En qué consiste la Ley de Movilidad Sostenible que acaba de ser aprobada en el Congreso
Las nuevas medidas incluyen planes de movilidad, nuevas etiquetas ambientales y límites a los vuelos cortos
Un ciudadano madrileño hace uso del servicio municipal de alquiler de bicicletas, bicimad. | Ricardo Rubio (Europa Press)
Este miércoles 8 de octubre, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, un texto que redefine la regulación del transporte en España con el objetivo de reducir emisiones y adaptar las infraestructuras a los compromisos climáticos europeos. La norma introduce obligaciones para empresas, modifica el sistema de etiquetas ambientales de la DGT, impulsa el uso del ferrocarril frente al avión y establece financiación estatal estable para el transporte público urbano.
El texto ha salido adelante tras un acuerdo de última hora entre el PSOE, Sumar y Podemos, que finalmente se ha abstenido en la votación. La negociación, que se prolongó durante días, ha permitido desbloquear la norma y asegurar su aprobación con el respaldo de la mayoría de investidura. Con este resultado, el Gobierno cumple uno de los compromisos exigidos por Bruselas para acceder a unos 10.000 millones de euros en fondos europeos vinculados a la transición ecológica.
Obligaciones para empresas y conductores
La ley obliga a todas las empresas con más de 200 empleados a aprobar planes de movilidad sostenible en un plazo máximo de dos años. Estos planes deberán incluir medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público, promover el coche compartido y facilitar el uso de vehículos eléctricos. También deberán contemplar fórmulas de teletrabajo y horarios flexibles para reducir los desplazamientos en hora punta. El texto inicial fijaba este umbral en 500 empleados, pero se rebajó durante la tramitación para ampliar su alcance.
El Gobierno deberá además revisar el sistema de distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico. En el plazo de un año, presentará un estudio técnico que reforme las etiquetas (ZERO, ECO, C, B) incorporando las emisiones reales de CO2 como criterio adicional. El objetivo es que las etiquetas reflejen con mayor precisión el impacto ambiental de cada vehículo. Esta revisión podría afectar al acceso a las zonas de bajas emisiones de muchas ciudades, que dependen de esos distintivos para restringir la circulación.
La norma también impulsa la electrificación del parque automovilístico. Las estaciones de servicio con mayor volumen de ventas deberán instalar puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos antes de 2025. Además, el Ministerio de Transportes publicará un mapa con la localización de todas las infraestructuras públicas de recarga y colocará señalización específica en la red de carreteras indicando las estaciones más cercanas.
Menos vuelos, más trenes
Uno de los apartados más destacados del texto es el que plantea la reducción de los vuelos domésticos cuando exista una alternativa ferroviaria con una duración inferior a dos horas y media. La medida no se aplicará a los trayectos que conecten con aeropuertos de vuelos internacionales. El Ministerio de Transportes deberá elaborar en los próximos seis meses un estudio de impacto que determine cómo y cuándo podría aplicarse esta reducción.
La ley también encarga otro estudio para evaluar la viabilidad de recuperar los trenes nocturnos internacionales, suprimidos en 2020 durante la pandemia. El objetivo es analizar si pueden reimplantarse rutas viables en términos ambientales, sociales y económicos. En paralelo, se prevé completar la electrificación de la red ferroviaria, desarrollar «autopistas ferroviarias» para transportar mercancías y aplicar bonificaciones en los cánones de uso a las empresas que opten por el tren frente a la carretera.
En el ámbito urbano, la norma establece por primera vez un marco de financiación estatal estable para el transporte público municipal, que hasta ahora dependía de transferencias puntuales. Además, se rediseña el mapa de concesiones de autobuses interurbanos, garantizando que ninguna localidad pierda las paradas que tiene actualmente. Si una comunidad autónoma no puede asumir un servicio, el Gobierno central lo mantendrá mediante financiación propia.
Bicicletas, coordinación y disputa política
La ley impulsa también el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Todas las administraciones deberán promover su utilización y mejorar las infraestructuras ciclistas, incluyendo aparcamientos y carriles específicos. También se fomenta la intermodalidad, para que las bicicletas puedan combinarse con otros modos de transporte. Además, se reconocen nuevas formas de movilidad como el transporte bajo demanda, el coche compartido o los vehículos autónomos, que contarán con un marco experimental supervisado por el Estado.
Para coordinar estas políticas, se crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, un órgano de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Este sistema elaborará un Documento de Orientaciones (DOMOS) que servirá como hoja de ruta común en materia de transporte y movilidad.
El cambio de postura de Podemos, que decidió abstenerse tras negociar con el Ministerio de Transportes la inclusión de garantías medioambientales adicionales, ha sido determinante para desbloquear el texto. La formación había advertido que votaría en contra si el Ejecutivo mantenía las ampliaciones del puerto de Valencia y del aeropuerto de Barcelona, que considera incompatibles con los objetivos climáticos del Gobierno. Finalmente, la abstención ha permitido que la ley saliera adelante sin modificar esos proyectos, aunque el Ministerio se ha comprometido a revisar su impacto ambiental.
A favor han votado PSOE, Sumar y los grupos nacionalistas e independentistas que sustentan la mayoría parlamentaria. En contra se han situado PP y Vox. La norma ha recibido además el apoyo público de quince organizaciones ecologistas y sindicales, entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción, UGT y CCOO, que la califican como una herramienta para avanzar hacia un sistema de transporte multimodal y con menores emisiones.
Entre los críticos, algunos sectores empresariales y expertos en infraestructuras advierten de que el efecto de la ley dependerá de su desarrollo reglamentario y de la inversión pública que lo acompañe. Las medidas sobre el coche eléctrico, los vuelos o los planes de movilidad empresarial requerirán coordinación y recursos adicionales. La Ley de Movilidad Sostenible entra así en su fase de desarrollo, a la espera de su paso por el Senado y de la aprobación de los reglamentos que determinarán su aplicación práctica en los próximos meses.