La UCO fichó como testigo protegido a un detective que espiaba a la Guardia Civil
Hacía contravigilancias por encargo de investigados en la trama Gaslow que sospechaban ser objeto de las pesquisas
Contravigilancias a la Guardia Civil, en el marco de la investigación a la trama Gaslow. | TO
El cazador, cazado. La Unidad Central Operativa (UCO) fichó como testigo protegido en una investigación de fraude del IVA de hidrocarburos a un detective que espiaba a la propia Guardia Civil por encargo de los investigados. Se trata del caso que afecta a la empresa Gaslow, una de las operadoras investigadas en la Audiencia Nacional. Según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, algunos de los ahora imputados contrataron entre 2020 y 2021 a varios profesionales de seguridad privada, entre ellos a J.E.I., para que realizasen contravigilancias tras sospechar que estaban siendo objeto de una investigación policial. El detective acabó siendo el principal informador de la unidad de élite.
Las imágenes que ilustran este artículo muestran algunas de las contravigilancias que el equipo de detectives efectuó sobre algunos investigados de la trama Gaslow con el objetivo de detectar a la Guardia Civil. Un cometido que lograron demostrar a partir de las matrículas de vehículos en distintas ocasiones. La UCO acabó descubriendo esas labores y logró que uno de los espías se convirtiese en la piedra angular de este caso, facilitando todo tipo de pruebas contra esta empresa de hidrocarburos, que estuvo dirigida en su última etapa por el socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas.
El juez Santiago Pedraz investiga a Rivas y a otros dirigentes de Gaslow por un supuesto fraude en el pago de impuestos que ascendería a 136 millones de euros. Los investigadores dividen la actividad de la operadora en tres periodos. En el primero, entre finales de 2018 y septiembre del año siguiente, la compañía estuvo dirigida por Javier García y sus socios. A continuación estuvo controlada por Antonio Rodríguez Estepa que, en junio de 2020, dejó la «dirección directa» en manos del socio de Aldama. Una época en la que Rivas se apoyó también en otros dos empresarios, Jesús de Gregorio y Emilio Carrillo, a quienes los investigadores vinculan con Los Miami, una potente organización criminal dedicada al narcotráfico.
El ‘chivatazo’ de un mando de la UCO
García y Rodríguez Estepa sabían que estaban siendo vigilados por agentes de la Guardia Civil. De hecho, el segundo remitió un escrito a la Audiencia Nacional en abril de 2021, tres meses antes de su detención, para advertir de que había detectado «un seguimiento personal por parte de personas desconocidas». El empresario colaboraba con diferentes causas y su intención era ofrecerse a dar detalles de alguna de ellas si era necesario.
La Audiencia Nacional también incluye en la lista de investigados a un ex mando de la UCO por facilitar información a los cabecillas de Gaslow. En concreto, por revelar supuestamente a algunos de los integrantes de la presunta organización criminal cuándo iba a explotar la operación y el momento en que serían detenidos, tras ser alertados por el citado agente, J. S. Y, que entonces era teniente y jefe del Grupo de Blanqueo de capitales de esta unidad de élite de la Guardia Civil.
Un informe de Asuntos Internos al que ha accedido este diario acredita la relación que el mando mantenía con distintos implicados, pero especialmente con dos de ellos, Javier García y Rodríguez Estepa, con los que, al parecer, compartía una relación de amistad desde hacía años. La Guardia Civil ha constatado que el teniente Juan S. Y. advirtió a ambos de su inminente detención. Además, colaboraba con el entramado criminal facilitando información sobre investigaciones policiales.
Unas gestiones por las que después recibía contraprestaciones en forma de dádivas y pagos dinerarios, algunas en criptomonedas. Fue el citado testigo protegido el que reveló el papel que supuestamente jugaba J.S.Y. en la organización criminal. También que fue él quien avisó a tres miembros de la operadora de hidrocarburos de que iban a ser detenidos; todos ellos fueron arrestados el 20 de julio de 2021. Un día antes, el capitán de la UCO recibió un mensaje del responsable de la investigación avisándole de que «mañana le damos a tu conocido y a todos los de Gaslow».
En una fiesta de cumpleaños
Los investigadores, sin embargo, sitúan el chivatazo el 10 de julio, cuando Antonio Rodríguez Estepa invitó al mando a una fiesta de cumpleaños. Tres días antes, Javier García indicó a sus socios de Gaslow en un chat de WhatsApp que «este pollo dice que ve cosas muy raras y que entre el lunes y el miércoles me llevan puesto». Los investigadores señalan que las detenciones estaban planificadas en esa fecha y que el dato «solo lo conocía un reducido número de personas», entre las que se encontraba el mando investigado.
La defensa del ahora capitán de la Guardia Civil niega su implicación en la trama y ha presentado pruebas ante el juez que sitúan a su cliente durante ese evento (y otros que citan las pesquisas) en otra ubicación distinta por la señal de su teléfono móvil. Estas mismas fuentes insisten, además, en que varios de los empresarios investigados en Gaslow eran fuentes de la UCO, cuando él era responsable en esta unidad, por lo que no es extraño que se produzcan comunicaciones entre ambas partes para el intercambio de información.
El caso Gaslow es previo a que estallara la trama de Villafuel, por la que Rivas y Aldama pasaron unas semanas en prisión provisional. Los investigadores sostienen que la primera sirvió como germen, ya que ambos empresarios habían comenzado a poner en pie una nueva estructura disponiendo de Have Got Time como suministradora y de Combustibles Lucinala y Villafuel como comercializadoras. El comisionista habría tirado de sus contactos políticos para conseguir que esta última lograra una licencia con «un claro propósito instrumental».
La estrategia diseñada por Rivas, y en la que habría participado Aldama, partió de la firma de un contrato con la operadora el 21 de mayo de 2021. Have Got Time, administrada por Leonor González, hija de Carmen Pano (la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE por indicación del comisionista), comenzó a operar en el sector y a generar «miles de euros en fraude de IVA». A través de esa empresa se realizó la compra de un chalé en la costa gaditana que habría disfrutado el exministro José Luis Ábalos.
