La multa a España por vetar una mina de uranio equivale al coste de 14 años comprándolo fuera
La empresa australiana a la que se le impide explotar una mina pide 1.000 millones de dólares al Gobierno
Central nuclear de Almaraz.
España sí tiene uranio. No es ningún secreto, a pesar de que Pedro Sánchez repita estos días que no hay reservas de este mineral radiactivo para sostener la producción de las centrales nucleares. La mayor reserva está localizada en Salamanca y estuvo a punto de ser explotada por la empresa minera australiana Berkeley a la que, por presiones de grupos ecologistas y de los socios del Ejecutivo, se le cerró definitivamente la puerta en 2021. El caso ya está en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje que inició la causa el pasado mes de marzo. La decisión del tribunal, dirigido por una abogada chilena, podría suponer un agujero de alrededor de 900 millones de euros en las arcas públicas si se determina que España debe indemnizar a la empresa minera por el veto. La mina suministraría uranio «a bajo coste» para mantener durante décadas las centrales nucleares españolas. Mientras, España continúa importando uranio procedente de Rusia a través de terceros países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
El Gobierno, en boca de su presidente, ha vuelto a insistir en el Congreso de los Diputados en que España «no tiene uranio». Lo mismo que repitió tras el apagón la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para restar importancia a las nucleares como elemento de estabilización de la red eléctrica. Pero no es cierto. España sí tiene uranio, y suficiente como para hacer funcionar sus centrales durante más de dos décadas. Hay más de 25.000 toneladas enterradas en Retortillo (Salamanca).
La reserva es propiedad de la filial española de Berkeley, una firma australiana que lleva casi dos décadas trabajando en el proyecto de una mina a cielo abierto. El plan empresarial permitiría extraer mineral en un periodo de 18 meses. Desde su aterrizaje en Salamanca, la empresa minera se enfrentó a la oposición de grupos ecologistas y a la plataforma Stop Uranio, pero siguió adelante. A partir de 2020, los aires cambiaron en el Gobierno con las presiones de sus socios de Podemos.
Todo culminó con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, en la que se prohibía «la investigación y el aprovechamiento de minerales radioactivos cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional». Y se le daba la puntilla al proyecto al incluir la frase «se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radioactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales».
La empresa, con todos los documentos en regla y tan sólo esperando el permiso final, decidió pleitear. En 2024 elevó la causa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje con sedes en Washington y París en el que España ya ha sufrido algunos reveses en el pasado. La compañía reclama una indemnización de 1.000 millones de dólares -unos 900 millones de euros- al Gobierno de España por una decisión que considera incompatible con varios artículos del Tratado sobre la Carta de la Energía que la UE suscribió en 1998 y que abandonó el pasado año.
Según informó Berkeley a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la decisión de acudir al arbitraje internacional se produjo después de que el Gobierno no haya entablado ninguna negociación relacionada con la disputa, por lo que la empresa decidió tomar medidas para «hacer valer sus derechos en Salamanca».
El pasado mes de marzo se abrió oficialmente el caso en el tribunal de arbitraje con el nombramiento -por acuerdo entre las partes- de la abogada italochilena Sabina Sacco como presidenta de la mesa de negociación. Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE próximas a este litigio, los antecedentes en casos similares no son nada halagüeños para el Gobierno.
Uranio para 14 años
Los 900 millones que España podría tener que pagar supondrían un varapalo económico para las arcas públicas. Con esa cantidad, España podría asumir la compra de las más de 1.200 toneladas de uranio que consumen anualmente las centrales nucleares nacionales durante al menos 14 años. El coste actual medio del kilogramo de uranio ronda los 50 dólares, por lo que el gasto anual -con los precios de mercado en este mes de mayo de 2025- alcanzaría los 63 millones de euros.
La compañía minera señala que la proyección sobre la extracción mostraba que podría convertirse en una de las explotaciones de uranio con costes más bajos de todo el planeta. Con las 2.000 toneladas de uranio previstas al año se cubriría el 15% del consumo de las centrales nucleares de toda la Unión Europea.