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España

Guardias civiles denuncian la «desarticulación» del Seprona en plena oleada de incendios

Las asociaciones critican las cesiones a Cataluña y la desaparición de unidades en las zonas rurales por culpa de Interior

Guardias civiles denuncian la «desarticulación» del Seprona en plena oleada de incendios

Bomberos trabajan para sofocar las llamas de un incendio.

Los incendios forestales que asolan el noroeste del país desde hace varias semanas han puesto de manifiesto la falta de medios que existe en España para extinguir el fuego, y las pésimas condiciones en las que trabajan muchos de los profesionales que hay sobre el terreno. Aun así, bomberos, brigadistas, personal de protección civil, pilotos… y un sinfín de trabajadores han llevado al límite su esfuerzo para luchar contra las llamas y ayudar a quienes se han visto afectados. En el caso de las fuerzas de seguridad ha ocurrido algo similar. Los agentes han investigado y detenido en tiempo récord a más de un centenar de personas relacionadas con los incendios, en un momento en que algunas de las unidades especializadas, como el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, vive sus horas más bajas.

Hasta ahora, la Policía Nacional ha detenido a nueve personas, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 24 personas e investiga a otras 85 por su relación con el origen de los incendios que se han registrado desde el pasado 1 de junio, y que han arrasado más de 344.000 hectáreas. Un informe interno del Seprona revela que la mitad de los detenidos (12) habrían provocado intencionadamente los fuegos, según las primeras pesquisas. Un «trabajo espectacular» por parte del instituto armado y, sobre todo, del Seprona, «cuando Interior lleva años desarticulándolo por culpa de la cesión de competencias a las autonomías», según denuncian distintas fuentes de la Guardia Civil, en conversación con THE OBJECTIVE

Cesiones a comunidades autónomas

El caso más reciente es Cataluña, donde las competencias que tiene la Guardia Civil para dirigir investigaciones sobre delitos medioambientales tienen los días contados, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya pactado transferirlas a la Generalitat, en una enésima cesión ante sus socios independentistas. Las funciones de los agentes serán asumidas por los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales. Una decisión que puso en contra del Govern incluso a 17 alcaldes indepes, que escribieron una carta a la directora del instituto armado, Mercedes González, para que frenase, sin éxito, el asunto. El delegado del Gobierno confirmó el inminente fin del Seprona en Cataluña a distintos mandos policiales en una reunión el pasado mes de mayo, según publicó El Confidencial

En unos casos se debe a un acuerdo político. Y en otros, como viene ocurriendo en los últimos años en decenas de provincias, el Seprona ha desaparecido como consecuencia del abandono de las zonas rurales por parte del Gobierno y el cierre de cuarteles y puestos de la Guardia Civil. «El último ejemplo de este abandono paulatino del mundo rural por la Administración es la reorganización, repliegue o extinción del Seprona, que ha dejado sin estos agentes a numerosos municipios, lo que ha aumentado la inseguridad en el medio rural», denuncian desde la Asociación Profesional de Cabos (APC) de la Guardia Civil

«Es necesario ampliar y potenciar las unidades del Seprona, sin repliegues ni lavados de cara, y dotarla de material adecuado para que podamos seguir disfrutando de la naturaleza y el campo», insisten. Según destacan desde APC, el Seprona «es la primera policía medioambiental de Europa, con reconocido prestigio internacional y sobre todo reconocimiento ciudadano» y, por este motivo, es «fundamental» tanto en el organigrama de la Guardia Civil como en cada uno de los territorios en el que está desplegada.

Plantillas del Seprona «desbordadas»

Desde Jucil, la asociación mayoritaria del cuerpo, denuncian que la falta de efectivos y de medios del Seprona y de Policía Judicial para investigar delitos ecológicos se ha convertido en «una crisis estructural que, año tras año, empeora drásticamente, especialmente ahora ante la actual ola de incendios forestales que arrasa el país». Una demanda que, advierten, el Ministerio del Interior ha ignorado «reiteradamente». «Las plantillas del Seprona están desbordadas, envejecidas y son insuficientes para cubrir dignamente la extensa geografía nacional y la creciente complejidad de los delitos medioambiantales», critica Jucil. 

Este escenario, a juicio de esta asociación, ha traído consecuencias alarmantes: más «inoperatividad, riesgo e impunidad». La escasez de agentes, argumentan, dificulta «seriamente» las investigaciones necesarias para identificar y detener a los responsables; impide una vigilancia, erizar y compromete la recogida de pruebas, dejando a muchos culpables sin castigo. Además, advierte Jucil, en los últimos años, el Seprona ha duplicado sus actuaciones penales, pasando de 3.818 en 2019 a 6.532 en 2023. Y del mismo modo, en los incendios forestales, con 455 actuaciones y 344 personas detenidas. 

Unos datos que evidencian que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil opera al límite. «Sus cifras récord no pueden ocultar la carencia estructural de efectivos y recursos que pensiona la calidad de la protección ambiental», critican fuentes de esta asociación. Desde el Ministerio del Interior, las fuentes consultadas apuntan que la plantilla del esta unidad especializada ha aumentado un 6,87% hasta los 1.632 efectivos en 2025, frente a los 1.527 que había en 2018. 




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