La Fiscalía evita pedir penas de prisión para los 'exconsellers' que negaron vacunas a policías
El fiscal les acusa de prevaricación, pero pide el sobreseimiento del delito contra los derechos de los trabajadores
La exconsejera Alba Vergès, acusada de prevaricación. | EP
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha evitado pedir penas de prisión para los exconsellers de Salud Alba Vergés y Josep María Argimon y otros dos ex altos cargos del departamento por «paralizar» la vacunación contra la covid de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña en marzo de 2021. El Ministerio Público acusa a los citados responsables de un delito de prevaricación, que solo conlleva penas de inhabilitación, mientras que los sindicatos policiales piden hasta tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores. Cabe destacar que el juez instructor procesó a los cuatro dirigentes de Salud por ambos delitos tras haber puesto en «grave riesgo la salud e incluso la vida de miles de funcionarios de Policía», según señaló el titular del Juzgado número 17 de Barcelona en el auto de transformación.
Para el fiscal, sin embargo, no hay motivos suficientes para acusar a los cargos políticos del delito contra los trabajadores. Por ello pide 12 años de inhabilitación para la exconsejera de Salud Alva Vergés; el entonces exsecretario de Salud Pública Josep María Argimon Pallás; el exdirector del Servicio de Salud de Cataluña Adrià Comella Carnicer; y el ex director general de Coordinación Interdepartamental Marc Ramentol Sintas, por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa. Tampoco ve indicios para imputar —de ambos delitos— al exdirector de servicios de Salud Francesc Xavier Rodríguez, para el que pide el sobreseimiento provisional en la causa.
«Todos ellos —a excepción de este último cargo— decidieron de forma conjunta paralizar el programa de vacunación acordado entre los responsables del Departamento de Salud y los de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña», según reza el escrito de acusación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
En un principio, según relata la Fiscalía, la vacunación de los agentes estaba prevista para el 15 de marzo, pero ese día el Consejo Interterritorial de Salud, integrado por representantes de las comunidades autónomas y el Ministerio, decidió suspenderla tras detectar casos de trombosis con las dosis de AstraZeneca. Una semana después, no obstante, el proceso se retomó. Es más, se amplió, habida cuenta de que la vacuna de AstraZeneca, además de a las personas de entre 18 y 55 años, también se podía administrar a la franja de entre 60 y 65 años. El Govern de Cataluña, sin embargo, se negó a vacunar a los funcionarios de Policía y Guardia Civil.
«Discriminaron a los policías con las vacunas»
Los acusados decidieron, señala el representante del Ministerio Público, «todos ellos de mutuo acuerdo, a pesar de ser conocedores de que, a dicha fecha, todavía estaban, sin vacunar apenas, los policías estatales —en la Guardia Civil eran el 2,8% y en la Policía nacional, el 3,6% (mientras que en el cuerpo de Mossos d’Esquadra era del 77%, de la guardia urbana de Barcelona, 77,9%, resto de policías locales; el 68,9% y bomberos de Barcelona, el 66,9%)— que se priorizaría, desde entonces, la vacunación a las personas de entre 60 y 65 años, en detrimento de dichos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en ese margen».
De este modo, los cuatro responsables del departamento de Salud «eran plenamente conscientes de que con tal decisión se estaba discriminando a los policías de los cuerpos policiales estatales, que se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales o autonómicos, ya estaban protegidos», explica el fiscal. Además, apunta que «en ejecución del plan de vacunación que se había acordado el día 4 de marzo, justamente el día anterior al citado 15 de marzo, en que estaba preparada la vacunación masiva de parte de dichos agentes en el Aeropuerto de Barcelona, se comunicó a sus responsables que el plan de vacunación quedaba paralizado hasta que se dispusiera de suficientes vacunas».
Los sindicatos celebran el avance judicial
En un comunicado, Jupol, uno de los sindicatos que presentó la demanda instando a la nulidad de la decisión tomada por la Generalitat por ser discriminatoria y anticonstitucional, «celebra el avance en el proceso judicial». El portavoz nacional de la organización, Ibón Domínguez, ha señalado que «la imputación de estos altos cargos no hace más que confirmar la denuncia que impulsó el sindicato. Se trató de una discriminación real, deliberada y gravísima por parte de las instituciones catalanas contra los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
«Este caso evidencia el odio institucional que desde hace años se profesa desde la Generalitat hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es intolerable que en una crisis sanitaria se utilice la ideología para discriminar a quienes velan por la seguridad de todos los ciudadanos, también en Cataluña», insiste el sindicato policial.