desconocen oficialmente y, según expone el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, serán claves para establecer las cuotas de reparto de adolescentes y de la financiación posterior. Todas han respondido, excepto la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que no ofrece datos de 2025, sino de años previos. Cabe recordar que los criterios que ha fijado Infancia y Juventud para el reparto son población (para el 50% del total de los menores); renta per cápita (13%); la tasa de paro (15%): el esfuerzo en la acogida (6%); la dispersión (2%); insularidad (2%); frontera exterior (2%) y el dimensionamiento de plazas (10%).
En función de estos parámetros, las últimas proyecciones del Ministerio sitúan a la Comunidad de Madrid como la que más jóvenes tendría que atender, con 806, y Cataluña, la que menos, con 27. El sistema ideado por el Ejecutivo beneficia a la región catalana, según explican fuentes ministeriales, porque es la que más esfuerzo ha hecho y hace ahora con la tutela de menores. Tiene 4.000 plazas habilitadas (el 25% del total) y acoge a 2.242 niños y niñas actualmente, según datos del Govern. En términos relativos, es la región que más menores acoge después de Canarias, sin embargo, pese a lo que apunta el Gobierno, no es la que más se esfuerza teniendo en cuenta el criterio de población, según la información recogida por este periódico. De hecho, no está ni entre las tres primeras regiones.
Melilla y Baleares, a la cabeza
La capacidad ideal de acogida del Ministerio de Juventud, que calcula en función de la población total de cada comunidad autónoma y el número de menores que acoge todo el sistema de protección, establece que el promedio deseable es que cada comunidad tenga una plaza de acogida por cada 2.250 habitantes. Sin embargo, son muy pocas las que se acercan a esa cifra. Dejando a un lado Canarias y Ceuta, beneficiadas por la ley al verse triplicada la capacidad de sus centros, la ciudad autónoma de Melilla es la que más esfuerzo asistencial realiza, con 200 menores acogidos, y 87.000 habitantes. Es decir, se hace cargo de un menor por cada 435 habitantes. Le sigue Baleares (634), que acoge un menor por cada 1.955; y el País Vasco, que atiende a un niño migrante por cada 2.635 habitantes.
A la cola se sitúa Cantabria, que solo acoge a 22 menores extranjeros, esto es, uno por cada 27.000 personas; La Rioja, con uno por cada 25.000 y Castilla-La Mancha, que acoge a 95 menores con una población de más de dos millones. En el ranking destaca también la posición de Andalucía, una de las regiones que menos se esfuerzan en la acogida, aunque con matices, según explican a THE OBJECTIVE fuentes de la Consejería de Inclusión de la Junta. Actualmente, atienden a 645 adolescentes migrantes —uno por cada 13.400 andaluces—. Sin embargo, según explican, tutelan también a otros 600 menores, que han llegado en el último año y medio, al tiempo que el Gobierno ha derivado a inmigrantes adultos desde Canarias a la comunidad autónoma para aliviar los centros de acogida isleños.
«En teoría, todos los que llegan a Andalucía son mayores de edad, pero después se descubre que muchos son menores. La Fiscalía entra de lleno y debemos ocuparnos también de ellos. Estos jóvenes no entran en el mismo grupo que los otros 645 que tutelamos y por los que tenemos los recursos saturados. Pero hemos tenido que hacer frente a ese gasto extra de acogida igualmente», explican. Algo similar ocurre también en la Región de Murcia. Cifran en 537 los menores que tutelaron a lo largo de 2024, pero no dan datos actualizados. No obstante, fuentes del Ejecutivo murciano insisten en que la comunidad autónoma alberga una instalación en la que se acoge a 1.000 inmigrantes desplazados desde Canarias «y después la cifra oscila porque muchos de los que vienen son menores».
El caso especial de Cataluña
En la primera parte de la tabla, a Melilla, Baleares y País Vasco, le sigue Galicia, que acoge a 832 adolescentes extranjeros no acompañados, esto es, un menor por cada 3.200 habitantes, en una instalaciones que, según fuentes autónomicas, están a un 104% de su capacidad (800 camas). En quinto lugar, está Cataluña, que acoge a 2.242 menores, esto es, uno por cada 3.600 catalanes. Según explica a este diario una portavoz de la Consellería de Derechos Sociales, el sistema está al 100%, pero «con el objetivo de garantizar la atención a todos los niños y niñas, este departamento ha puesto en marcha recursos y plazas para atender las llegadas según las necesidades.
