España expulsa hoy un 40% menos de inmigrantes que en 2016

España expulsa cada vez a menos inmigrantes mientras las llegadas ilegales marcan récords históricos. En 2024, un total de 63.970 extranjeros accedieron al país de forma irregular por vía marítima y terrestre, lo que representa un incremento del 12,5% respecto a 2023, cuando se contabilizaron 56.852 entradas a Canarias, Baleares y la Península. En contraste, el número de expulsiones ejecutadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por “actividades contra la seguridad nacional” fue de 3.031.

Según datos del Ministerio del Interior, en respuesta a una solicitud del Portal de Transparencia y a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, son 59 deportaciones menos que el año anterior, cuando se registraron 3.090. La tendencia, pese a pequeñas subidas puntuales, refleja un declive constante desde 2016, año en el que se produjeron 5.051 deportaciones por motivos de seguridad. Desde entonces, el número de expulsiones ha caído un 40%.

La comparación con etapas anteriores acentúa esta evolución. Durante los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), fueron expulsados más de 81.000 inmigrantes en situación irregular. Posteriormente, en los siete años de Mariano Rajoy (2011-2018), fueron deportados alrededor de 47.000 por la misma vía. En cambio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acumula hasta ahora unas 15.000 expulsiones, unos 65.000 menos que los registrados en el mandato de su compañero socialista, según los datos oficiales facilitados a través de Transparencia.

Los principales motivos que justifican una orden de expulsión están recogidos en la Ley de Extranjería. En el 70% de los casos, se debe a la permanencia en España sin autorización de residencia, recogido en el artículo 53.1. En torno al 18% de las expulsiones están relacionadas con condenas penales o cumplimiento de penas de cárcel, contempladas en el artículo 57.2 de la misma norma.

El descenso de las expulsiones en los últimos años también guarda relación con el parón registrado durante la pandemia, así como con el uso más frecuente de las llamadas devoluciones en caliente. Este procedimiento, aplicado en frontera, permite el retorno inmediato sin que los inmigrantes accedan a un expediente individualizado ni tengan derecho a interponer recurso judicial.

Las vías legales de expulsión

Las expulsiones de extranjeros en España se ejecutan principalmente bajo el marco de la Ley Orgánica de Extranjería y del Código Penal, según el perfil legal y la situación administrativa del afectado. Cuando se trata de inmigrantes con residencia legal pero que han sido condenados por delitos a penas superiores a un año, puede aplicarse el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería. Esta vía permite expulsar a personas con papeles en regla por motivos de seguridad pública.

En los casos en que el ciudadano extranjero no cuenta con autorización de residencia, se abre un procedimiento sancionador que puede ser ordinario o preferente, también amparado por la Ley de Extranjería. Estos expedientes son tramitados por la Policía Nacional y deben contar con las debidas garantías jurídicas, ya que el afectado tiene derecho a recurrir la orden de expulsión. La decisión final, en caso de impugnación, la toma un juez.

Si la expulsión no puede materializarse en el plazo de 72 horas tras la detención, la Policía puede solicitar al juez el internamiento del extranjero en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) por el tiempo imprescindible para ejecutar el retorno. El periodo máximo de internamiento es de 60 días, y solo puede aplicarse una vez por expediente, según establece la ley.

Además, existe una vía penal contemplada en el artículo 89 del Código Penal, que permite sustituir la condena de prisión por una expulsión directa al país de origen, siempre que la pena impuesta sea superior a un año. Esta alternativa también contempla garantías adicionales: si el extranjero lleva más de diez años residiendo legalmente en España, la condena mínima para activar esta medida se eleva a cinco años y debe valorarse el riesgo de reincidencia antes de acordar la expulsión.

Récord histórico de llegadas irregulares

De los casi 64.000 inmigrantes que accedieron de forma irregular a España, 46.843 desembarcaron en las Islas Canarias, según el balance anual de Interior. La cifra nacional queda apenas por debajo del récord histórico de 2018, cuando se alcanzaron 64.298 llegadas, lo que convierte a 2024 en el segundo año con más entradas irregulares desde que hay datos comparables.

El archipiélago canario fue el principal punto de entrada, con un incremento del 17,4% respecto a 2023 (cuando llegaron 39.910 personas) y muy por encima de los datos de la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando se contabilizaron 31.678 arribos. En total, los inmigrantes llegaron a las islas en 692 embarcaciones, un 13,4% más que las 610 de 2023.

El grueso de las entradas se produjo por vía marítima, con 61.323 inmigrantes, lo que representa un 10,3% más que el año anterior. Estas personas llegaron a bordo de 1.807 embarcaciones, apenas diez menos que en 2023. En cambio, la ruta hacia la Península y Baleares registró un ligero descenso. En 2024 llegaron por mar 14.431 personas, un 6,5% menos que en 2023, cuando se contabilizaron 15.435. También disminuyó el número de embarcaciones utilizadas: 1.100 frente a 1.160, lo que supone una caída del 5,2%.

Por vía terrestre, el año cerró con un repunte significativo. Un total de 2.647 personas accedieron de forma irregular a través de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Ceuta, se registró un incremento del 137% respecto a 2023, con 2.531 entradas. En cambio, Melilla experimentó un descenso del 30,1%, con solo 116 llegadas en todo el año.