En los últimos años, explican estas mismas fuentes, para hacer efectiva esa tutela el Govern ha creado y financiado «miles de plazas, pasando de unas 800 (2017) a cerca de 4.000 (2024)». «El Ejecutivo catalán tiene la convicción y la obligación de acogerlos y atenderlos», apuntan. Navarra, por otro lado, también es otra de las que más recursos destina en función de su población. En la actualidad, acoge a 163 menores extranjeros, lo que equivale a un menor por cada 4.100 habitantes. Además, explican a THE OBJECTIVE desde el Gobierno foral, su sistema incluye a otros 134 jóvenes, que tras cumplir la mayoría de edad siguen atendidos «en programas de autonomía» en los que pueden estar hasta los 21 años.
Valencia no da datos
Aragón, en la mitad de la clasificación, acoge a 197 menores no acompañados en 104 plazas, lo que supone un 189,42% de ocupación dentro del sistema de atención. Le sigue Madrid, con 937 jóvenes, en un sistema con más de 2.000 camas habilitadas. El Ejecutivo de Isabel García Ayuso insiste en el gran esfuerzo que hace desde hace años. En concreto, desde 2019, la Comunidad ha atendido a 10.618 menores migrantes no acompañados. Y en 2024, a 2.634, 200 más de de los que acogió Cataluña, insisten las mismas fuentes, aunque sin especificar durante qué periodos del año.
En Asturias, el siguiente en este ranking que mide el esfuerzo asistencial, los centros de acogida atienden a 101 menores, esto es, uno por cada 10.000 habitantes. Extremadura, con 97 jóvenes migrantes, se hace cargo de uno por cada 10.800 y, y Castilla León (200), que con un sistema «al límite de su capacidad», atiende a un menor migrante por cada 11.900 ciudadanos. Desde la Comunidad Valenciana, pese a ser la primera región gobernada por los populares que advirtió que no acogería a más niños inmigrantes «si no había capacidad», no facilitan datos sobre los primeros meses de 2025. Los más recientes son de finales de 2023, cuando acogía a 481 menores y «estaban al 160% de su capacidad», según advierten fuentes del Ejecutivo autonómico.
La «capacidad ordinaria» del Gobierno
Cabe destacar que con la nueva ley de extranjería el Ministerio de Infancia y Juventud podrá poner en tela de juicio la capacidad máxima de acogida que tienen las comunidades autónomas. Es decir, a las regiones no les valdrá con facilitar datos al Gobierno sobre la supuesta saturación de sus centros: tendrán que demostrarlo. El Ejecutivo solo los dará como buenos si cumplen con los parámetros que ha establecido para calcular lo que denomina como «capacidad ordinaria», es decir, el número de plazas ideal que debería tener cada comunidad autónoma en función de población y el número de migrantes jóvenes que deben derivarse. A partir de ese dato, el Gobierno ponderará para el reparto y también la financiación.
Si extrapolamos esto a un caso práctico, por ejemplo si la Comunidad de Madrid dice tener saturado su sistema con 2.000 plazas ocupadas, pero el cálculo del Gobierno considera que debe tener 2.500, el Gobierno autonómico deberá acoger a ese extra de inmigrantes, y el Estado no aportará ayuda financiera alguna porque considera que esa es la cuota que debe asumir la región. Sin embargo, si bajo ese parámetro en el reparto futuro de menores su cuota es de 800 jóvenes más por encima de esos 2.500, el Ministerio de Infancia sí que activaría su paquete de 100 millones para financiar la tutela de los adolescentes.
Desde el Partido Popular, las comunidades de Aragón, Andalucía, Galicia, Madrid y Cantabria han anunciado que recurrirán judicialmente la modificación de la ley a los tribunales. Consideran que los criterios de reparto son desiguales y responden a intereses partidistas y no a la correcta protección e integración del menor. El Gobierno señala que la puesta en marcha de la norma, pese a haberse publicado en el BOE, no será inmediata, habida cuenta de que aún quedan algunos aspectos técnicos por concretar. El decreto ley contempla un año de plazo para que se hagan efectivos los traslados de menores, un periodo con el que también contarán las comunidades autónomas para aumentar sus plazas de acogida, si no pueden asumir las cuotas asignadas por el Ministerio de Infancia.
